Claudio Gastaldi
(desde Concordia)
Mario Yedro nunca masticó tanta bronca como la vez que escuchó del fiscal, en pleno juicio oral, el pedido de una pena de tres años de prisión condicional, el decomiso del campo de 2.200 hectáreas -también denunciado por ANALISIS en 1997-, una multa de 90.000 pesos y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Casi diez años después, la propia Justicia confirmó lo que este semanario reveló en julio de 1996, cuando Yedro tenía todo el poder sobre sus espaldas, era jefe de la bancada mayoritaria del Senado, manejaba dinero, cargos y promesas. Por estas horas se conocerá el fallo de los jueces camaristas Mariela Rojas, Martín Carbonell y Marcelo Garay. La pregunta es cuándo será el turno de la AFIP.
El rostro de Yedro se transfiguró el viernes pasado cuando el fiscal Carlos Larrarte le pidió en la cara al tribunal una condena ejemplar para el hombre acusado de corrupción. “Acá se ha robado una suma muy importante… Es necesario que ese dinero vuelva a la gente”, señaló el fiscal, en medio de un silencio pocas veces recordado en un auditorio tribunalicio. A Yedro casi que no le alcanzaba con la mirada de reojo de su abogado y ex funcionario bustista, Jorge Romero, o la palmada casi cómplice. Poco a poco fue sintiendo el peso de la ley y observando que se venía su ostracismo político definitivo, sin retorno.
Larrarte también habló de la “codicia e impunidad” de Yedro. Claro, el ex legislador del PJ no sólo dejaba todos los dedos marcados mientras exponía sus riquezas a una sociedad que se empobrecía, sino, y lo que es más grave, se presume que también evadió, es decir, defraudó al Estado mientras lo representaba.
Si hay, como se supone, un fallo condenatorio, será el turno de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Le tocará a este organismo comparar las declaraciones juradas para determinar si disminuyó su patrimonio y si declaró menos de lo que le ingresaba.
¿Actuará de oficio el organismo que suele perseguir a pequeños contribuyentes? Quedará por verse. La sociedad comprobará si, como dijo el fiscal, será éste uno de los tantos casos de remedo de justicia: ladrones de bicicletas que van presos por cinco años, comparados con este tipo de delitos donde los daños son millonarios y “no pasa nada”, o demasiado poco.
Pero el dato sobresaliente del reclamo del fiscal fue el planteo de decomiso del campo adquirido por Yedro en 1997, en el departamento Tala, a pocos meses de iniciarse la causa por enriquecimiento ilícito.
Ese campo hoy, y de acuerdo a lo dicho a ANALISIS por especialistas, estaría costando alrededor de 3.000 dólares la hectárea; es decir, un patrimonio de alrededor de seis millones de dólares. Pero esto sería apenas el valor de la tierra, falta aquí determinar maquinarias y miles de cabezas de ganado que ni siquiera fueron mencionadas en este juicio, que Yedro se ha encargado de ocultar especialmente, incluso llevándolas a otros campos y que fueron descubiertas por este medio hace años.
Por todo esto, y en un país normal, con una Justicia funcionando y con organismos del Estado que actúen ecuánimemente, sería obvio suponer que esta historia no termina aquí. En este juicio no se ventiló todo lo que Yedro efectivamente tiene; su real patrimonio es mayor que lo que se comprobó hasta ahora en sede tribunalicia, pero será la AFIP a quien le tocará demostrarlo.
Por esta razón no es ocioso destacar que, por una evasión simple (100.000 pesos anuales) la Ley Penal Tributaria fija penas que van desde los dos años y seis meses hasta los seis años. En tanto, la evasión agravada tiene penas no excarcelables de tres años y seis meses a nueve años. Formulamos este apunte por las categóricas afirmaciones del fiscal en su alegato, cuando comparó a los “pobres”, a quienes les pide una pena de hasta cinco años de prisión por “robar una bicicleta”, con este tipo de delitos.
Larrarte pidió para Yedro, además, una pena de tres años de prisión condicional. Es decir, si los camaristas no suben la apuesta, Yedro no irá preso. Casi nada luego de todo lo que le imputó. Dijo que se quedaba ilícitamente con dinero de la gente (la cuota litis en el caso Moledo); que se prestaba millones a sí mismo para despistar (cuando compró el campo que debería devolver); calificó a quienes lo rodearon como testaferros, hombres de paja, prestanombres, compinches; dijo que mintió en la relación de su esposa con el Estado y que inventaba sociedades truchas.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
