Lucas Micheloud y Jorge Daneri
El senador nacional Alfredo De Ángeli lidera en estas horas el intento de derogación en la cámara alta nacional, de la ley de manejo del fuego.
Siempre desde el relato de la maldita grieta atacando a un sector del peronismo.
Con la derogación propuesta, coherente con la liberación de los territorios a los saqueadores de ecosistemas entre otros los megas incendiarios del Delta y la Patagonia, impulsa esta nueva regresión de los principios más relevantes del derecho ambiental y convencional vigentes.
En la oscuridad y camuflado en la agenda de tratamiento legislativo del día de la fecha en la sesión del Senado de la Nación, avanza apurado procurando su media sanción.
La derogación implica:
Descontrol total de los incendios por venir en la mayor crisis hídrica y ambiental del sistema de humedales de los ríos Paraná, Uruguay, la cuenca toda.
Consolidar la destrucción del financiamiento de los sistemas de emergencias frente a semejantes escenarios de crisis climática.
Ante la falta de una normativa preventiva y precautoria específica y un sistema de sanciones, se promueve abiertamente la impunidad frente al descontrol del Estado desfinanciado, liberando los procesos incendiarios en cualquiera de sus modalidades.
La derogación también desarticula el principio de progresividad ambiental, reconocido en la Ley General del Ambiente, que obliga al Estado a no retroceder en las garantías mínimas de protección. La eliminación de estas restricciones a los cambios de uso del suelo en terrenos incendiados constituye una regresión normativa en materia socioambiental grave y abre la puerta a múltiples litigios por inconstitucionalidad.
La Ley 27.604, que se pretende derogar, busca imposibilitar el cambio de uso y comercialización de tierras incendiadas con el fin de permitir la recomposición de los ecosistemas dañados. El sistema de humedales de Entre Ríos, está especial y prioritariamente protegido por la Constitución Provincial. No le interesa en lo más mínimo al representante de las corporaciones del agronegocio de exportación.
El principal peligro de derogar la ley 27.604 (Ley de Manejo del Fuego) es facilitar la comercialización de tierras incendiadas, ya que la derogación eliminaría la prohibición de vender o afectar terrenos quemados por 30 a 60 años, fomentando así incendios intencionales para la especulación inmobiliaria y la destrucción del ambiente.
En este marco, no puede desconocerse que la norma cuestionada fue resultado de un amplio consenso social y parlamentario, nacido de la presión ciudadana frente a los incendios masivos que devastaron humedales, bosques y áreas naturales en 2020. Derogarla hoy es darle la espalda no sólo a los compromisos internacionales en materia de cambio climático y biodiversidad, sino también al reclamo histórico de las comunidades que habitan y defienden esos territorios.
Hemos expuestos estos intentos de debilitamiento y agravio de la legislación ambiental nacional en el Informe sobre regresiones ambientales, especialmente sobre este renovado intento que estuvo expuesto en los proyectos de Ley Ómnibus y Base Informe de regresiones ambientales: Dos años de Milei
En el Delta ardieron más de un millón de hectáreas, el senador se olvidó. El nuevo contexto extractivista como negacionista de la crisis hídrica como del cambio climático, fuertemente promocionado desde el Gobierno Nacional, atenta directamente contra la restauración de ecosistemas más que frágiles, montes, selvas, bosque y humedales.
Finalmente, avanzar con la derogación de la Ley 27.604 no solo significaría seguir privilegiando un modelo económico extractivista, sobradamente reforzado por el RIGI –sancionado por este mismo Congreso–, sino que también postergaría debates urgentes sobre transiciones ecosociales justas, especialmente aquellos vinculados a la transformación de la razón productivista vigente. En este escenario, el fuego ha sido sistemáticamente empleado como un arma del extractivismo, facilitando desmontes, "limpieza" de suelos vírgenes y expansión de proyectos de monocultivos a costa de ecosistemas y comunidades. Desde nuestra Asociación, junto con otras organizaciones y colectivos, impulsamos un equipo de transiciones que aborda estos procesos desde perspectivas ecosociales, promoviendo diálogos sociales y políticos amplios. Sin embargo, iniciativas legislativas como esta constituyen la antítesis de esos debates, cerrando las puertas a la discusión de alternativas frente a la crisis climática y civilizatoria que atravesamos.
Peticionamos y esperamos que el Senado de la Nación pueda desmantelar también este intento absurdo de continuar desprotegiendo nuestros pastizales, montes y humedales, sus diversidades biológicas y culturales como ejerció la Cámara de Diputados de la Nación con los rechazos maravillosos a los vetos del financiamiento de la universidad pública y la salud mayor de los niños desarrollada en nuestro hospital público de excelencia, el Garrahan.
(*) Lucas Micheloud y Jorge Daneri son miembros de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE).
