Jorge Riani
Una reciente encuesta sobre pobreza e indigencia en Entre Ríos dejó evidenciado que los problemas sociales extremos siguen siendo acuciantes. No obstante, hubo una baja en los índices, motivada por la mayor presencia de ayuda social de diversos orígenes (nacional, provincial, municipal y privado) en beneficio de los sectores más postergados. En medio de las observaciones, los encuestadores han advertido la aparición del fenómeno de ocultamiento de datos motivada por miedo. Quienes reciben dinero o ayuda en especie temen perder el sustento elemental. “Hay una cultura del miedo que comienza a hacerse evidente”, se observó.
Un extraño, la entrometida autoridad pública en la casa o el mismísimo agente capaz de decir basta a los planes sociales; eso y otros demonios son lo que muchos entrerrianos ven en la figura de un encuestador. Es que la tarea de indagar en la realidad social, con aval de un Estado que ha sembrado desconfianzas varias a lo largo de décadas y un cuestionario que centra la atención en torno al sustento elemental de la familia, provoca un cóctel de aprensión por parte de los encuestados. Y esa desconfianza ha introducido un nuevo elemento que los expertos en estadísticas deberán tomar como variable: la cultura del miedo social.
“Lo que vemos es que el fenómeno del miedo obedece a varias razones; primero, la gente tiene miedo a declarar porque puede estar recibiendo más de un programa social: Jefes y Jefas de Hogar, bonos del Plan Alimentario Familiar, el Incinipa, la Ley 4.035 o incluso bolsones. Pero también hay una cultura del miedo que comienza a hacerse evidente. La gente siente miedo de que le quiten la ayuda, de que la denuncien”, explicó la directora de Estadística y Censos de la provincia, Graciela Mingo de Bevilacqua, en diálogo con ANALISIS.
Ese comportamiento de ocultación se hace muy evidente cuando las encuestas giran en torno a los planes sociales, fundamentalmente. La licenciada Bevilacqua no dudó en comparar el fenómeno con la actitud de los sectores de mayores ingresos para evadir el pago de mayores tributos, sólo que para el caso en cuestión lo que la gente de menores recursos observa que está en juego es su bien terrenal más preciado: los bolsones, la ración de alimento que le dan en los comedores comunitarios o los pocos pesos que reciben a modo de pensión asistencial.
“Los encuestadores –amplió la licenciada Bevilacqua– van a las casas en busca de datos para la Encuesta Permanente de Hogares, y en muchas oportunidades lo que se busca saber es qué otras estrategias (de supervivencia) se dan las familias. Entonces nos encontramos con que, así como muchas familias altas subdeclaran sus ingresos escapando a la AFIP o de situaciones de inseguridad, quienes viven de los planes sociales también prefieren no declararlo”.
Lo cierto es que los profesionales, al ir a indagar datos de la realidad terminaron encontrándose con un elemento novedoso que ahora será materia de observaciones y posteriores explicaciones.
Desde la Dirección de Estadística y Censos (DEC) se decidió acudir a la institución par de la órbita federal, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para poner en observación los casos de ocultamiento, debido a que los casos pueden cambiar el rumbo de la realidad escrutada. Entre las posibilidades que se barajan está la de dejar abierta la interpretación de lo observado por el propio encuestador.
Pero en lo que constituye un método inicial para hacer frente a la situación –poco científico pero con mejores posibilidades que las que ofrece no hacer nada al respecto– los encuestadores han recibido la orden para aplicar todas las destrezas comunicacionales a fin de sacar los datos que se necesitan mensurar. No siempre se logra el cometido, y entonces se dan casos como el de una vecina que juraba no recibir bolsones de comida, mientras su hijo ingresaba a la vivienda con la asistencia periódica.
La marca que el ocultamiento deja en las encuestas queda al descubierto al cruzar los datos entre lo que se emite y lo que se declara como recibido. Así, en Paraná se distribuyen 10.000 bonos PAF, pero cuando se buscan los datos por el extremo del beneficiado hay una falta de concordancia.
(más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
