En el caso puntual de Entre Ríos, hay que remarcar una de las últimas medidas entorno al debate del aborto no punible tiene que ver con el pedido concreto de Amnistía Internacional. El organismo subrayó que “la interrupción de un embarazo producto de una violación es legal en Argentina y el único requisito que exige es una declaración jurada de la mujer”. Al respecto recordó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “F.,A.L. s/ Medida Autosatisfactiva”, del 13 de marzo de 2012, que “exhortó a las autoridades nacionales, provinciales y de Ciudad de Buenos Aires a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios a fin de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios de atención de los abortos no punibles (ANP). Y estableció diversas pautas que dichos protocolos deben contemplar”.
Pese a ello, el Ministerio de Salud de Entre Ríos, encabezado hasta hace algunos meses atrás por el médico Hugo Cettour, emitió la resolución 974/2012 e instauró “una Guía que no cumple con los requisitos indicados por la Corte y posee una redacción confusa e incompleta que la vuelven obstaculizadora e ilegal”, cuestionó la organización internacional.
Es que aunque la Corte ratificó en 2012 que “el aborto es legal a) cuando la salud o vida de la mujer corra peligro o b) cuando el embarazo haya sido resultado de una violación”, la Guía entrerriana no regula la actuación para el primer caso y, a la vez, “incorpora requisitos adicionales para acceder al aborto legal para los casos de violación, en tanto exige la verificación del abuso sexual por parte de un equipo interdisciplinario y la refrenda del Director/a del hospital para acceder a la práctica”.
Según consignó APF, Amnistía señaló que ambos puntos “funcionan como barreras arbitrarias y son además discriminatorios, ya que solo a las mujeres que viven en Entre Ríos se les aplica, pero no a las que viven en el resto del país”.
Puntualizó también que el protocolo entrerriano “establece que la objeción de conciencia puede alegarse al momento de atender a la paciente, en lugar de declararse al momento de la implementación del protocolo o de ingreso al establecimiento de salud, como indica la Corte”. Según remarcó, esto “implica que la mujer desconoce con antelación si el/la profesional que la atiende estará dispuesto a realizarle la práctica”. Remarcó además que “la práctica ha demostrado las serias demoras y obstaculizaciones que pueden sucederse en estos supuestos hasta conseguir el procedimiento”.
Criticó además que la Guía contempla “la posibilidad de una denegación de la práctica cuando, a juicio del profesional interviniente, “no sea posible” realizar el aborto, introduciendo así una objeción encubierta y desregulada, ilegítima y arbitraria”.
Por todo ello es que Amnistía exigió que se derogue el protocolo vigente, ya que “no se ajusta a los estándares fijados por la Corte” y que “no responde un interés protectorio de los derechos de las mujeres víctimas de una violación, sino a una intención de restringirlos”.
“Así es que no se privilegia el respeto a la autonomía de la voluntad de la víctima, ni a su intimidad, ni privacidad, operándose un desplazamiento, con la exigencia de requisitos supuestamente tuitivos, de las dimensiones sanitarias y de protección jurídica de la mujer”, destacó.
En la carta dirigida a Urribarri, reclamó además que la Provincia adhiera a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles (ANP) del Ministerio de Salud de la Nación. Además Amnistía junta firmas de adhesión al petitorio.
El pedido de la organización internacional, lanzado este lunes, se concretó luego de las gestiones realizadas por integrantes de la Campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito de Entre Ríos, quienes pidieron la intervención de Amnistía al considerar “agotadas” las instancias locales debido a que las autoridades sanitarias de la provincia “nunca dieron una respuesta”.
Con esta solicitud, en síntesis, se insta “a la reflexión” al gobernador entrerriano, para que finalmente “cumpla la ley”, explicó Carolina Comaleras, integrante de la Campaña.
A nivel latinoamericano
Los debates por el acceso al aborto mostraron avances significativos en el último año en algunos países de América latina. El proyecto de ley que impulsa la presidenta Michelle Bachelet en Chile para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en algunas circunstancias; la aprobación en diciembre en República Dominicana de una reforma al Código Penal que permitirá acceder a un aborto seguro cuando la vida de la mujer o el feto estén en riesgo, así como cuando se den malformaciones incompatibles con la vida y en casos de violación, y el indulto otorgado a comienzos de año en El Salvador a Guadalupe, una joven que pasó siete años privada de su libertad por sufrir un aborto espontáneo de un embarazo producto de una violación a sus 18 años, son algunos de los hechos más relevantes, destacados en un informe elaborado por el Centro de Derechos Reproductivos, una reconocida organización con sede central en Nueva York, que trabaja en la temática a través de litigios estratégicos.
Sobre la Argentina, donde la discusión parlamentaria por la descriminalización del aborto permaneció estancada durante 2014, el CDR celebró el acto público en el que las autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires del área de derechos humanos le pidieron disculpas en diciembre a la joven con discapacidad mental L. M. R., por denegarle el acceso a un aborto legal en 2006 en un hospital de La Plata, luego de quedar embarazada como consecuencia de un abuso sexual cometido por un familiar, un caso por el cual el Estado argentino fue condenado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El pedido de disculpas públicas fue parte de las medidas de reparación acordadas con la víctima y su madre, luego del pronunciamiento del Comité.
Página/12 publicó este lunes que el informe del CDR analiza avances, retrocesos y desafíos en Latinoamérica en relación con el acceso a los derechos reproductivos en 2014 y se extiende al inicio de este año. Fue difundido por su oficina regional, que está ubicada en Bogotá y dirige la colombiana Mónica Arango Olaya. “Durante el 2014, los debates en torno de la garantía de los derechos reproductivos en América latina tuvieron una gran relevancia. Si bien se dieron pasos importantes hacia su protección y reconocimiento, persisten barreras formales y sustantivas que siguen limitando el goce efectivo de los derechos fundamentales de las mujeres”, observó Arango.
La interrupción voluntaria del embarazo en la región se caracteriza por legislaciones que criminalizan la práctica y sólo la permiten en causas específicas. En algunos países incluso está prohibido en todas las circunstancias. Este escenario empuja a las mujeres que necesitan abortar a la clandestinidad, con los riesgos que implica. Los únicos países donde el aborto está legalizado son Puerto Rico, Cuba, tres países de Antillas Francesas, Guyana Francesa, Guyana y Barbados. El aborto está totalmente prohibido en Chile, El Salvador, Honduras, Saint Martin (Antillas Holandesas), República Dominicana y últimamente en Nicaragua.
Uno de los principales avances señalados por el CDR en la región es la reforma al Código Penal aprobada en diciembre en República Dominicana, que entrará en vigencia después de un año de la publicación de la ley y permitirá acceder a un aborto seguro cuando la vida de la mujer o el feto estén en riesgo, así como cuando se den casos de malformaciones incompatibles con la vida y en casos de violación. El proyecto que anunció en enero la presidenta Bachellet en Chile apunta en el mismo sentido. “El Congreso chileno enfrenta un momento crucial para reformar su legislación y liberalizar el aborto de manera gradual, como supuesto básico para cumplir con la obligación de garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la información, los bienes y los servicios de salud reproductiva”, apunta el informe del CDR.
Otro de los hechos relevantes a nivel regional es la declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos adoptada en septiembre por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. La declaración reconoce que la discriminación de género, los estereotipos culturales y la falta de garantía de los derechos sexuales y reproductivos son obstáculos para que las mujeres y niñas vivan libres de violencia.
En junio, el Estado peruano adoptó un protocolo nacional para la prestación de servicios de aborto legal y seguro que “proveerá claridad para el personal médico y pacientes sobre el acceso a dicho procedimiento”, puntualiza el CDR. La adopción de este protocolo es parte de las recomendaciones de una decisión histórica del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité Cedaw), en el cual se determinó la violación por parte del Estado de los derechos humanos de L.C., a quien le negaron el acceso a los servicios de aborto legal.
En marzo, el Estado de Brasil realizó la reparación económica y simbólica en el marco de la ejecución de la decisión Comité Cedaw en el caso conocido como “Alyne vs. Brasil”, por la cual se estableció la responsabilidad internacional de ese país por la muerte de Alyne, una mujer afrobrasileña que no recibió atención médica de calidad por complicaciones asociadas con su embarazo. El caso es el primero que establece la responsabilidad en el marco internacional, por faltar a la obligación de garantizar la calidad del cuidado de salud y el embarazo seguro.
Entre los retrocesos y desafíos, el CDR menciona las siguientes novedades:
- En Colombia, en marzo, la Corte Constitucional avaló la práctica de la esterilización quirúrgica a personas de menos de 18 años con discapacidad cognitiva y psicosocial, luego de resolver una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que prohibía, en todos los casos, practicar procedimientos quirúrgicos con fines anticonceptivos.
- En Uruguay, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo suspendió 10 artículos del decreto reglamentario de la ley que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo y restringe el derecho a la objeción de conciencia de los médicos en materia de aborto. “La decisión adoptada por el alto tribunal pone en riesgo los límites al derecho a la objeción de conciencia de los prestadores médicos, lo cual se traduce en mayores barreras de acceso a los procedimientos de aborto por parte de las mujeres”, advirtió el CDR.
- En Honduras se mantiene la penalización total del aborto, así como la prohibición de la anticoncepción de emergencia. “Ambas restricciones violan los derechos a la autonomía reproductiva, a la integridad personal, a la intimidad, a la salud y a la vida de las mujeres, y han generado un contexto de persecución para aquellas mujeres que intentan acceder a los servicios de salud reproductiva”, señaló la organización.
