La muerte de Leonel Ayala, docente de 32 años, es una de las 173 que la Justicia investiga en la causa por el fentanilo contaminado. Para su familia, sin embargo, el impacto no se limita a la pérdida sino que expone las consecuencias emocionales de una tragedia que dejó a los allegados sin contención estatal durante meses.
“No solo atravesamos un duelo, sino también un proceso lleno de obstáculos, omisiones e incumplimientos”, dijo su hermano, Alejandro Ayala, al describir este período como una etapa marcada por la lucha judicial y la sensación de abandono.
Según relató, tras el brote infeccioso detectado en abril del año pasado, nadie los llamó, nadie ofreció contención ni seguimiento médico. Recién ahora las familias comenzaron a recibir acompañamiento en salud mental por parte de equipos especializados del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
“Durante estos meses estuvimos completamente solos, sin contención del Estado”, insistió. La ausencia inicial, agregó, tuvo efectos que exceden lo emocional, como la pérdida de trabajos, deterioro económico y rupturas familiares. “La salud mental atraviesa lo físico, lo psíquico, lo laboral y lo económico. Muchas familias perdieron estabilidad”, publicó elDiarioAR.
Las secuelas invisibles del trauma
“El retiro de la atención mediática y la ausencia de reconocimiento agravan esa situación”, advirtió la subsecretaria de Salud Mental bonaerense, Julieta Camels, al describir un escenario en el que el dolor se profundiza cuando el drama deja de ocupar un lugar en la agenda pública. “Cuando el Estado te desconoce, el dolor se profundiza de manera trágica”, señaló
Desde la Provincia sostienen que este patrón ya fue observado en otras catástrofes, como el incendio de Cromañón, donde muchas víctimas quedaron expuestas a duelos prolongados y síntomas traumáticos. “No hay nada peor que una tragedia no sea reconocida como un dolor colectivo”, remarcó la funcionaria.
Camels también alertó sobre el vacío generado por la interrupción de políticas nacionales de acompañamiento en salud mental durante la gestión de Javier Milei. El riesgo, advierten especialistas, no es solo el sufrimiento inmediato sino la cronificación del trauma, con cuadros de angustia, depresión y aislamiento que pueden persistir durante años sin una respuesta sostenida.
Duelo y desprotección
El caso de Leonel sintetiza el recorrido de muchas familias. Había sido internado por pancreatitis, evolucionaba favorablemente y tenía el alta prevista. Tras una intervención, su cuadro se agravó y murió de una infección generalizada. Semanas después, los Ayala supieron que había recibido una dosis perteneciente a uno de los lotes contaminados.
“Sin justicia no hay salud mental. Esto no es un caso individual, es una tragedia social”, sostuvo su hermano quien remarcó que “acá mató la desregulación y la falta de control”.
El abogado de la familia, Sebastián Busso, señaló que la investigación “ya no se limita a las responsabilidades privadas” y comenzó a orientarse hacia posibles fallas de organismos de control y del Ministerio de Salud. “El juez tuvo que reconstruir la trazabilidad del fentanilo, algo que debió haber hecho el Estado”, explicó. Para la querella, ese vacío dejó al descubierto “fallas estructurales graves”.
El rol del Estado
Camels planteó que el acompañamiento estatal es decisivo para la elaboración del trauma colectivo. “Está ampliamente estudiado que en tragedias de este tipo el rol del Estado es central. La presencia, el acompañamiento y el reconocimiento reducen la gravedad de los efectos traumáticos”, dijo.
Definió lo ocurrido como “una tragedia enorme, en un contexto de abandono del Gobierno nacional de los controles”, y aseguró que hoy “no existe ninguna línea de acompañamiento” desde ese nivel.
Recordó además que en 2014 el Estado nacional había creado un programa específico para asistir a las víctimas de Cromañón, luego discontinuado tras un cambio de gestión. “Se creó un programa específico para Cromañón porque, a diez años de la tragedia, comenzaron a incrementarse los suicidios de jóvenes que habían estado en el recital. Ese programa se discontinuó con el cambio de gobierno nacional. Ante ese vacío, desde la Provincia empezamos a recibir pedidos para priorizar la atención y hoy tenemos equipos que trabajan específicamente con esas víctimas”, explicó.
Una red provincial frente al vacío
El abordaje bonaerense se apoya en una reforma iniciada en 2019 que amplió camas de internación, abrió centros comunitarios y sumó personal. La lógica –explicó Camels– es no esperar que quienes atraviesan el trauma busquen ayuda, sino acercar los equipos, evaluar necesidades y construir seguimiento.
“Con los familiares de las víctimas del fentanilo, estamos realizando encuentros grupales para escuchar y comprender las necesidades y evaluar cuándo ofrecer espacios de tratamiento individual”, contó. “Es necesario que los equipos se trasladen a donde están las personas y desarrollen intervenciones de acompañamiento situado, clave para proteger incluso la vida, porque el dolor y la angustia pueden ser insoportables”, advirtió.
“Los síntomas pueden ser muy diversos: ataques de angustia, síntomas corporales, depresiones, consumos problemáticos. Por eso estos dispositivos trabajan en un primer momento crítico, pero también dejan recursos disponibles a largo plazo”, detalló.
“Cuando el Estado se corre, niega o no acompaña, el dolor se profundiza de manera trágica. Esto lo vimos con Cromañón, con Malvinas y con las víctimas de la dictadura durante muchos años”, indicó Camels.
Responsabilidades bajo investigación
La causa judicial –que supera las 6.000 fojas– investiga la distribución de ampollas contaminadas con bacterias multirresistentes fabricadas por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Peritajes determinaron que la bacteriemia fue causa directa o determinante en la mayoría de las muertes analizadas.
Hay 14 personas procesadas y el expediente avanza sobre una posible cadena de negligencias empresariales, controles fallidos y responsabilidades aún por determinar.
En paralelo, la exdiputada Mónica Fein, quien presidió la comisión investigadora del Congreso, advirtió que el caso expuso “delitos empresariales, fallas graves de control estatal y un progresivo debilitamiento del rol del Estado”, y cuestionó la falta de explicaciones públicas acordes a la magnitud de la tragedia.
Los familiares preparan una movilización al Congreso y buscan que el 13 de mayo sea declarado Día Nacional de las Víctimas del Fentanilo. “La lucha es por el derecho a la vida y para que cualquier persona pueda entrar a un hospital y salir con vida”, resumió Ayala.
