Silvio Méndez
Con la reciente sanción del nuevo Código Urbano del municipio paranaense, algunas zonas del ejido cambiaron de estatuto, pasando a ser consideradas “residenciales”. La modificación, que afecta entre otros al sector Este, amenaza parte de un área natural que era protegida por ordenanza y la continuidad del trabajo de un importante número de vecinos que subsisten del producto de sus huertas. Para este sábado, un grupo de ellos organizó una actividad cultural para poner en debate la necesidad de conservar este cordón verde para la ciudad que se ve condicionado por la nueva normativa. De acuerdo a lo indagado por ANALISIS, detrás de las modificaciones al estatuto de planificación estaría en ciernes un fabuloso negocio inmobiliario de interés para un encumbrado funcionario municipal ligado al sector.
Hubo un tiempo no muy lejano en que numerosos vecinos de la ciudad de Paraná compraban alimentos frescos, verduras de estación, productos de granja y lácteos muy cerca del casco urbano. Muy cerca, en la serie de quintas que aún se conservan hacia la zona Este. Por distintas circunstancias, el cambio de los ámbitos de consumo, promoción de los hipermercados y políticas de desarrollo que han relegado a este sector para otros fines, esta práctica se fue casi extinguiendo. Aún así, un grupo importante de pobladores todavía cultiva sus huertas y, gracias a programas especiales impulsados por Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), produce alimentos para la subsistencia.
Con la idea de reimpulsar esta actividad, generar una feria para la comercialización de los excedentes y conservar el medio natural de forma sustentable, desde la asociación civil La Casita del Huertero, junto a organizaciones no gubernamentales e instituciones oficiales, se comenzó a trabajar en diversos proyectos. Pero hete aquí que el 29 de noviembre del año pasado, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la ciudad de Paraná aprobó un nuevo Código Urbano que, entre otros sectores, afecta la zona donde se emplazan estos ciudadanos. A través de la nueva normativa que lleva el número 8.563, en la zona delimitada por las calles Bazán y Bustos al Este, Juan Jozami al Norte, López Jordán al Oeste y avenida Circunvalación José Hernández en curva hacia el Sur (artículo 188), se autoriza la urbanización, edificación y loteo que determina un mínimo de 15 metros de frente, con un área de 450 metros cuadrados. Éste es uno de los tantos sectores afectados, que abarca las vecinales Lomas del Seminario, Brisas del Este, Circunvalación y Quintas al Este.
Con la nueva legislación, no sólo se ve amenazada la continuidad de las actividades productivas de los que allí residen, sino que asimismo permite la paulatina pérdida de un rico ecosistema que oxigena la ciudad. En la misma ordenanza del Código se deroga, entre otras, la Número 8.277/01 que suspendía la urbanización en el área comprendida por avenida Almafuerte, avenida Circunvalación, calle Rondeau, el río Paraná y el arrollo Las Tunas. También esta anulación es contraria a otra medida del HCD, la Número 7.961/97 por la se que adhiere a la ley provincial de Áreas Naturales Protegidas (Número 8.967) entre las que se ampara lugares como la zona del camping de la Toma Vieja. Aunque, bien es sabido el poco apego a la ley que tienen muchos emprendimientos que sostiene el municipio, teniendo en cuenta la mega discoteca que se construyó sobre el parador nativo resguardado donde hasta hace pocos años se podía disfrutar de un día al aire libre. De todos modos, para sumar irregularidades y torpezas consentidas en los ediles, la reciente ordenanza ni tan siquiera respeta el articulado de la normativa derogada que mandaba, como paso ineludible para realizar un nuevo Código Urbano, receptar las opiniones de los vecinos que serían afectados (artículo 6 de la 8.277), y que en este caso fueron totalmente ignorados. Tal metodología, como la maraña legal en que se convierte el Código Urbano, no sería inocente.
Según distintas fuentes del HCD, como de organizaciones que luchan por la preservación del medio ambiente, las reformas estarían fundadas en recaudar más impuestos por el cambio de estatuto de los terrenos, en uno de los tantos intentos desesperados por hacer frente al creciente déficit de la comuna, como también estaría ligado al proyecto de un fabuloso negocio inmobiliario del que no sería ajeno un alto funcionario municipal al servicio del sector. Ante la creciente necesidad de espacios para la construcción, y merced a una legislación y planificación urbana que desvaloriza el espacio natural y lo producido en estas fincas, se produciría un alza en las cotizaciones de las propiedades en un lugar estratégico respecto al centro. Como efecto perverso de este modo de gestión del “desarrollo”, los residentes podrían resistir muy poco los costos de manutención fiscal y las ofertas por sus predios que, igualmente, intercambiarían a un precio vil.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
