Después de casi nueve años, quedó firme la condena a prisión perpetua por la Masacre de Trelew del represor Carlos Amadeo Marandino. Desde 2009, el represor condenado vive en Paraná, donde viene incumpliendo sistemáticamente la prisión domiciliaria, según denunció ANÁLISIS.

Después de casi nueve años, quedó firme la condena a prisión perpetua por la Masacre de Trelew de Carlos Amadeo Marandino. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia lo había condenado el 15 de octubre de 2012, junto con otros dos ex marinos, Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge del Real, quienes murieron en el transcurso de estos años.

Los tres fueron responsables del homicidio agravado de los presos políticos que en la madrugada del 22 de agosto de 1972 se encontraban privados de su libertad en la base aeronaval Almirante Zar: Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, José Ricardo Mena, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Adolfo Capello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villareal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Susana Lesgart y Mariano Pujadas, y de la tentativa de homicidio de María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar, quienes lograron sobrevivir y testimoniar antes de ser desaparecidos por la última dictadura cívico-militar. Todos ellos eran militantes de FAR, ERP y Montoneros que se habían fugado de la unidad penitenciaria de Rawson y que, ante la imposibilidad de escapar del país, se entregaron a las fuerzas armadas.

La sentencia fue revisada y confirmada en 2014 por la Cámara Federal de Casación Penal, que además revocó la absolución de Rubén Norberto Paccagnini, jefe de la base Almirante Zar, y de Jorge Bautista, uno de los encubridores de la masacre (ambos fallecieron). Pero la decisión de la Cámara fue recurrida y la Corte Suprema de Justicia de la Nación demoró seis años en resolver el planteo. Finalmente, el expediente volvió a la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) que, en mayo de este año, rechazó el recurso extraordinario. La defensa de Marandino no recurrió en queja ante la Corte, por lo cual la condena quedó firme. 

Mientras tanto, se sigue esperando la extradición de Estados Unidos de Roberto Guillermo Bravo, otro de los responsables de la masacre que no pudo ser juzgado en 2012. Los familiares de las víctimas, a la vez, presentaron una demanda civil en ese país contra Bravo en busca de reparación.

En este caso, el Centro de Estudios legales y sociales (CELS) fue querellante junto con Eduardo Hualpa, en representación de los familiares de Rubén Bonet, Carlos Astudillo, Adrián Toschi, Eduardo Capello, Susana Lesgart, Carlos Del Rey, Miguel Polti, Alberto Camps y Mario Delfino.

En la sentencia se determinó que estos hechos constituyeron crímenes de lesa humanidad porque formaron parte de una persecución sistemática y generalizada contra un sector de la población civil por parte de la dictadura de Alejandro Lanusse. En el juicio se demostró que se trató de un fusilamiento de presos políticos y no una defensa de los marinos ante un supuesto intento de fuga de la base aeronaval, versión que trató de instalar la dictadura de aquel entonces. Las pruebas incorporadas mostraron, además, vínculos directos entre las dictaduras de 1966 y 1976, tanto en los métodos empleados (torturas, secuestros, asesinatos) como en la identidad de las víctimas. Muchos de los presos políticos de comienzos de los ‘70 posteriormente fueron secuestrados, asesinados o desaparecidos; sus abogados y familias, que buscaban justicia, perseguidas.

A días de cumplirse 49 años de la masacre, desde el CELS manifestaron su acompañamiento a los familiares de las víctimas y a las organizaciones que desde hace años exigen verdad y justicia, según publicó El Cohete a la Luna.

Incumpliendo la domiciliaria

En el año 2009 ANÁLISIS denunció que el represor violaba la detención domiciliaria, y en 2912 volvió a revelar que el condenado ex militar volvió a esas prácticas.

Desde fines de mayo de 2009, Marandino –que en ese entonces tenía 60 años- se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria por supuestos problemas de salud, en su residencia de Paraná, en calle Lebenshon 3.235 -valuada en casi un millón de pesos-, pero violaba sistemáticamente la decisión judicial.

Durante casi tres meses, este medio pudo determinar que el militar salía casi diariamente de su casa, junto a su esposa, en diferentes horarios y por lo general, los sábados a la noche no descansaba en tal residencia, aunque regresaba a primera hora del domingo. Además, cuidaba personalmente el amplio jardín, se ocupaba del barrido de algunos lugares externos de la casa y no mostraba signos de deterioro físico.

Según relató la revista ANALISIS en su edición del 17 de diciembre de 2009, la coqueta calle Moisés Lebenshon de Paraná, la residencia de Marandino es una de las que más sobresale. Tiene un amplio jardín, pileta de importantes dimensiones, un quincho, sala de juegos y un frente con escalinata, con garaje con cierre centralizado, para dos autos. En total son 1.392 metros cuadrados, con casi 400 construidos, de acuerdo a lo que figura en los registros oficiales. Tiene la puerta principal por Lebenshon, pero también se puede acceder por Balcar, calle en la que ocupa no menos de 30 metros, con un paredón de unos 3 metros de altura y una puerta lateral. La casa era de la familia Galperín, pero, desde principios del año pasado, figura a nombre de Rita Inés Delgado, con domicilio en Vicente López, en Capital Federal. Está valuada en cerca de un millón de pesos, aunque hay quienes dan un precio superior.

Con el correr de los años y sin que nadie del Poder Judicial controle su prisión domiciliaria ni investigue las denuncias de ANALISIS, el represor continuó viviendo en Paraná. Actualmente reside en un edificio de calle Etchevehere, en el Parque Urquiza, donde sale a trotar todas las semanas incumpliendo sistemáticamente la prisión domiciliaria, según demostró el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) en un informe de 2019.

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