Luego del fallo que dio por tierra con la esperanza de que impidiera el paso de los camiones hacia Botnia, el juez federal de Concepción del Uruguay dispuso una batería de medidas para determinar “de manera fehaciente” si los proyectos en construcción en Fray Bentos cumplen con el derecho vigente en materia ambiental. Son, paradójicamente, varias toneladas de papel las que deberán llegar.

Por Américo Schvartzman

El lunes el fallo del juez terminó con las especulaciones acerca de si la presión del gobernador se iba a concretar o no con su presencia en el Juzgado: a primera hora de la mañana se conoció su decisión de no hacer lugar al pedido de impedir el paso de cargas destinadas a la empresa Botnia. Aunque Guillermo Quadrini no resolvió la cuestión de fondo –es decir la denuncia de Busti y Guastavino contra los directivos de las empresas– la resolución es un duro golpe para las “palomas” de la Asamblea Gualeguaychú, es decir, los que impulsaban suavizar un poco los cortes, tal como lo pedía el gobernador.

Después del primer impacto informativo se conocieron más detalles. Los fundamentos del magistrado se basaron en que una decisión de ese tipo sólo la puede tomar el Presidente de la Nación: “Las prohibiciones económicas y las no económicas previstas por la legislación aduanera sólo pueden ser dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, resultando igualmente éste es el único facultado para dejarla sin efecto”.

Pero además, y aunque el detalle pasó desapercibido para muchos medios, en el último punto de su resolución, tras notificar a las partes (“tanto por la parte querellante –Busti Jorge P. y otros–, como así también por el Dr. Fabián Moreno Navarro –de la Asamblea de Gualeguaychú-“) el juez también resolvió que se pasen a resolver “de manera inmediata las medidas instructorias requeridas y propuestas a fs. 26/34, ello de conformidad con lo dispuesto por el art-.193 del CPPN”.

En efecto al día siguiente Quadrini dispuso las medidas probatorias “tendientes a dilucidar los aspectos técnicos” para que respondan luego los ministerios correspondientes de ambos países, y así determinar “de manera fehaciente” si los proyectos en construcción en Fray Bentos cumplieron con “los principios básicos que rigen en materia ambiental incorporados por el Derecho Comunitario y el Derecho Internacional”.

Luego Quadrini enumera los puntos específicos sobre los que deberán responderle los ministerios argentinos (de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a cargo de Jorge Taiana, y de Salud y Ambiente, a cargo de Ginés González García) y sus pares de la República Oriental del Uruguay. Entre ellos se cuentan:
- si se cumplió con la “obligación de cautela a nivel universal” del Protocolo de Montreal de Bioseguridad;
- si ambas naciones firmaron el acuerdo de Nairobi de mayo de 2000;
- si cumplieron con los principios de prevención y precaución surgidos de la Comisión Interamericana para el Desarrollo Sostenible (CIDS) según el plan de acción de la Cumbre de las Américas de 1999;
- si cumplieron con la exigencia de muestreo sobre derecho ambiental y estrategias de participación ciudadana en la toma de decisiones, de acuerdo a lo acordado en el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI);
- si dieron participación a especialistas en recursos hídricos, ambientales, etcétera, y ONG destacados por su gestión en cuanto al río Uruguay;
- cuál fue la conclusión respecto de estos proyectos en cuanto a preservación de la biodiversidad en los términos del Protocolo sobre Medio Ambiente del Mercosur.

Entre las medidas también anuncia que vía exhorto diplomático, pedirá constancias de todas las actuaciones judiciales instruidas en Fray Bentos, vinculadas a los proyectos de Ence y Botnia, y la remisión de la ley uruguaya de residuos peligrosos.

(Más información en la edición ráfica de la correspondiente semana de ANALISIS)