El fiscal federal Carlos Stornelli decidió avanzar con una investigación penal sobre la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad, que alega una supuesta operación de inteligencia ilegal contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, mediante la difusión de audios privados. Sin embargo, aseguró que no invadirá ni allanará ni las fuentes ni los domicilios de los periodistas involucrados, sin orden judicial válida. La denuncia fue elevada al fiscal por el juez federal Julián Ercolini, que deberá decidir si corresponde avanzar con la causa.
Frente a medidas de prueba pedidas por el Ministerio de Seguridad, que buscaban allanar las oficinas del canal que difundió los audios y los domicilios personales de los periodistas, el fiscal fue tajante: “Ningún domicilio será allanado sin orden fundada de juez competente”, y subrayó el mandato constitucional que protege la inviolabilidad de las fuentes, aclarando que “no se podrá hurgar en las fuentes de algún periodista por mandato constitucional, sin perjuicio de que voluntariamente alguno quiera aportar datos”.
El Gobierno había denunciado ayer ante la Justicia Federal una “operación de inteligencia ilegal” a raíz de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, en tanto un juez del fuero Civil y Comercial había ordenado el “cese inmediato” de la difusión de ese material. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó en su cuenta de X que el Gobierno “denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”, publicó elDiarioAR.
En su dictamen, Stornelli avaló implícitamente la hipótesis del Gobierno sobre cómo se produjeron las grabaciones a Karina Milei. “Estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación, lo que así postulo”, escribió el fiscal, que agregó: “No puede descartarse si no más bien presumirse la ilegitimidad de los audios quizás ardidosamente y de manera equivoca puestos por algunos actores dolosamente a consideración de la opinión pública”.
La demanda fue impulsada por la ministra Patricia Bullrich, quien denunció la filtración y difusión de grabaciones atribuidas a Karina Milei como un ataque político y una violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Entre las medidas solicitadas figuraron censura preventiva (“bozal legal”) y allanamientos urgentes.
El Gobierno consiguió el amparo de un juez para evitar que se difundan los audios, pero dicha medida abarca a supuestos audios grabados en la Casa Rosada. La medida chocaría con lo que trascendió esta mañana: de que las grabaciones se habrían producido en el despacho del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Tanto Menem como Karina están involucrados en la causa de las supuestas coimas que reveló en otros audios el ex titular de la agencia de discapacidad Diego Spagnuolo.
La situación ya generó críticas por parte de constitucionalistas de renombre y organismos como ADEPA, que emitió un comunicado advirtiendo que la prohibición preventiva de difundir audios “limita de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”, y recordando que estas medidas afectan el derecho ciudadano a informarse, conforme al artículo 14 de la Constitución Nacional.
