El gobierno nacional decidió reasignar 400 millones de pesos a las partidas que había previsto para el Presupuesto 2006, que se debate en el Congreso Nacional. Así, las universidades tendrán unos 740 millones de pesos más que este año. Estas modificaciones se acordaron luego de la intervención del Consejo Universitario Nacional (CIN), que la semana pasada denunció que el proyecto de presupuesto no incluía los aumentos salariales que el Gobierno había acordado con los gremios docentes y no docentes.

Las universidades nacionales —esas que brindan enseñanza pública y gratuita a 1.200.000 argentinos— recibirán 400 millones más de lo que estaba previsto dos semanas atrás, cuando el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2006 fue enviado al Congreso.

Los 400 millones de pesos se destinarán a pagar los aumentos salariales que el Ministerio de Educación había acordado a comienzos de setiembre con los gremios docentes y no docentes universitarios y que, sin embargo, no habían sido incluidos en el presupuesto.

Los fondos "provienen del aumento del 0.7 por ciento del PBI (Producto Bruto Interno Nacional) destinado a la educación pública previsto en la Ley de Financiamiento Educativo que actualmente discute el Congreso. Pero que, aunque aún no fue aprobada, como la Nación tiene que elevar al Legislativo el presupuesto el 15 de setiembre, lo hizo como si ya se hubiera aprobado, incluyendo esos fondos en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2006", explicó a Clarín, el ministro de Educación, Daniel Filmus. Y que se incorporaron bajo rubros como "obligaciones a cargo del tesoro" y "universidades/sin discriminar", entre otros.

Además, el Gobierno se comprometió a realizar otras modificaciones al proyecto de Presupuesto Nacional destinado a las universidades, para incluir unos 109 millones de pesos destinados al FUNDAR (Fondo para mejoramiento de la calidad educativa), "y otros 120 millones de pesos para mejoras edilicias e infraestructura, que saldrían del presupuesto del Ministerio de Planificación", agregó Filmus. El año pasado se destinaron unos 80 millones de esa cartera para el mismo rubro.

Con esto, el presupuesto total con que contarían las universidades de todo el país —en caso de ser aprobado por el Congreso—, ascenderá a 3.547 millones de pesos (3.318, más 120 más 109). Es decir, un aumento respecto de los 2.800 millones ejecutados para universidades públicas durante 2005, de unos 740 millones de pesos, aproximadamente.

Estas modificaciones al proyecto de Presupuesto 2006 se acordaron luego de la intervención del Consejo Universitario Nacional (CIN), que la semana pasada denunció que el proyecto de presupuesto no incluía los aumentos salariales que el Gobierno había acordado con los gremios docentes y no docentes. Una ausencia que había generado más conflictividad con los gremios, especialmente con Conadu Histórica, que convocó a un paro de 48 horas a partir de hoy. Este escenario llevó al CIN a pedirle al Ministerio que reabra de manera urgente la mesa de negociación salarial.

Según confiaron los rectores a Clarín, días atrás —durante la designación como nuevo presidente del CIN del rector entrerriano, Eduardo Asueta— decidieron aprovechar la presencia del ministro de Educación, Daniel Filmus, para denunciar otros graves problemas que habían detectado en los proyectos de Ley de Presupuesto Nacional 2006 y de Financiamiento Educativo. Por ejemplo, denunciaron que durante la discusión legislativa de la semana pasada, alguien eliminó pasajes claves del presupuesto educativo. Uno de ellos designa qué proporción de las partidas les pertenece a las universidades. Otro pasaje "desaparecido" (conocido como "Fondo universitario"), es el que asegura que aquellos fondos que una universidad no usó (o ahorró) durante un año, queden para que la universidad los gaste al año siguiente.

Estas sintomáticas desapariciones (como futuros intentos de "bajar" rubros) son usuales cada año, a la hora de distribuir los fondos nacionales. Y no serán los últimos. "Todos defendemos la educación en los discursos electorales. Pero cuando hay que poner el dinero, la cosa cambia", decía ayer María Victoria Gómez de Erice, rectora de Cuyo.

En este sentido, se supone que los gobernadores de las provincias son los que mayor resistencia opondrán a la Ley de Financiamiento Educativo (aunque la apoyaron el día que Kirchner la presentó en sociedad). Es que, de aprobarse, ésta no sólo fija que el 60 por ciento de las inversiones educativas correrá por cuenta de las provincias, sino que fija el destino de los fondos coparticipables para la Educación por ley. Fondos que, por lo tanto, no podrán ser desviados a otros fines. Es por esto que, de aquí a que se apruebe la Ley de Presupuesto, cada universidad vigilará de cerca lo que sucede en el Congreso, además de mantener agitadas reuniones con sus diputados provinciales.

Los rectores también pidieron a Filmus que se incremente el proyecto de presupuesto en otros rubros, como financiamiento, las partidas para Ciencia y Tecnología y para docentes investigadores, o el funcionamiento de los hospitales universitarios. Los mismos arrastran un retraso presupuestario de casi 20 años.