Imagen de archivo de Mariano Gallegos y Ricardo García, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).
La paradoja es mayúscula: el propio oficialismo había diseñado el mecanismo que ahora lo incomoda. Cuando impulsó la disolución del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), exhibió como garantía de transparencia la designación de dos síndicos fiscalizadores, uno propuesto por el bloque oficialista y otro por la oposición. Era, en el discurso gubernamental, la prueba de que esta vez las cosas serían diferentes. Que no habría opacidad. Que el control institucional funcionaría. Funcionó. Y eso es precisamente el problema.
El informe del síndico Pablo Giampaolo —designado a propuesta de la oposición— no llegó desde afuera del sistema para atacarlo: llegó desde adentro para auditarlo, que es exactamente para lo que fue creado. Y lo que encontró tiene dos dimensiones que es imprescindible distinguir con precisión: por un lado, documenta con números devastadores el deterioro ocurrido bajo la última etapa de gestión del expresidente del directorio gremial, Fernando Cañete, cuya administración motivó la intervención y la denuncia penal. Por otro lado, identifica problemas estructurales, opacidad y resistencia al control que corresponden a la OSER ya en funcionamiento bajo la gestión de Rogelio Frigerio.
La respuesta oficial no fue desmentir los datos con evidencia. Fue anunciar un posible sumario contra el auditor.
Historia breve
Para comprender lo que está ocurriendo, es indispensable remontarse al origen del conflicto. El 10 de diciembre de 2024, Fernando Cañete —quien presidía el directorio gremial del IOSPER desde 2014, habiendo sido reelecto en 2018 y 2022— presentó su renuncia. Al día siguiente, el gobernador Rogelio Frigerio formalizó la intervención mediante el decreto N° 3675, designando como interventor al abogado Mariano Gallegos y como subinterventor al odontólogo Ricardo García, quien hoy ocupa la vicepresidencia de la OSER.
Los fundamentos de la intervención incluyeron: más de 1.126 prótesis demoradas, cirugías postergadas, sobreprecios en la compra de medicamentos de alto costo —documentados ante el Tribunal de Cuentas por la Comisión Fiscalizadora— y un déficit estructural creciente estimado en 2.000 millones de pesos mensuales. Frigerio afirmó que la intervención era necesaria para "estabilizar financiera y funcionalmente" al IOSPER y que la obra social "solo conocíamos la punta del iceberg".
Los interventores verificaron luego que la deuda acumulada prácticamente duplicaba la reconocida por Cañete, ascendiendo a más de 42.871 millones de pesos. También reportaron sobreprecios en medicamentos, uso indebido de vehículos, actas de ajuste de aranceles sin firmas ni fechas y un incremento de aranceles prestacionales que, de haberse concretado, habría generado un déficit adicional de 1.000 millones de pesos mensuales.
En abril de 2025, Frigerio envió a la Legislatura el proyecto para crear la OSER. Fue aprobado en junio de 2025 con votos oficialistas y algunos legisladores libertarios, en medio de fuertes protestas sindicales que cuestionaron tanto la velocidad del trámite como el traslado del control de la obra social desde los gremios hacia el Poder Ejecutivo. Uno de los pilares que el oficialismo presentó como garantía de transparencia fue precisamente la existencia de dos síndicos designados por la Legislatura: uno por el oficialismo —Juan Carlos Paludi— y otro de una terna propuesta por la oposición —Pablo Giampaolo—. Esa promesa fue la que encendió la mecha del conflicto actual.
El informe Giampaolo
Antes de detallar el contenido del informe, es imprescindible establecer con precisión a qué períodos de gestión corresponden los datos que expone, porque de eso depende a quién señalan esas irregularidades.
La intervención de Frigerio comenzó el 11 de diciembre de 2024 y abarcó las últimas tres semanas del año. Por lo tanto, el ejercicio económico 2024 corresponde casi en su totalidad a la administración gremial de Fernando Cañete. El período enero-agosto de 2025 sí cae bajo la gestión directa del gobierno, primero como intervención y luego ya bajo la OSER formalmente constituida.
Esta distinción es crucial: cuando el informe documenta el derrumbe financiero de 2024, está exponiendo las irregularidades de la gestión Cañete, no de Frigerio. Y cuando señala problemas de opacidad, resistencia al control y falencias institucionales en 2025, apunta a la conducción actual de la OSER.
El dato más contundente del informe es el giro abismal entre el último ejercicio pleno del IOSPER bajo gestión gremial y el año previo a la intervención. En 2023, el IOSPER cerró con una ganancia de 5,8 millones de pesos —resultado de cinco ejercicios consecutivos con superávit según el propio Cañete. En 2024, el mismo organismo bajo conducción gremial arrojó una pérdida de más de 25.058 millones de pesos, acompañada de un incremento del pasivo del 458%, que pasó de 10.191 millones a 56.823 millones de pesos. O sea, lo que fue el primer año de Javier Milei, tras una altísima inflación que había dejado Alberto Fernández y los reacomodamientos que se fueron sucediendo. En paralelo, los créditos por aportes crecieron un 174%, lo que evidencia serias deficiencias en la gestión de cobro.
El informe también señala incrementos extraordinarios e injustificados en los gastos operativos entre 2023 y 2024, muchos de los cuales corresponden al período de gestión Cañete: honorarios profesionales (+436%), gastos judiciales (+561%), fletes y acarreos (+869%), comisiones y gastos bancarios (+1.244%) y servicios de seguridad (+320%). Las solicitudes de documentación respaldatoria que Giampaolo dirigió al directorio de la OSER no fueron respondidas en tiempo y forma.
En síntesis: en lo que hace al ejercicio 2024, el informe del síndico opositor viene a confirmar con sus propios números lo que el gobierno de Frigerio sostuvo para justificar la intervención y la denuncia penal. Los datos del ejercicio 2024 son, en buena medida, la base del cuestionamiento al final de la administración Cañete, aunque en la justicia penal no ha habido demasiados avances, por lo menos que se conozcan públicamente.
El año 2025: la gestión del gobierno bajo la lupa
Para el período enero-agosto de 2025 —ya bajo la OSER conducida por los hombres de Frigerio— el informe registra ingresos por 170.195 millones de pesos y egresos por 167.196 millones, con un superávit neto mensual promedio de apenas 374 millones. El síndico advierte que ese margen es insuficiente para revertir el elevado pasivo heredado, y que el cuadro podría derivar en un incremento de amparos judiciales, demoras prestacionales y eventuales responsabilidades administrativas.
Las críticas que sí apuntan a la conducción actual de la OSER son de naturaleza institucional: opacidad en convenios y compras, incumplimientos normativos en la Licitación Pública N° 4/2025 para la compra de prótesis, inexistencia de precios de referencia en adquisiciones sensibles, falta de documentación formal sobre el traspaso patrimonial de IOSPER a OSER, incumplimiento en la conformación del Consejo Consultivo previsto por ley, demoras sistemáticas en la respuesta a expedientes y falta de adecuación del sitio web a las exigencias de transparencia activa.
Giampaolo también constató, en recorridas propias por delegaciones del interior y de Paraná, problemas edilicios, falta de responsables designados y situaciones laborales irregulares, como empleados que deben solventar con recursos propios gastos básicos de funcionamiento. Adicionalmente, el informe eleva al Tribunal de Cuentas una consulta sobre presuntos incumplimientos del síndico oficialista Juan Carlos Paludi, incluyendo posibles incompatibilidades constitucionales por su condición de jubilado percibiendo haberes del Estado y su ejercicio docente en la UADER.
Hay un elemento que complejiza la defensa oficial y que no puede soslayarse. Los propios interventores Mariano Gallegos y Ricardo García firmaron la resolución N° 270 del 20 de abril de 2025 aprobando los estados contables del IOSPER correspondientes al ejercicio completo 2024, incluyendo el período Cañete. Según el propio Cañete, esa resolución refleja que al 31 de diciembre de 2024, el IOSPER tenía para cobrar 33.439 millones de pesos y para pagar 55.481 millones.
Con esa firma, los actuales directivos de la OSER avalaron oficialmente los números que ahora el síndico Giampaolo cita en su informe. Ese acto administrativo acota el margen oficial para cuestionar la metodología contable del informe, dado que los datos en gran parte provienen de estados contables que el propio directorio aprobó.
La reacción del gobierno
La reacción oficial fue inmediata y vehemente. El vicepresidente de la OSER, Ricardo García, salió al cruce a través de Radio Plaza 94.7 con una estrategia que combinó la impugnación técnica del informe con veladas amenazas institucionales contra Giampaolo.
García sostuvo que el informe "incorpora afirmaciones totalmente carentes de sustento práctico que no se condicen con la realidad" y que "arriba a conclusiones que evidencian un sesgo impropio de la función de control". Agregó que "una sindicatura exige objetividad, rigor técnico, apego estricto a la verdad material de los hechos" y que el informe "lesiona tremendamente la confianza pública".
En el aspecto más polémico, García reveló que el directorio estudiaría las causales de instrucción sumaria que pudieran aplicarse a la conducta del síndico conforme a la Ley 11.202, con posibles acciones administrativas. También argumentó que Giampaolo había faltado a las últimas dos reuniones de directorio —donde consta que había asistido a todas las anteriores— como si hubiese estado "elucubrando una maniobra", enmarcando todo en lo que llamó una "maniobra política".
Otro argumento del oficialismo fue de naturaleza semántica: García afirmó que Giampaolo "no es el síndico de la oposición", sino el síndico de la OSER. Formalmente exacto, pero institucionalmente engañoso: la propia ley establece que un síndico es designado de una terna propuesta por el bloque opositor, y ese origen determina su función de control independiente.
En la oposición no se quedaron callados. El senador Víctor Sanzberro (PJ) elaboró la respuesta opositora más articulada. La estructuró en tres niveles que vale la pena examinar por separado. El primero es la contradicción interna del oficialismo. La intervención del IOSPER y la creación de la OSER fueron justificadas con promesas de transparencia, fin de la corrupción y orden financiero. Esas promesas incluyeron el mecanismo de los síndicos duales. Pero cuando ese mecanismo funciona y produce información incómoda, la conducción oficial opta por cuestionar al controlador en lugar de responder con evidencia. Para Sanzberro: "Se prometió transparencia, pero se cuestiona al que controla; se habló de orden institucional, pero se presiona al que informa; se proclamó el fin de la opacidad, pero se responde con descalificación cuando los datos resultan incómodos".
El segundo nivel es la consistencia de los datos. El senador subrayó que la información del informe no proviene de fuentes externas u opositoras, sino de los propios estados contables del organismo y de expedientes administrativos sin respuesta. Esos datos, insistió, no han sido refutados con evidencia verificable: la respuesta oficial habla de "inconsistencias técnicas y temporales" pero no aporta documentación respaldatoria.
El tercer nivel es la gravedad institucional de la amenaza. Sanzberro calificó como "institucionalmente preocupante" que el vicepresidente haya amenazado públicamente con iniciar un sumario contra el síndico: "Atacar al órgano de fiscalización con advertencias de investigación y sumarios cuando expone irregularidades no es transparencia ni defensa de la gestión: es autoritarismo".
El senador Martín Oliva (expresidente del bloque opositor y médico hospitalario de carrera), por su parte, fue el primero en reunirse con Giampaolo para recibir el informe el 10 de febrero, y afirmó que el deterioro documentado es "un cambio abrupto y negativo en las cuentas de la obra social, que pasó de una situación equilibrada a pérdidas históricas, sin que exista hasta el momento información clara y completa que explique ese proceso". Ambos senadores coincidieron en que los afiliados —empleados públicos, jubilados, docentes, personal policial y trabajadores de la salud— son quienes pagan las consecuencias directas en un contexto de crisis económica y pérdida sostenida del poder adquisitivo.
Cuando fue la intervención del IOSPER, Cañete salió a refutar cada acusación con un argumento que no puede descartarse a priori en esta puja Giampaolo, gobierno y opositores: el derrumbe financiero de 2024 no fue únicamente producto de una mala administración, sino también de condiciones macroeconómicas excepcionales generadas por el cambio de gobierno nacional. La devaluación del 122% en diciembre de 2023, el ajuste en medicamentos de alto costo y el incremento generalizado de insumos médicos a partir de ese momento afectaron a todas las obras sociales provinciales, no solo al IOSPER. Cañete afirmó haber cerrado cinco ejercicios consecutivos con superávit entre 2019 y 2023, y sostuvo que el déficit de 2024 fue consecuencia directa de las políticas económicas nacionales. También cuestionó los datos sobre prótesis demoradas, afirmando que el convenio con APOSIER era capitado y que de haber habido más de mil prótesis pendientes, "nos prenden fuego la casa central".
En lo que hace al proceso de intervención, Cañete sostuvo que respondió los informes de la Comisión Fiscalizadora al día siguiente de recibirlos, que el Tribunal de Cuentas tenía presencia permanente en el IOSPER desde hacía 14 años, y que el único contrato que desobedeció el veto de la Comisión fue uno que le había pedido el ministro Manuel Troncoso para un allegado político —aportando como evidencia los mensajes correspondientes. Lo que Cañete no ha podido explicar hasta aquí con la misma solvencia es el origen y la magnitud de los incrementos de gastos operativos del 436%, 561%, 869% y 1.244% registrados en distintos rubros, ni la deuda que los propios interventores encontraron al asumir, prácticamente el doble de la reconocida por él.
Fortalezas y debilidades de cada postura
El oficialismo tiene a su favor que la situación que encontró en el IOSPER era en efecto grave y documentada: el derrumbe financiero de 2024, los sobreprecios en medicamentos, las irregularidades en prótesis y la opacidad administrativa de la gestión Cañete están respaldados por los propios estados contables del organismo —que además el mismo directorio de la OSER aprobó formalmente en abril de 2025. La denuncia penal tiene fundamento en hechos verificables. El contexto macroeconómico también contribuyó al deterioro, aunque no lo explica completamente. Y el propio informe Giampaolo, en su parte referida al ejercicio 2024, refuerza —no debilita— la narrativa gubernamental sobre la gestión anterior, por más que desde la oposición se haya querido instalar que en el documento del síndico solo hay críticas a la actual administración.
Sin embargo, el gobierno tiene serias debilidades: no ha podido explicar con documentación concreta las falencias institucionales de la OSER durante 2025 que el síndico detalla, ni la opacidad en convenios y compras que denuncia. La amenaza de sumario contra el síndico es, además, una respuesta políticamente autodestructiva: en lugar de refutar con datos, confirma la resistencia al control que el propio informe señala como uno de los problemas más graves de la nueva organización.
La oposición tiene a su favor el mecanismo institucional: el síndico actuó conforme a sus atribuciones legales, elevó el informe a los organismos correspondientes y sus datos provienen de fuentes oficiales no refutadas con evidencia verificable. El argumento de que "los números son los propios del organismo" es difícil de rebatir. La denuncia sobre el síndico oficialista Paludi agrega un flanco adicional de credibilidad al cuestionamiento.
La debilidad opositora reside en que una parte sustancial de los datos del informe —los correspondientes a 2024— expone irregularidades que corresponden a la gestión gremial anterior, administrada precisamente por dirigentes sindicales cercanos al peronismo. La oposición legislativa y el expresidente Cañete no forman un frente monolítico: el primero critica a la OSER y el segundo defiende su gestión del IOSPER. Esa tensión limita la coherencia del cuestionamiento opositor.
Lo que está en el centro de este conflicto no es únicamente una disputa técnica sobre estados contables: es una batalla sobre quién controla el relato del fracaso, y en qué momento empieza y termina la responsabilidad de cada gestión. El informe Giampaolo tiene dos lecturas que es imperativo no confundir. En su primera parte, correspondiente al ejercicio 2024, documenta el desastre heredado: pérdidas de 25.000 millones de pesos, pasivo quintuplicado, gastos operativos sin justificación. Ese capítulo es, en sus grandes líneas, el expediente que el gobierno necesitaba para sostener la intervención y la denuncia penal contra la gestión de Cañete. En su segunda parte, referida al año 2025 y al funcionamiento institucional de la OSER, el informe señala que el organismo creado con promesas de transparencia ya muestra resistencia al control, opacidad en sus compras y falencias estructurales que afectan a los afiliados.
La respuesta oficial —descalificar al auditor en lugar de responder con números— es, en términos institucionales, la peor de las estrategias posibles, porque confirma exactamente lo que el informe denuncia en su segunda parte: resistencia al control. El gobierno de Frigerio usó las herramientas de control para exponer a la gestión anterior. Ahora que esas mismas herramientas empiezan a monitorear su propia gestión, la reacción es intentar desactivarlas.
Los 250.000 afiliados de la OSER —empleados públicos, jubilados, docentes, personal policial, trabajadores de la salud y sus familias— son los que padecen las consecuencias de una disputa que debería resolverse con transparencia y rendición de cuentas, no con amenazas de sumario contra el órgano de fiscalización. La herramienta de control que el oficialismo exhibió como bandera de su reforma es, hoy, la principal fuente de su incomodidad. Que funcione, aunque moleste, es precisamente la señal de que fue bien diseñada.
