Marconi, nuevo columnista de Matiassi
Jorge Otaño y Marcela Ciparo prestan funciones en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y en 2004 concurrieron a la empresa Honda Paraná, de Rodolfo Marconi. La AFIP estaba realizando una fiscalización sobre sus movimientos financieros y a tres firmas que lo tienen a él como presidente: Rodolfo Marconi SA; Leo Blanck SACIIFAM y Albasol SA; la primera ubicada en avenida Almafuerte (donde funciona Honda Paraná) y las otras dos en Delgado 610 y 130, respectivamente. En la tarea investigativa se habría determinado que Marconi envió cerca de 900.000 dólares al exterior (precisamente a la República Oriental del Uruguay, entre 2001 y 2002) y habría consignado préstamos por 200.000 dólares, aunque nunca se habría intimado a pago alguno. El lunes 4 de octubre, cerca del mediodía, los dos funcionarios de la AFIP concurrieron al negocio de avenida Almafuerte, para notificar, por acta, las diferencias de impuestos determinadas por la inspección. La cifra rondaba los 1,2 millones de pesos. Fueron atendidos por el mismo Marconi, quien los invitó a pasar a una oficina reservada, quedando los tres solos. Cuando los representantes del organismo de control le informaron el motivo de la presencia en la firma, Marconi de inmediato acudió telefónicamente a su contador Oscar Weller. El citado profesional habló también con Otaño, a quien le sugirió que no procedieran a notificarlo, pero el funcionario se negó a tal petición. “Es lo que tenemos que hacer”, le contestó y no se movió de tal postura. La comunicación telefónica se cortó y Marconi comenzó a insultarlos -según consta en la denuncia ante la Justicia Federal-, diciéndoles, entre otras frases, que eran “unos resentidos” por trabajar en la Dirección General Impositiva, a la vez que utilizó “otros términos agraviantes”. La serie de insultos se interrumpió porque fue el contador el que llamó esta vez. Marconi le contestó que estaba “re caliente” por lo que sucedía y colgó el teléfono. Lo más sorprendente fue que se agachó y sacó de abajo del escritorio una moderna pistola, la martilló y le apuntó a la cabeza a Otaño. “Si me sacás los ahorros de toda la vida te voy a hacer cagar a vos y a toda tu familia”, le advirtió.
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El colmo de los colmos
Cosas raras pasan en la Santa Elena de Domingo Daniel Rossi por estos días, en los que se acerca el inicio del juicio oral y público contra el intendente y el vicegobernador por enriquecimiento ilícito. Así, todas las semanas se conocen nuevas amenazas contra el periodista Carlos Furman por denunciar las irregularidades y anomalías en que incurre periódicamente la gestión municipal, sin que ni el poder político provincial ni la justicia actúen al respecto. Por estos días, también apareció en los medios provinciales una solicitada -la propuesta para publicitarla no llegó a este semanario- en la que varias instituciones manifestaban su apoyo “incondicional” a Rossi, a quien consideran un “hombre de bien”, pero enseguida también llegó la desmentida de la mayoría de ellas por haber sido incluidas sin su consentimiento, lo que denota una clara intención de difundir información inexacta para sumar falsas solidaridades.
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Periodista incendiario
El fin de semana se disputó uno de los clásicos más atrapantes de la Liga Paranaense de Fútbol, entre Sportivo Urquiza y Peñarol. Como ocurre ante cada partido de este tipo, las cargadas y declaraciones picantes se sucedieron durante la semana previa, por lo que el clima en el barrio La Floresta estaba realmente caliente. En este caso, el encargado de enardecer los ánimos fue un pseudoperiodista oficialista que no ahorró comentarios críticos, descalificadores, agresivos y hasta denigrantes hacia el equipo de la V azulada a través de su espacio radial. El día del partido el hombre concurrió a la cancha, alentó a su equipo y cantó contra el rival. Hasta que en un momento comenzó a repartir una gran cantidad de barbijos entre la hinchada visitante, provocando todo tipo de reacciones de parte de la parcialidad de Sportivo, que cuando advirtió el hecho comenzó a proferir durísimos insultos.
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El mundial ante todo
La Casa de Entre Ríos en Buenos Aires funciona en un coqueto edificio ubicado en calle Suipacha 846 en Capital Federal. En el lugar funciona la estructura administrativa que se encarga de realizar las gestiones para el gobierno provincial en la ciudad y allí trabajan varios empleados públicos. Sin embargo, con la llegada de los primeros fríos invernales no pocos se han quejado porque el sistema de calefacción de las oficinas es deficiente o directamente no funciona. “Ocurre que el edificio cuenta con un sistema de calefacción central, el cual está averiado, y las autoridades de la oficina no piensan arreglarlo, dejando al intemperie a los empleados de la propia casa porque no hay partidas ni caja chica de manejo interno”, según comentó un trabajador. Sin embargo, en los últimos días los trabajadores se anoticiaron de un hecho que no hizo más que aumentar su ira por estos días en los que arrecia el viento.
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Un faltante
Desde hace tiempo se viene planteando como una cuestión de forma, la realización de auditorías cada vez que se recambia a algún funcionario o inclusive cuando se quiere tener un estado de situación en los distintos centros donde se llevan a cabo las políticas de salud.
El secretario de Salud de la provincia, José María Legascue ha formalizado de este modo su intervención en la función pública, desde que asumiera en el cargo, intentando traer sobre sí una imagen de transparencia. Sin embargo poco se sabe luego del resultado que arrojan dichas investigaciones administrativo-financieras. Días pasados trascendió la información respecto a serias irregularidades constatadas en la Rendición de Cuentas Número 920, Ejercicio 2004, correspondiente al Hospital San Miguel de la localidad de Bovril, mientras Miguel Daud era director y Ricardo Garbero el administrador.
En dicha rendición surge una diferencia que ronda los 900.000 pesos ha motivado la solicitud de actuaciones por parte del Tribunal de Cuentas debido a las reiteradas irregularidades constatadas. Entre ellas el informe señala que los totales de ingresos declarados por el hospital no son coincidentes con el total de cargos informado por Secretaría Contable, en donde además no se trasladan correctamente los movimientos contables; algunas facturas de proveedores han sido corregidas con lápiz corrector, sin realizar la aclaración correspondiente; hasta llegar a denunciar, por ejemplo, que los cheques anulados no son debidamente inutilizados.
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