El fiscal Taiano, Javier Milei y Hayden Mark Davis, uno de los tantos involucrados en el caso $LIBRA.
El fiscal Eduardo Taiano, que tiene a su cargo la investigación del criptogate $LIBRA, preparará nuevas medidas para esclarecer presuntos delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias. El caso involucra al presidente Javier Milei por difundir la criptomoneda.
En la causa caratulada como “Milei, Javier Gerardo y otros s/averiguación de delito”, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitará la recopilación de pruebas digitales clave, la localización de activos, el rastreo de transacciones sospechosas y también pedidos de cooperación internacional para acceder a información de exchanges y entidades financieras extranjeras que pudieron haber participado en la operatoria.
Sin embargo, Taiano se centra en la preservación de la prueba digital. El fiscal solicitó registros detallados de todas las transacciones que tengan vínculo con $LIBRA, con el objetivo de identificar a los beneficiarios de las ganancias obtenidas.
También ordenó la recuperación de publicaciones eliminadas de las redes sociales, entre las que se incluye el tweet del presidente Javier Milei promoviendo la criptomoneda, del pasado 14 de febrero.
El congelamiento de direcciones digitales, para Taiaino, tiene como objetivo evitar la dispersión de los fondos e impedir que los activos obtenidos mediante la operación fraudulenta sean movilizados o transferidos a otras plataformas, lo cual haría mucho más difícil su rastreo.
A su vez, el fiscal trabaja en la redacción de exhortos internacionales para acceder a la información sobre las transacciones realizadas a través de plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero. Ya se iniciaron gestiones, junto a organismos internacionales y entidades reguladoras, para obtener registros de los movimientos financieros.
Taiano también solicitó registros de las personas que visitaron la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, informes sobre las comunicaciones telefónicas y la elaboración de una lista de testigos que puedan aportar información relevante sobre el funcionamiento de $LIBRA.
Por último, según consignó Ámbito Financiero, el fiscal puso el ojo en el análisis del marco legal aplicable a las criptomonedas en el país. Tiene como objetivo verificar si existieron irregularidades en la regulación y supervisión de $LIBRA como también en las acciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA)y la Comisión Nacional de Valores, en cuanto a su comercialización.
El caso
La controversia se desató el 14 de febrero, cuando el mandatario publicó en su cuenta oficial de X (@JMilei) un enlace a un contrato para la adquisición del criptoactivo en la blockchain Solana, destinado a financiar proyectos privados en Argentina.
Según la denuncia, el precio inicial de $LIBRA se fijó en u$s0,01, pero tras la publicación del presidente su cotización se disparó hasta alcanzar los u$s5. No obstante, en pocas horas, la criptomoneda sufrió un desplome abrupto, presuntamente tras una venta masiva ejecutada por los creadores del token y otros inversores con acceso a información privilegiada. Como consecuencia, un reducido grupo de billeteras electrónicas habría retirado aproximadamente 100 millones de dólares, afectando a más de 40.000 inversores.
El expediente analiza posibles delitos por abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa y cohecho y también involucra a Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales. Grabois, impulsor de la denuncia, aseguró: "Por la dignidad nacional la justicia debe actuar rápidamente".
