Imagen de archivo de Susana Medina de Rizzo.
Jorge Oscar Daneri
La crisis de civilización que transitamos, se manifiesta en una crisis ética en el ejercicio de la función pública. Nos encontramos en Argentina frente a la manipulación agresiva de la palabra y desde el altar del ejecutivo nacional, como el mayor y más preocupante de los malos ejemplos, se ejercen diversos tipos de modalidades para lastimar, herir y erradicar del debate político a los seres que no comparten el pensar y hacer libertario.
Los tres poderes del Estado, en un marco de igualdad y ejercicio de lo que deberían ser las reciprocidades, todos, absolutamente todos tienen el derecho y el deber de saber de lo que se trata en la gestión, uso y abuso de los bienes del estado, de los bienes comunes, ríos, espacios públicos, como en relación a la construcción y ejecución de sus presupuestos, precisamente públicos.
En el caso que nos preocupa ahora, la utilización de los dineros del pueblo en viáticos, licencias, ausencias y sus destinos como la presencia y participación en escenarios de debate y diálogo sobre política judicial, derechos humanos, género, etc, por ejemplo, es decir, el cumplimiento en debida forma y contenidos, como un diálogo entre salarios, licencias, ausencias dentro del seno de la máxima autoridad judicial de la Provincia de Entre Ríos, ni más ni menos, es o debería ser un ejercicio del cuidado más que delicado en la gestión de los dineros de nuestro pueblo y el acceso a conocer y saber sobre los mismos.
La contemplación de la respuesta realizada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, recibida por la Dirección del Equipo de periodistas de investigación de ANÁLISIS, no deja de ser muy preocupante en un ejercicio comparativo con los otros dos poderes del Estado democrático (1). La misma nos ayuda a ampliar el diálogo político y sus debates en el escenario de los tres poderes del Estado, pero particularmente en el seno de la sociedad nuestra.
Desde la ecología política como social, desde el periodismo de investigación, organizaciones sociales de todo tipo, sin más palabras en cuanto a las organizaciones socioambientales, es relevante, casi vital, la herramienta jurídica de acceso a la información pública. Conocer el expediente, documentos, lo escrito, lo probado sobre tal o cual potencial conflicto, gestión de bienes y recursos públicos, es el cuerpo a diagnosticar. Allí podemos saber bien dónde estamos parados, qué podemos hacer.
Y como olvidar los debates, acuerdos en comisión y sanción sobre acceso a la información pública de la Convención Constituyente de Entre Ríos (2008) floreciendo en su artículo 13. Fueron alucinantes, conmovedores. Parecía que aquella dirigencia política en su capacidad de conversación y construcción de consensos daría un salto cualitativo monumental en nuestra tierra. No sucedió.
En la memoria de aquellos recuerdos, no salimos del asombro ante la denegación de información pública elemental para con el Equipo de la Revista Análisis.
Se expone como fundamento, que licencias, ausencias, y demás requerimientos de información sobre los magistrados, podría interpretarse que se considera ser una cuestión privada, personal, no de interés público. Textual " de que no se trata de datos de interés público, sino sólo de cuestiones de funcionamiento interno de un Poder del Estado". Entonces la sorpresa es aún mayor cuando al finalizar el párrafo de respuesta se expresa "... todo lo cual ha sido tempestivamente rendido y debidamente aprobado por el Tribunal de Cuentas de la provincia."
Esta es una muy buena noticia, pues indica que el Tribunal de Cuentas intervino sobre las gestiones presupuestarias aludidas y todo está hecho conforme a derecho. Con mayor razón, ¿cuál es el motivo entonces para negar la información solicitada por los periodistas? Si paso por el Tribunal de Cuentas positivamente, ¿qué es lo que imposibilita hacerlo público cumpliendo y aplicando la legislación amplia y diversa que en su mayor generosidad nos convoca a liberar en todos los escenarios que tengan que ver, ser y expresar lo que sucede con los bienes, recursos, dineros públicos de cada uno y de todos los ciudadanos de la República, en el caso, la tierra de los ríos libres?
Sin duda alguna, los viáticos como los salarios, son dinero público como las retribuciones de los ministros, secretarios, subsecretarios, directores, jueces, fiscales, defensores, legisladores, asesores, etcétera, todas y todos funcionarios que llevan la carga y el honor de ser servidores del pueblo de la provincia.
No deben existir muros ni restricciones de ninguna naturaleza y menos con excusas vinculadas al concepto de inexistencia de interés público para suministrar de inmediato la información requerida. Los dineros de la gente son siempre de interés público. Su modalidad de uso y destino preciso debería estar en la web de las instituciones que se consideren un ejemplo de transparencia republicana. Y es el Poder Judicial por excelencia el que tiene que brindarnos el mayor de los ejemplos.
Cada día se perfeccionan aún más las leyes, convenciones internacionales, regionales, como provinciales que fortalecen los instrumentos de acceso a la información pública. Es verdad que aún muchas organizaciones sociales no se han apropiado y utilizado con mayor convicción y compromiso social y político esta herramienta de la democracia participativa.
Si cualquier ciudadano puede acceder a la información sobre los viáticos del Gobernador, de los legisladores, "sobre la gestión interna de los contratos legislativos de asesores", sus licencias, incluso en ciertos casos constitucionales, aprobadas previamente por la Legislatura Provincial, etcétera. ¿Por qué en el presente caso liderado por el Director de Análisis, es denegado, con el argumento tan débil, tan enrarecido, de que dicha información no es de interés público?.
Sería interesante saber si frente a un Pedido de Informes de un Legislador, ¿la decisión sería la misma? O en su caso, ¿si el pedido de información nacería de una comisión legislativa de control presupuestario y si se solicitara dicha documentación al Superior Tribunal de Justicia, sobre tiempos de trabajo, viajes oficiales y licencias articulados por los mismos u otras razones, etcétera, la actitud negativa se ratificaría?
En el marco de estos tiempos políticos, parecería ser que la luminosidad de la transparencia tanto en el amanecer como el atardecer, pierde su encanto republicano y son casi todos nubarrones contaminados de desinterés público y privatización de la información, de lo que no deberíamos ni estar conversando ni discutiendo.
Los dineros del presupuesto, de cualquiera de los tres Poderes, en la escala del Estado que sea, es un dinero para ejercer una representación pública, en el caso, representación política del poder judicial, ni más ni menos.
Debería enorgullecer, alegrar y, por lo tanto, poder compartirse con los pueblos con la finalidad más que sana y republicana, de que los seres que nos representan en los tres poderes del estado provincial, están felices y orgullosos de poder brindarla, de inmediato y honrados por recibir una solicitud de este tipo, para saber de lo que se trata su transitar por estrados, foros y los mundos presentes y posibles de aquí y allá, países hermanos o lejanas culturas.
Finalmente, el equipo de la Revista ANÁLISIS en sus diversas manifestaciones comunicacionales y procesos de investigación, ha dado probados y relevantes ejemplos de colaboración con la justicia y sin dudas, de casi extremo interés público en los más trascendentes casos de corrupción de la historia de la Provincia de Entre Ríos. Denegarle información que en el fondo es elemental, cotidiana, en definitiva, de gestión administrativa básica, puede generar un sinnúmero de interpretaciones abiertas al delirio, las dudas, sus aterrizajes más certeros y confirmaciones como comprobación de que todo va bien encaminado y más, justificado por los órganos de control, como lo afirma el máximo tribunal. No hacerlo, expone, como sin lugar a dudas también, que algo poco claro o quizás no del todo comprensible, está sucediendo. Borrar esta oscuridad es necesario para la sanación de este antecedente, de la desinformación generada, transitar hacia un ejercicio más cristalino y leal de acceso a la información, que esta herramienta constitucional brinda al ciudadano y sus organizaciones que con convicción y compromiso asumen el ejercicio de este derecho deber cívico.
Ojalá así pueda ser de la mano y renovada consideración de la máxima autoridad judicial, o en su caso por los caminos que el derecho público convoca a ejercer y sostener.
Que así sea también, en reconocimiento de los Convencionales Constituyentes que brindaron la bella norma madre que hoy nos contiene, más allá de semejante escenario político y social.
Referencias
(*) Jorge Oscar Daneri integra la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE).
