Jorge Riani
Los casos de tenencia de drogas u otros asuntos menores por estupefacientes pasarán de la órbita de la Justicia Federal a los tribunales entrerrianos, según lo dispone una ley nacional a la que adherirá la provincia. La simple comparación de estructuras para el caso de Entre Ríos -donde sólo hay dos jueces federales frente a 36 jueces de Instrucción, Correccionales y de Menores con competencia penal- le da crédito a quienes argumentan en favor de la nueva ley. Además, las estadísticas hablan de un déficit en la resolución de casos: sólo el dos por ciento del total de los sumarios que se impulsan por infracción a la Ley de Estupefacientes se elevan a juicio oral. Entre las consultas realizadas por este semanario, quedó claro que no se puede discutir el tema drogas sin dejar de buscar cuál es la mejor manera de que la Policía esté bajo control para evitar las mafias de las cajas negras y las causas dibujadas. En ese sentido, hay posiciones encontradas al debatirse la flamante legislación. Lo que sigue es una síntesis de una discusión entre entendidos y expertos sobre la nueva ley y los efectos que tendrá en la provincia.
La provincia de Entre Ríos se encamina con pasos firmes a adherir a una ley recientemente creada por la cual se desfederalizan las causas judiciales iniciadas por casos menores por drogas. En otras palabras, lo que hasta ahora era competencia de un juez Federal, en poco tiempo será materia de trabajo de un magistrado del Poder Judicial de la provincia.
La nueva legislación -ya en vigencia- modifica la Ley de Estupefacientes Número 23.737, y dispone separar las competencias de la Justicia Federal y la provincial, por cuanto queda para este último ámbito la persecución de los delitos de tenencia para consumo personal y comercialización de droga en menor escala.
El cambio, ha desatado una andanada de críticas de lo más diversas, tanto en el ámbito de los tribunales ordinarios como de los federales. Hay voces a favor y duros cuestionamientos a la nueva ley. Entre los testimonios recogidos por ANALISIS en la sede federal, sobresale la que expresa el temor por el hecho de que “disipando el ámbito de la investigación entre las provincias, puede comenzar a hacerse menos eficiente la tarea y terminar dando lugar a mayor corrupción”.
Enfrentando esa postura, no faltan quienes ven en la provincialización de las causas la posibilidad de que se multipliquen los ojos de los jueces sobre la tarea policial en un tema tan complejo como es la droga. En tal sentido, se consideró oportuno el cambio porque se dan mayores garantías.
Entre los extremos que definen las posiciones encontradas sobre el tema, se dibuja una realidad en números que no deja de dar argumentos a quienes propiciaron el cambio de legislación. El 40 por ciento de las causas que se instruyen en el fuero penal federal argentino corresponden a delitos relacionados con el tráfico de drogas. Según estadísticas oficiales, sólo una pequeña porción, aproximadamente el dos por ciento, del total de los sumarios que se impulsan por infracción a la Ley 23.737, se elevan a juicio oral. En esa instancia, en casi el 80 por ciento de los casos los acusados reciben una condena.
Con los datos tirados sobre la mesa de discusión, en el Congreso de la Nación tomó fuerza la campaña que el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, inició para que sean las provincias las encargadas de atender los asuntos de drogas, cuando no se esté hablando de peces gordos de la venta de las mismas. Así, ambas Cámaras legislativas dieron su aprobación al proyecto, y ahora las provincias deben decidir si adhieren. Entre Ríos sería una de las primeras en sumarse al nuevo sistema, por lo que prontamente los jueces provinciales estarían entendiendo en lo que respecta a la tenencia de estupefacientes.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
