El lunes 11 de noviembre de 2024, los abogados Damián Petenatti e Iván Vernengo, quienes asisten a los suboficiales Lisandro Romero y David Vázquez, y Eduardo Gerard, representante del oficial Alan Vázquez, lograron que el juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, decidiera remitir las actuaciones realizadas por los médicos forenses del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia y los peritos de parte, para que se consulte a una tercera opinión por parte de los peritos forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). En principio, el objetivo era aportar más elementos para determinar la causa de la muerte de Arel Goyeneche, ocurrida el lunes 12 de febrero durante una detención policial en la vereda frente a la comisaría segunda de Paraná, a pocos metros de la Jefatura Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos.

El martes siguiente, fuentes judiciales informaron que “el cuerpo médico forense de la Corte Suprema aceptó realizar el estudio en el caso de la muerte de Ariel Goyeneche, y solicitó la exhumación del cadáver para realizar una nueva autopsia, además de pedir que se remita el video de la autopsia realizada por los peritos forenses del Cuerpo Médico del Poder Judicial de la provincia”.

Se supo que el juez Garzón fundamentó su decisión, que sorprendió a varios operadores judiciales, argumentando que, por cuestiones de celeridad procesal y libertad probatoria, debía hacer lugar a la solicitud de las defensas. Durante esa audiencia de noviembre, Garzón otorgó tres días a las acusaciones para presentar sus puntos de pericia. Las defensas presentaron 40 puntos en total entre las dos partes y esperaron la respuesta de la Corte, que llegó el martes siguiente

Las defensas de Romero y Vázquez presentaron 16 puntos y la defensa del oficial Vázquez 24. La Fiscalía, representada por el fiscal Santiago Alfieri Porqueres, inicialmente sostuvo que no era necesario que los peritos de la CSJN revisaran el informe oficial de la autopsia, argumentando que los peritos de Entre Ríos podían hacerlo. Sin embargo, las defensas cuestionaron que no sería adecuado que los autores del informe, que ya había sido seriamente cuestionado, fueran los encargados de aclarar las dudas que generó. Aunque no se conocieron los fundamentos exactos de los peritos de la Corte para abrir el caso, esa crítica parece haber influido en su decisión.

En la previa, el 29 de octubre del año anterior, Petenatti y Vernengo habían cuestionado los informes de autopsia realizados sobre el cuerpo de Goyeneche, fechados el 14 de febrero y el 26 de junio de 2024. Estos informes fueron redactados por Lilian Pereyra, perito del Cuerpo Médico Forense de Tribunales de Entre Ríos, y acompañados por un informe realizado por su perito de parte, el facultativo y consultor médico Oscar Chiappetti.

Por su parte, Gerard fundamentó su pedido en el informe realizado por el médico forense Walter Aguirre, ahora jubilado, quien tenía una larga trayectoria en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Entre Ríos. Aguirre llegó a conclusiones sobre las posibles causas de la muerte de Goyeneche, que tenía 36 años al momento de su fallecimiento en medio de un procedimiento policial, que eran totalmente opuestas a las de Pereyra.

El defensor sostuvo que el perito oficial había llegado a sus conclusiones sin explicar el proceso seguido para sustentarlas, algo que consideró que sí hizo el perito Aguirre. Además, señaló que, a pesar de que la perito mencionó el Protocolo de Minnesota, no lo cumplió. Destacó que no se resguardaron órganos vitales para determinar las causas de la muerte, como el hígado y los pulmones, de los cuales solo se extrajeron pequeñas muestras.

Fuente: Agencia APF.