Fabián Magnotta
(desde Gualeguaychú, especial para ANALISIS)
“Conmoción institucional”. Tal fue el término utilizado por el juez de Instrucción número 2 de Gualeguaychú, Roberto Javier Cadenas, para solicitar ante el Superior Tribunal de Justicia una excepción en la feria judicial. De ese modo, en efecto, no hay feria de invierno en el despacho del primer juez surgido del Consejo de la Magistratura. Cadenas, de 36 años, se enfrenta a la causa más grave en varias décadas en Gualeguaychú, un hecho que por su magnitud no tiene antecedentes. Es que, desde el punto de vista de la administración municipal, la democracia halla cambios cromáticos, pero mantiene una línea de ausencia de escándalos o denuncias resonantes. El radical Ricardo Taffarel en 1983 y los peronistas Manuel Alarcón en 1987, Luis Leissa en 1991, Daniel Irigoyen en 1995 y Emilio Martínez Garbino en 1995, tuvieron diferentes estilos de conducción, pero sus gestiones no estuvieron signadas por actos de corrupción. Hoy, sin embargo, un faltante enorme de dinero sacude a la administración de Daniel Irigoyen. Y aunque el caso no ha llegado a salpicar la honestidad del jefe comunal, cierto es que jaquea severamente los controles y el orden administrativo.
Habitualmente templado y poco demostrativo, desde el jueves 30 de junio camina entre el nerviosismo, la bronca, el desconcierto y la desolación. Es verdad que Daniel Irigoyen tiene la espalda endurecida por la vida: sufrió la muerte de una pequeña hija y la cárcel de la dictadura. Ello no impide, sin embargo, que ahora lo rodee la desazón. Ese jueves, justamente, una empleada de Tesorería Municipal le contó lo que venía sucediendo en el área de los números. Ese día, también, dicen que el tesorero Ángel José Giménez lloró y le relató todo en el alto salón azul, principal despacho oficial. Irigoyen fue de inmediato a la Justicia, y más tarde volvió para ampliar su denuncia.
En aquella noche del viernes 1º de julio, casi nadie en Gualeguaychú sabía lo que había sucedido. Con su maletín y su tristeza, el intendente buscó al secretario de Gobierno, Sergio Delcanto, para decirle que ya había brindado detalles en la Justicia. Después salió lentamente, último, como si buscara piedritas con algunas respuestas en el hall municipal. No sabía si apurarse o detenerse; era lo mismo.
El intendente parado en las escalinatas, que miraba sin sentido las luces quietas de la Plaza Urquiza, con el rostro desencajado, era la foto de lo que el flamante juez Roberto Cadenas, con acierto, definiría como “conmoción institucional”.
Un perro flaco pasaba por la plaza y dos novios se juraban amor eterno debajo de un árbol. La humedad de junio se resistía a despedirse, y las primeras brisas del impredecible julio eran tan pesadas, que soplaban tormentosas.
El fiscal Rubén Chaia imputó al ex tesorero Ángel José Giménez el delito de peculado, por 13 hechos, y un faltante en la Tesorería Municipal que podría rondar los 2 millones de pesos. El peculado es un delito consistente en el hurto de propiedades del erario público, cometido por aquel a quien está confiada su administración. Los hechos fueron denunciados por una empleada muy cercana a Giménez, y más allá del grave caso de corrupción, desnudan una alarmante falta de control en el área de Hacienda, a cargo de Néstor Pérez, ya que las supuestas maniobras dolosas se habrían efectuado en el lapso de varios meses.
Mientras los vecinos comienzan a cuestionar severamente la ausencia de controles en el área contable municipal, se supo que la empleada de Tesorería denunció inicialmente “diferencias de conciliación bancaria del orden de los 480.000 pesos”, por lo que se realizó un “arqueo” de la caja. El resultado de esta investigación confirmó la denuncia en cuanto a “la existencia de tres cheques por 19.800 pesos, 38.400 pesos y 85.900 pesos (cobrados con fecha 17/06/05, 28/06/05 y 29/06/05) cuya salida no aparece contabilizada en el libro de bancos de la Tesorería”.
Además, se observó que el 22 de febrero de 2005, la Municipalidad libró orden de débito al Nuevo Banco de Entre Ríos por 210.000 pesos, para acreditar a distintas cuentas de terceros, lo que generó un cheque que necesariamente debió ser anulado por el tesorero, dado que la transferencia bancaria había sido solicitada por nota. Sin embargo, ese cheque habría sido cobrado posteriormente por alguien -se sospecha que el propio Giménez- ante la ventanilla del banco. Es por eso que la Justicia pidió las filmaciones del BERSA.
A esta altura de los acontecimientos, el monto es un enigma. La Municipalidad de Gualeguaychú reconoció oficialmente, en una gacetilla del lunes, unos 830.000 pesos. Pero horas después, un alto funcionario admitió que “puede haber un poco más”. Este martes llegó a la ciudad un equipo de especialistas del Tribunal de Cuentas, que seguramente informarán la cifra final del dinero que les robaron a los contribuyentes.
En la denuncia presentada por la Municipalidad, el ex tesorero Giménez aparece como el único supuesto responsable. Sin embargo, la sabiduría del mejor contador y el sentido común del vecino se unen en el convencimiento de que las maniobras eran imposibles en manos de una sola persona. Es por ello que los cuestionamientos vecinales crecen hacia Néstor Pérez, titular de Hacienda.
(más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
