La Comisión Bicameral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes removió ayer a Marisa Graham, la titular de la Defensoría, así como al Defensor Adjunto, Juan Facundo Hernández. El mandato de ambos había vencido el 28 de febrero último y había sido prorrogado por la funcionaria mediante la modificación del reglamento interno.

En la sesión de ayer, la Bicameral dejó sin efecto la Resolución 1/2025 de la Defensoría, que al modificar el reglamento había extendido la vigencia de los mandatos hasta que se designara un sucesor. Con esto, el organismo creado para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes argentinos se encuentra temporariamente acéfalo hasta tanto asuman las nuevas autoridades. Sin embargo, el proceso para esa designación recién comienza y puede extenderse en el tiempo.

Según establece la ley 26.601, de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el titular de la Defensoría es designado por una Comisión Bicameral mediante un concurso de antecedentes y una serie de pasos que incluye, entre otros puntos, un examen escrito y la presentación de un plan de trabajo que luego debe ser defendido en forma oral.

Ayer, en la misma sesión, los legisladores anunciaron el llamado a concurso para el próximo 16 de junio. En el caso de Graham y Hernández, todo el proceso demoró dos años. “Aún no queda claro quién llevará adelante las causas judiciales en curso hasta que se designe un sucesor. El resto, lo administrativo, está bastante resuelto”, dijo Graham, en diálogo con LA NACION.

Abogada de formación, Graham dijo haber estado al tanto del temario de la sesión de ayer. “Sabía que se iba a hablar del concurso para mi sucesor, que era lo que reclamábamos. Nosotros lo veníamos pidiendo. Si bien podíamos aspirar a la renovación del mandato por un período más, yo había declinado esa posibilidad por motivos personales”, explica. Graham también estaba al tanto de que se iba a discutir la validez del nuevo reglamento. “Pero no esperábamos su impugnación”, reconoce.

En este contexto, la ahora exfuncionaria celebra el anuncio del concurso para el 16 de junio. “Eso nos deja más tranquilos. Mi gran temor es la llegada de una intervención liquidadora. Es también el gran temor de los 180 trabajadores de la defensoría, que integran equipos expertos en niñez y adolescencia como no existe en todo el país”, agrega Graham.

Si bien la ley 26.601, que crea la figura del defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes data de 2005, el organismo recién comenzó a funcionar en 2020, con Graham a la cabeza. La legislación también estipula la presentación de un informe anual ante el Congreso, representado por la Comisión Bicameral.

Según consta en su sitio oficial, el órgano nunca se conformó a lo largo de 2024. El 6 de marzo de este año se dio por conformado y se designaron a los 10 miembros representantes de ambas cámaras que lo conforman, con la diputada radical Natalia Sarapura a la cabeza.

“Nos dolió bastante la displiscencia con la que se habló de nuestro trabajo en la sesión de ayer. Se dice que intervenimos en cinco o seis amparos... Solamente el amparo judicial por las vulneraciones a los niños wichis que estamos llevando adelante impacta en la vida de 650.000 chicos”, afirma Graham.

Según se desprende del último informe anual, la Defensoría interviene actualmente en causas judiciales para garantizar el suministro de medicamentos que se vio interrumpido por el cierre o la modificación de algunos programas estatales, como el que involucra a las enfermedades poco frecuentes. “También tenemos causas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también ante el Comité de los Derechos del Niño”, dice.

Hace poco más de un mes, en una entrevista con La Nación, la exfuncionaria había alertado que el acceso a derechos durante la infancia estaba en retroceso y, entre otros puntos, se había manifestado en contra de la baja de la edad de imputabilidad.

“Hay menos presupuesto dedicado a la infancia. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia se redujo a una subsecretaría; la de Políticas Familiares, creo yo, quedó solo con dos programas, te diría, importantes. Los demás han sido descentralizados”, expresó en aquella oportunidad.