El gobierno de Alberto Fernández trabaja en una reforma del Sistema Nacional de Inteligencia para borrarle el “perfil policial” a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y tratar de evitar la intromisión de los servicios de inteligencia en la Justicia, según confirmaron fuentes oficiales al diario La Nación.

Con la AFI intervenida hace una semana y la fiscal Cristina Caamaño al frente, el oficialismo busca quitarle a la central de espías las atribuciones que la convierten en “auxiliar” de la Justicia.

La semana pasada, mediante el Decreto 52/19 se derogó otro que había sido firmado por Mauricio Macri, en el que se establecía que todos los fondos de la AFI debían ser reservados.

“La derogación del régimen de fondos reservados fue el primer paso. Pero ahora se debe fortalecer la inteligencia de Estado y eliminar el maridaje espurio entre servicios y Justicia”, dijo al diario La Nación una fuente que sigue de cerca la discusión.

Quien deberá elevar al Presidente la propuesta final de reformulación del Sistema de Inteligencia Nacionales es la interventora Cristina Caamaño. Pero por ahora hay un borrador con trazos conceptuales que se debaten en la Secretaría de Asuntos Estratégicos, a cargo de Gustavo Beliz.

Según supo el diario La Nación, fueron consultados varios hombres que pasaron por la gestión de los organismos de inteligencia, entre ellos, Oscar Parrilli y Juan Martín Mena. Mientras tanto, Caamaño, que desembarcó en la AFI hace una semana, también trabaja en la propuesta que le elevará a Fernández.

 La reforma implicará modificar aspectos centrales de la Ley N° 25.520 de inteligencia nacional. El Artículo 4° de esa ley es clave: es el que fija límites a las tareas y facultades de los organismos de inteligencia, “salvo que mediare orden o dispensa judicial”.

“Ningún organismo de inteligencia podrá: revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial”, establece el Artículo 4°.

De esta manera, sostienen expertos en el tema, se producen las investigaciones que permiten intervenir comunicaciones llamadas “precausas”, acotadas a un período, y autorizadas por un juez que la AFI elige sin sorteo.

“El diablo está en los detalles”, dijo sobre ese artículo una fuente especializada, que además participó de la discusión. Por eso las áreas que funcionan como auxiliares de la Justicia pasarían a la órbita del Ministerio de Seguridad. También se estudia pasar personal de la AFI a esa cartera.

El vínculo entre la Justicia Federal y los servicios de inteligencia quedó en evidencia a partir de la causa AMIA -coinciden varias fuentes consultadas-, pero se profundizó durante el gobierno kirchnerista y no se desactivó durante el macrismo.

Esta reforma es una evolución de la que se planteaba hace un mes, antes de que Fernández asumiera, y que planteaba dividir a la AFI en tres y quitarle atribuciones. Ahora no se busca dividir al organismo, pero sí quitarle atribuciones de inteligencia criminal y fortalecer la inteligencia de Estado.

Pero además de eliminar esas atribuciones para la AFI, se buscará fortalecer dos áreas dentro de la central. La de Asuntos Exteriores, y la de Contrainteligencia. En lo que respecta al área de Contrainteligencia, destinada a controlar qué hacen otros servicios de inteligencia dentro del país y a evitar la alteración del orden constitucional, se buscará fijar “objetivos claros”, reforzar su tecnología y definir blancos estratégicos.

Con respecto al área de Asuntos Exteriores, se propondrá incorporar más equipamiento cibernético y analistas. Quienes trabajan sobre el proyecto de reforma son críticos con la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani al frente de la AFI en los últimos cuatro años, y sostienen que el área de asuntos exteriores “prácticamente no existe”.

La comisión bicameral

Además, según dijeron las fuentes consultadas al diario La Nación, se le ampliarían las facultades a la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, con el objetivo de que deje de ser una comisión de control ex post y pase a tener un rol de prevención. Para eso se trabaja sobre la posibilidad de crear una subcomisión dirigida al control de los fondos reservados.

La bicameral de control de inteligencia estuvo presidida durante los últimos dos años por el senador radical Juan Carlos Marino, quien fue secundado como vice por el diputado Leopoldo Moreau.

Moreau le hizo llegar un proyecto de reforma a Cristina Caamaño una vez que fue designada interventora.

Se estudia, además, que el control de las escuchas telefónicas vuelva a estar a cargo del Ministerio Público Fiscal. Actualmente, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) depende de la Corte Suprema, y los directores son jueces con rango de camaristas. El director es Martín Irurzun, cuyo mandato ahí vence a mediados de febrero, y quien asumirá es el actual subdirector, el camarista de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra. De concretarse ese traspaso, surgiría un interrogante: ¿quién auditaría la oficina de escuchas?