De ANÁLISIS DIGITAL

El servicio de transporte urbano es motivo de queja habitual de los ciudadanos. Es un derecho vulnerado que condiciona a otros derechos que ostenta el pueblo. Centenares de estudiantes, trabajadores y jubilados utilizan los colectivos para acudir a sus lugares de estudio y trabajo. La importancia de un servicio de calidad y accesible para las mayorías es clave y es función del Estado Municipal controlar que dicho servicio se garantice.

Pareciera simple, pero no lo es. Las empresas reciben hace años grandes sumas de dinero en materia de subsidios por parte del Poder Ejecutivo Nacional y nunca quedó claro cual es el destino de los fondos y como se traslada al servicio. Sin embargo los fondos siguen llegando a las arcas de las empresas mes a mes: en lo que va de 2016 las dos empresas recibieron 21.033.938 millones de pesos.

La gravedad del hecho aumenta al momento de confirmarse que desde la asunción de Sergio Varisco, aún no se ha designado un titular en el área de Transporte del Municipio, según pudo confirmar ANALISIS DIGITAL. Dicha área es la encargada de llevar adelante el control sobre distintas cuestiones en la materia, entre las cuales se encuentra el destino de los fondos recibidos del gobierno nacional. Es decir, en estos momentos no hay organismo que controle que se hace con el dinero que ingresó a las arcas privadas del transporte urbano.

El carácter de elemental que tiene el servicio, como garante de distintos derechos básicos del pueblo, hace que sea un deber de los funcionarios controlar el destino de los fondos públicos volcados a las empresas. Las empresas han actuado con total impunidad durante la era K y hasta el momento tienen allanado el camino para continuar con dichas prácticas hasta el fin de los contratos de concesión en el mes de octubre.

Uno de las posibles soluciones era la implementación de la tarjeta SUBE, que buscaba un subsidio directo al consumidor, evitando el envío del subsidio a las empresas por las habituales irregularidades en el manejo del dinero público. Ya durante el final del kirchnerismo la tarjeta dejó de ser tema central (una vez que se implementó en CABA) y ahora es un escenario de total incertidumbre con la asunción de Mauricio Macri y los cambios en el gobierno nacional.

La urgencia de una mesa de transporte

Por pedido de la Defensoría del Pueblo de Paraná, el Municipio realizó un compromiso público para crear la Mesa de Transporte, de cara a la discusión sobre el servicio y la convocatoria a una licitación para la renovación de las concesiones. Varisco y Josefina Etienot (viceintendente) prometieron ambas cosas: la Mesa de Transporte y el llamado a licitación, hecho que no ocurre desde 1984 durante la intendencia de Humberto Varisco.

En dicho espacio de diálogo se espera una convocatoria amplia: representantes municipales, el Concejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo, las empresas, representantes de la UTA (gremio de los choferes), sindicatos y centros de estudiantes. El objetivo es llegar a un consenso sobre lo que se quiere como servicio de transporte urbano y poder llevar adelante un control social sobre los privados que ganen la licitación.

Además, es posible que sean las mismas empresas que hoy ostentan la concesión a pesar del mal servicio que han brindado a la ciudadanía. Una auditoria pública de los libros contables de dichas empresas sería un buen inicio para que se les permita la renovación de las licencias.

Hasta el momento la promesa sigue siendo eso, una promesa. Se espera con urgencia la conformación de la misma teniendo octubre como fecha clave por el llamado a licitación.

Las frecuencias: el mayor problema

Largas colas en las paradas de colectivo pintan el paisaje de Paraná. Trabajadores, jubilados y estudiantes deben volver a su casa en un trayecto que se convierte en una odisea. En horarios pico, además, se viaja como ganado. Es evidente la falta de inversión y la falta de control en contraposición con las importantes sumas de dinero que reciben ambas empresas.

Durante la gestión anterior se creó un sistema de GPS que servía para detectar, con bastante exactitud, las frecuencias. Esos informes eran enviados a la Defensoría del Pueblo que se ha encargado de canalizar las quejas del ciudadano que a diario le llegan. De un tiempo a esta parte, dichos informes no llegan más a las oficinas de Luis Garay y Pablo Donadío, titulares de la Defensoría. Es decir, se le ha quitado una herramienta de control al organismo que ha denunciado sistemáticamente las falencias del servicio, sobre todo en materia de frecuencia.