Guantes blancos
El titular de una conocida escribanía ubicada en inmediaciones de calle Laprida estaría siendo denunciado penalmente ante la constatación por parte de un cliente de graves delitos. La maniobra, que podría estar sistematizada por una verdadera mafia conformada por escribanos y abogados, consiste en no desembolsar las retenciones que se les efectúan a los clientes en aquellas operaciones inmobiliarias que tienen embargos. Es decir, el cliente paga al momento de la escritura, pero los profesionales que deben efectivizar el pago en sede judicial no lo hacen, se quedan con la plata, apostando a la prescripción o caducidad de los embargos.
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Y ahora… ¿quién podrá defendernos?
La creación de la Defensoría del Pueblo (Ordenanza Número 8.391) y consecuente designación de su titular y la defensora adjunta constituyó una acertada medida que apunta a plasmar un mejor ordenamiento de las relaciones entre la ciudadanía y la administración, a través de la protección de sus derechos. Los problemas devienen de la desatención que sufre el ciudadano en diversos órdenes, por incumplimiento de pautas, cláusulas, contratos y hasta mal trato, cuando se sobrepasa lo tolerable y se lo expone a un sin fin de incomodidades y molestias injustas. Desde luego que el mayor mérito es de los convencionales de 1994, cuando incorporaron esta figura en el artículo 86º de la reformada carta magna, como órgano independiente en el ámbito del Congreso Nacional. Como se sabe, la renuncia presentada por el licenciado Jorge Kerz como Defensor para asumir funciones en el Ministerio de Salud y Acción Social llevó a que su adjunta Martha Benedetto quedara a cargo del organismo hasta que sea designado el nuevo titular. Muy cerca de cumplirse un año de esta situación y luego de una inexplicable demora en elegir el nuevo funcionario entre 24 candidatos (originalmente eran 28 pero cuatro retiraron su postulación), nuestros concejales se enfrentan a un problema que no pueden solucionar y que genera no pocas suspicacias.
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¿Compra de legalidad o competencia interprovincial?
Uno de los operadores de los tragamonedas en Entre Ríos quedó en el ojo de la tormenta en la ciudad de Santa Fe: se trata de Víctor Hugo Asteggiano. El empresario figura como titular de la firma Electric Line SRL, que tiene a su cargo la explotación del juego en la sala de Crespo. Mientras en Entre Ríos la firma y su titular quedaron contenidos en la denuncia por presuntas irregularidades en la concesión dada por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), en Santa Fe lo que se investiga es cómo fue que esa empresa logró que la Justicia le aceptara un amparo para convertir sus casinos ilegales en habilitados. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de la vecina provincia ordenó investigar la actuación del juez Héctor Valli. “Hay que deslindar las responsabilidades administrativas que le pueden haber correspondido al magistrado que concedió el amparo” para que las máquinas tragamonedas puedan funcionar.
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Aprietes
La semana pasada, la ciudad de Victoria fue golpeada por la tragedia cuando una lluvia torrencial arrastró hacia un desagüe a un automóvil que provocó la muerte de cuatro de sus ocupantes, entre ellos dos chicos, en un lugar que se conoce como la Zanja de Joti, cuyas obras de acondicionamiento están trabadas desde hace más de una década y que el gobernador anunciara este martes que se realizarían con fondos nacionales. Tras el accidente, un grupo de familiares de las víctimas lanzaron una inmediata convocatoria para una marcha de protesta por la demora de las obras. En eso estaba un nutrido grupo de jóvenes, pegando fotografías de los fallecidos y convocando a la marcha, cuando fueron apretados por efectivos policiales y otros vestidos de civil, que derivó en su detención por más de tres horas sin que les fueran informados los motivos.
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