Jorge Riani
Según los cálculos proyectados, en el cercano 2006 serán 57.168 los empleados del Estado provincial, con los 2.347 nuevos que se sumen. En el reino de los acomodos y el favoritismo, se le ha inyectado el gas paralizante al proyecto de Régimen Jurídico Básico, con el que se pretendía dar un encuadre lógico a los nombramientos. La idea era legislar para que quien ingrese a la administración pública lo haga con el aval de un concurso ganado. Eso, por sí solo, no es garantía de nada, según se advierte en lo que pasa actualmente en el Poder Judicial, donde el sistema de exámenes que se aplica desde hace cuatro décadas es violado por los mandamases, con una figura inventada para tal fin: los cargos técnicos. Según pudo saber ANALISIS, desde el próximo ejercicio, el Ministerio de Gobierno, a cargo de Sergio Urribarri tendrá 326 nuevos cargos distribuidos en diferentes dependencias, mientras que en Economía se sumarán un centenar y medio. ¿Quién dijo que el festival de designaciones había terminado?
Mientras el Régimen Jurídico Básico sigue abrazado por el frío letargo de los cajones, la administración pública entrerriana continúa siendo el frecuente recurso al que se echa mano al momento de ubicar a amigos, parientes, compañeros, correligionarios, simpatizantes, vecinos que pronto pasan a ser agentes del Estado provincial. Eso explica, en parte, el incremento del 32,36 por ciento en el gasto en el rubro Personal de Planta Permanente para el Presupuesto 2006, lo que -en constante y sonante- significa un aumento de 340.041.477 pesos con respecto a lo que se pagó en sueldos en 2005.
El gasto total en sueldos para ese período será de 1.390.564.000 pesos, lo que insume el 38,46 por ciento del total del gasto presupuestado, mientras que se estima que la cantidad de empleados públicos pasará a ser de 57.168 personas: 2.347 más que este año.
El proyecto de Régimen Jurídico Básico era la promesa que los gremios le habían arrancado al actual gobierno de que el ingreso al Estado provincial tendría un marco lógico y de normas claras. Llegar a consensuar proyectos, con la participación activa de legisladores oficialistas y de la oposición fue de por sí una tarea ardua, que incluso debió incluir batallas contra la trampa solapada que algún diputado oficialista logró colar en la discusión. En medio de las adversidades, el proyecto se hizo y tomó estado parlamentario. Sin embargo, el tiempo pasa y las viejas prácticas de hacer nombramientos con la discrecionalidad absoluta del gobernante de turno y sus acólitos con poder sigue siendo la misma que primó en toda la historia institucional de la provincia.
Está claro que, planteado en términos globales, los números estadísticos abarcan sin ningún tipo de discriminación a quienes llegaron al seno del Estado para cumplir con una tarea necesaria y quienes lo hacen por favoritismo político. Eso es precisamente lo que garantiza el estado de cosas imperante y la evidente falta de voluntad política de aprobar el marco regulatorio del empleo público que contempla, por ejemplo, el concurso para acceder a un cargo en la provincia.
Hay que decir, no obstante, que la vigencia de sistemas de concurso no es garantía de criterio científico y justo cuando hay voluntad de violar ese método. Según el proyecto de Presupuesto que el Senado provincial se disponía a aprobar al cierre de esta edición, en 2006 el Poder Judicial incrementaría la planta de cargos de personal permanente en 2,74 por ciento respecto a este año que finaliza.
A pesar de que el acceso por concurso rige desde hace más de cuatro décadas en Entre Ríos, los Tribunales no escapan a la tentación del nombramiento fácil y digitado. De hecho, es uno de los lugares más codiciados para ubicar a los amigos y parientes.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
