Imagen de archivo del 9 de abril de 1987, cuando el Papa Juan Pablo II estuvo en Paraná.
Sergio Rubin
La advertencia sonó potente en la majestuosa Biblioteca Vaticana: “La corrupción y la impunidad corren el riesgo de generalizarse en la Argentina”, afirmó el papa Juan Pablo II.
Lo escuchaban con suma atención un grupo de obispos argentinos que estaban finalizando la tradicional visita “ad limina apostolorum” (a los umbrales de los apóstoles) que todos los prelados del mundo deben realizar cada cinco años al pontífice y que incluye intercambios informativos con organismos de la curia romana.
Ocurrió en los últimos años del gobierno de Carlos Menem, que por entonces acumulaba unos cuantos escándalos económicos y la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero que dejó un saldo de siete muertos y cientos de heridos, y que ocurrió para ocultar las pruebas de la venta de armas a Croacia y Ecuador.
Por aquel luctuoso episodio, el expresidente fue condenado a siete años de prisión, pero no fue a la cárcel porque cuando se dictó la sentencia era senador y tenía fueros.
En aquel momento, el gobierno trató de sacar provecho de su férreo alineamiento en los foros internacionales con la Santa Sede en la oposición al aborto y de sus estrechos vínculos con ciertos funcionarios vaticanos.
Por lo tanto, presionó a la Secretaría de Estado del Vaticano para que se le bajara el tono a la advertencia del Papa polaco, cosa que logró, lo que provocó la indignación del entonces hombre fuerte de la Iglesia argentina, el cardenal Raúl Primatesta.
El triunfo de la Alianza de la mano en buena medida de su mensaje anti corrupción generó en muchos la esperanza de que la política había comenzado un proceso de saneamiento.
Las denuncias de que el gobierno había sobornado a senadores peronistas para que aprobaran una reforma laboral -la famosa “Ley Banelco”- derivó en la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez y el comienzo del traumático final de la presidencia de Fernando de la Rúa.
Luego del interinato de Eduardo Duhalde -y la tristemente recordada pesificación asimétrica que perjudicó a los ahorristas en moneda extranjera y benefició a quienes tenían deudas en dólares-, la llegada de los Kirchner vino acompañada de una nueva oleada de casos de corrupción. Al punto que la expresidenta Cristina Kirchner está con prisión domiciliaria en la llamada Causa Vialidad y a la espera de la finalización de otros juicios resonantes.
En paralelo, estaba comenzando a detectarse otra inmoralidad de la política: el financiamiento de las campañas con fondos narcos a partir de la sospecha de que la del kirchnerismo de 2007 recibió aportes de beneficiarios de la importación de grandes cantidades de efedrina entre 2003 y 2008 que eran enviadas a México para la elaboración de drogas. Entre los involucrados se contaban las víctimas del recordado triple crimen de General Rodríguez.
Mauricio Macri no pudo evitar ser salpicado por las opacidades que rodeaban los negocios de su padre y el grupo económico familiar. Y por otras directas, pero sin convalidación judicial.
En cambio, Alberto Fernández está procesado y embargado en casi 15.000 millones de pesos por obligar a sus ministerios y a organismos del Estado nacional a contratar los servicios de Nación Seguros y presuntamente beneficiarse con las comisiones del broker, que era su amigo.
A poco más de un año de su gobierno Javier Milei sufrió el primer escándalo al promocionar un proyecto de criptomoneda cuyo precio se disparó, pero que se desplomó cuando poco después el Presidente tomó distancia, lo que generó grandes pérdidas para los que invirtieron siguiendo el consejo del líder libertario y, en cambio, pingües ganancias para los inversores iniciales que vendieron a tiempo, lo que generó la sospecha de una estafa.
Comenzaba así en el oficialismo una saga que seguiría con la revelación meses atrás del arribo al país de un avión de un controvertido personaje con valijas que no se revisaron. Pero que escalaría fuerte con la difusión de unos audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo, en los que afirmaba que importantes funcionarios cobraban coimas para la compra de medicamentos.
Al igual que en el caso Libra, la hermana del presidente parecía ser la presunta abre puertas para llegar a él. Karina era mencionada en los audios como supuestamente beneficiaría de los pagos indebidos con un 3%. Esto motivó una poco feliz defensa de Milei ante un periodista: “Si usted se quiere quedar con una caja, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%? Es muy tonto pensar eso”.
Faltaban más dolores de cabeza para La Libertad Avanza. Pero no serían presuntas coimas, sino nada menos que acusaciones a su principal candidato en la provincia de Buenos Aires para las cruciales elecciones legislativas de haber recibido aportes de un narcotraficante para su campaña presidencial de 2019. Como pasó con el kirchnerismo, la cuestión del financiamiento narco de la política volvió a los primeros planos.
Si bien las sospechas respecto de Espert no eran nuevas, denuncias judiciales, difusión de indicios más concretos y las desafortunadas explicaciones del candidato -cada vez que aclaraba, oscurecía un poco más- convirtieron el episodio en una bola de nieve. Para colmo, el Presidente lo sostenía en soledad. Al final, ante encuestas que reflejaban el daño electoral que el caso le estaba haciendo al oficialismo, renunció.
En paralelo, la oposición se apresuraba a tratar de sacar ventaja electoral y avanzaba en el Congreso con la integración de comisiones investigadoras ante los escándalos que en el caso del kirchnerismo contrastaba con la falta de voluntad de hacer lo mismo cuando estallaban los propios durante sus gobiernos, que derivaron en resonantes juicios y, en el primero que llegó a su fin, con la expresidenta Cristina Kirchner presa.
Resultó edificante que, por 215 votos a favor y tres abstenciones, la Cámara de Diputados haya autorizado al juez que interviene a avanzar en el caso de Espert en la búsqueda de medidas de prueba, permitiendo los allanamientos a su domicilio y a su oficina. Pero sería bueno que los políticos cumplieran rigurosamente con la ley de financiamiento de los partidos y fortalecieran con más recursos los organismos de control.
En cambio, es lamentable que el peronismo no haya acompañado en su momento el proyecto de Ficha Limpia y el oficialismo inicialmente titubeado. Frente a la sucesión de casos de corrupción que se produjeron desde la profética advertencia de Juan Pablo II - sumado al avance del financiamiento narco de la política- y el hecho de que la gran mayoría no llegaron a feliz término en la Justicia, no hay tiempo que perder.
Por lo pronto, como sociedad, debemos evitar un riesgo que Jorge Bergoglio señaló en su primer libro publicado en 1992 bajo el nombre “Corrupción y Pecado”: “Sabemos que todos somos pecadores, pero lo nuevo que se incorporó en el imaginario colectivo es que la corrupción pareciera formar parte de la vida normal de una sociedad, una dimensión denunciada pero aceptable del convivir ciudadano”.
En definitiva, no naturalizar la corrupción (ni rendirse ante ella).
(*) Esta columna de Opinión de Sergio Rubin fue publicada originalmente en el portal de TN.
