Luis María Serroels

Hace largo tiempo analizamos la obcecación del gobierno uruguayo en continuar con la instalación de plantas elaboradoras de pasta celulosa, con grave impacto ambiental negativo en nuestro territorio. Los dichos más desafiantes partían de boca del entonces presidente del hermano país, Jorge Batlle, que no respetó la historia común de ambos pueblos ni elementales normas diplomáticas a la hora de exhibir belicosas posturas muy propias de sus conocidos exabruptos.

La determinación unilateral significó una clara provocación, para la cual se introdujeron, a modo de justificación, cuestiones de soberanía mal entendida que podrían tener efectos en el frente interno aderezadas con dosis de demagogia, pero que en lo sustancial soslayan normas internacionales inspiradas en el respeto mutuo entre los países a la hora de defender la vida.

El increíble sesgo que ha tomado el conflicto, a partir de la lucha entablada desde Entre Ríos en una acción conjunta de su población y gobernantes, munidos de sólidas fundamentaciones técnico-científicas a la hora de demostrar el severo atentado contra el equilibrio ambiental que supone el asentamiento de las empresas Ence (española) y Botnia (finlandesa), debe mover a una honda y sostenida preocupación.

Los tiempos han acelerado el enfrentamiento y las gestiones mixtas desde este lado del Río de los Pájaros han encrespado los ánimos orientales, al punto de llevarlos a concebir el diferendo como una causa nacional a dirimir frente a una inexistente nación enemiga.

No es ocioso revisar las recientes declaraciones de Jorge Pedro Busti, que tanto encolerizaron a sectores del Uruguay, incluyendo su actual presidente, Tabaré Vázquez, que rápidamente ordenó llamar a su embajador en Buenos Aires (el gobernador habló de incentivos a la hora de explicarse la posición intransigente uruguaya de no discutir los factores contaminantes de las pasteras).

A simple vista, deben ser muy pocas las personas que dejaron de advertir que lo que en realidad quiso expresar Busti fue tal cual lo que dijo y que impactó velozmente en la susceptibilidad de los uruguayos. No es razonable que ellos pretendan fundar derecho en una seudo soberanía para vulnerar acuerdos internacionales y bilaterales en torno de la protección del medio ambiente.

Los incentivos que luego menciona Busti, los identifica con los elementos utilizados por el establishment oriental para cohonestar el violentamiento de tratados de inexcusable cumplimiento para las partes suscribientes. Pero como si estuviese aguardando algún tipo de detonante con fines de frágil justificación, poco demoró el gobierno charrúa (con múltiples adhesiones internas propias de un orden corporativista) en decidir oficialmente que no aceptaba las disculpas de Busti, optando por demandar un pronunciamiento del Presidente Néstor Kirchner como voz oficial de la Argentina. Sin darse cuenta, la diplomacia uruguaya no hizo otra cosa que recordar y aceptarle a nuestro mandatario su decisión categórica, oportunamente asumida, de declarar la lucha contra las fábricas de celulosa una causa nacional.

La clara y expeditiva contestación del canciller Rafael Bielsa, que avala las acciones del gobierno entrerriano y ratifica los argumentos sostenidos hasta hoy, posó el balón en campo contrario, donde seguramente esperaban otra jugada. La reacción final de la diplomacia charrúa arrojó la pelota afuera y embarró más la cancha.

Ante esta hipersensibilidad de la Cancillería de la otra orilla no debemos olvidar que Busti y el vicegobernador Pedro Guillermo Guastavino no fueron tratados con la debida consideración y respeto en su incursión por Montevideo, cuando el diario El País les dedicó un editorial cargado de frases agresivas y calumniosas, al acusarlos de no querer el progreso y el desarrollo de la República Oriental del Uruguay (los 7.000 millones de dólares de argentinos depositados en bancos de ese país, los 4.000 millones invertidos en bienes inmuebles en su zona balnearia y los 500 millones que cada verano cruzan la frontera no son precisamente indicativos de un deseo de cercenar su progreso).

Pero si de agravios se trata, ¿les parece poco lo que ellos están desencadenando en perjuicio de los argentinos y entrerrianos en especial, cuando bajo una consigna de ejercicio soberano ignoran y pisotean acuerdos binacionales y pautas precisas de orden mundial sobre la preservación del medio ambiente?

Ciertamente, el resistir semejante avasallamiento puede ser una buena política de Estado en Entre Ríos. Y en ella pasa a ocupar un sitio principalísimo el rechazo hacia toda forma de contaminación, porque así nos lo manda nuestra propia carta magna (artículo 41º).

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)