(*) Colectivo de Trabajadores por la Ventana
Los gobiernos son los responsables indelegables e intransferibles en la administración sobre nuestro patrimonio vital –fondos previsionales-, y de los aportes contributivos. Ha sido el Estado con sus erróneas y demagógicas políticas, quien ingresó trabajadores al sistema previsional sin respaldo económico, quien no controló que los aumentos salariales sean constitucionales y estatutarios, quien tiene trabajadores precarizados y tercearizados como contrato de obra, pasantías y monotributos, y fueron los gobernantes provinciales quienes entregaron la coparticipación federal de impuestos a la Nación, en un 15% por 13 años.
Estos ataques a los derechos humanos jubilatorios son parte de las medidas político-económicas de ajuste y austeridad de un todo que incluye, entre otros, la reglamentación de la flexibilización laboral y los nuevos requisitos para la pensión por discapacidad.
La ONU en el año 2013 alertaba en un documento bajo el título: “El impacto de las medidas de austeridad en los derechos económicos, sociales y culturales”. Allí se plantean importantes preocupaciones en lo que respecta a la protección de los derechos humanos, en particular sobre los principios de no regresión, realización progresiva, no discriminación y sobre las obligaciones estatales mínimas. Esas afirmaciones pueden leerse: “Para salir de la crisis económica desde una perspectiva de los derechos humanos exigiría rendición de cuentas por los sectores público y privado, inversión social, mejoras en las políticas de creación de empleo y un sistema sólido de seguridad social. Este enfoque se deriva del derecho de todas las personas a un nivel de vida adecuado, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados internacionales de derechos humanos y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La OIT en la introducción a la seguridad social, Ginebra 1984, afirma que la seguridad social es: “…la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas, contra privaciones económicas y sociales que de otra manera derivarían de la desaparición o una fuerte reducción de sus ingresos como consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte; también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con sus hijos”.
Estos derechos se ven bajo ataque violentados por una política económica que avanza en supresiones o restricciones a su plena vigencia. Es en este sentido que, si bien los derechos humanos son leyes y normas, son Estado, necesitan su contraparte, que es el pueblo organizado de manera autónoma. Sin éste los derechos humanos no se cumplen.
Los gobiernos no pueden incumplir y atentar en el sentido de desmejorar la calidad de vida de sus jubilados y pensionados. Tienen que garantizar los principios constitucionales de irrenunciabilidad, progresividad, primacía de la realidad, indemnidad y en caso de duda, interpretación a favor del trabajador (Art. 82, inc. a- Constitución de Entre Ríos, 2008).
No pueden culpabilizar siempre a los mismos y hacernos responsables de las crisis financieras que provocan las malas decisiones políticas. Tendrán que discutir cómo se distribuyen los impuestos en Argentina y en las jurisdicciones provinciales, que asignaciones específicas pueden aplicar en impuestos progresivos, IVA, Ganancias, combustibles, corporaciones mineras, aportes del Tesoro…
Exigimos a los gobernantes de turno, respeto a los que dignamente hemos cuidado y
aportado para sostener el sistema previsional. No vamos a dejarnos presionar, coaccionar ni mucho menos extorsionar por el Estado responsable de la administración de nuestras jubilaciones y pensiones. Los trabajadores activos y los que hemos ingresado al sistema previsional, no vamos a ser la variable de ajuste de los gobiernos, sean del color político que sean.
La Ley 8732/93 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos no se negocia, no se modifica, ni se transfiere.
La lucha continua…
(*) Colectivo docente en la Agrupación Multicolor
(**) Consultas, Ravenna Damián / APDH ZONA NORTE
