“En Entre Ríos no puede considerarse que exista la industria del juicio", afirmó Carlomagno.
Desde sus vacaciones en Uruguay, el futuro presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Germán Carlomagno, brindó definiciones sobre algunos de los temas más importantes que tendrá en su gestión y también habló del juicio político contra la vocal Susana Medina.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Carlomagno marcó que “el Superior Tribunal es el cuerpo colegiado que dirige al Poder Judicial; si bien el presidente lo representa somos nueve los integrantes del Poder Judicial que llevamos adelante la política judicial de acuerdo a las expectativas o lo que se trate en los acuerdos y se decida. Hay una cantidad de temas pendientes que vienen ya de la Presidencia anterior, sobre todo en el tema de obras que son prioridades que queremos mantener”.
“Nosotros, en el Poder Judicial, vivimos de los conflictos y no hay que estar en conflicto. Tenemos que tratar de trabajar con la gente que colabora con nosotros en un clima de amabilidad, de tranquilidad, para poder dar respuesta a la gente. Es muy importante explicar las razones cuando uno dicta un fallo, sobre todo para el que pierde un juicio, y a todo esto hay que ponerlo en práctica, hay que señalarlo. Y con relación a los demás temas, tiene que ver mucho las resoluciones que se adopten desde el Superior”, definió.
En cuanto a la relación de la justicia con la sociedad, apuntó que “obviamente, lo mejor es tener una buena relación, pero hay que ver de qué manera se logra eso. No es que uno puede salir a la calle a vincularse con la gente, las respuestas tienen que ver en el campo de lo que nosotros tenemos que hacer, que es la respuesta en los juicios, en los procesos, y cuando la gente pide explicaciones tener la mejor buena voluntad para explicar por qué se resuelve de tal o cual manera. Creo que esa es la forma de vincularse de los integrantes del Poder Judicial”.
Sobre los tiempos de la justicia y las demoras en la tramitación de causas, advirtió que “no son todos los procesos iguales, no tienen para todos los juicios el mismo tiempo, hay juicios que son de rápida solución y otros que se prolongan en el tiempo. No es algo que se pueda hablar rápidamente en general para todos. Por supuesto, que lo ideal es que se resuelvan en tiempos oportunos, razonables. Y ahí hay que ver qué tipo de proceso es –penal, civil, laboral, contencioso administrativo-, las partes que intervienen y qué se plantea en el pleito, y ahí se puede sacar una conclusión de si es una resolución en tiempo oportuno o no. Lo deseable es que sea en tiempo oportuno, pero hablar en general es muy difícil”.
Consultado por la modernización del Código Procesal Penal, Carlomagno sostuvo que “es un tema que está permanentemente en el candelero. Yo empecé a trabajar en la profesión de abogado en 1978 y desde entonces a la fecha creo que se ha reformado tres o cuatro veces. No sé si reformando el Código solucionamos los problemas que están dando vueltas, aunque obviamente hay una tendencia que es tratar de acelerar los procesos, pero volvemos a lo mismo”.
Como ejemplo, mencionó que “el Código Procesal Laboral es de la época del 82 o del 83 que se promulgó y desde entonces hasta hoy, con algunas reformas, sigue rigiendo. Hay que ver por dónde van las soluciones para aligerar, si ese es el objetivo”.
“En el tema penal hubo cambios grandes con la incorporación del sistema acusatorio y también es cierto que hasta hace poco había un proyecto de reforma del Código Procesal Penal que estaba en el Senado y que el Poder Ejecutivo actual lo retiró para hacerlo ver por especialistas y volver a empezar el trámite legislativo. Es un tema que nos ocupa, pero que evidentemente es complejo”, sintetizó.
Respecto de la reforma a la ley de juicio por jurados, afirmó que “es un tema discutible. Ya de por sí el juicio por jurado se ha instalado hace relativamente poco y están limitados los tipos de juicios a realizar. De todos modos, creo que la opinión más especializada es de la gente del fuero penal porque son quienes están en permanente contacto con este tipo de procesos. No quiero criticar algo que no conozco a fondo”.
En relación con la discusión en torno al Consejo de la Magistratura, indicó que “ha tenido idas y vueltas. El Consejo de la Magistratura de la provincia de Entre Ríos, por disposición constitucional, es el único en el país que no tiene representación del Superior Tribunal, en el resto, incluso en la Nación lo preside el presidente de la Corte. Algo ocurre actualmente con el Consejo de la Magistratura, que, sin ir más lejos, lo que ha logrado es poner en marcha procedimientos que ya venían del anterior Consejo de la Magistratura. Este Consejo de la Magistratura no ha cubierto ninguna de las vacantes, y hay que buscar en eso también la forma de acelerar los tiempos. Si bien la Constitución de nuestra provincia tiene una sana solución que es la facultas que tiene el Superior para la cobertura de los cargos vacantes por suplencias, eso no puede seguir eternamente, hay que darle cumplimiento a la disposición constitucional”.
En tal sentido, planteó que “el sistema que tenía previsto un recurso final ante el Superior Tribunal con un plazo perentorio para resolver, en esta reforma lo sacan a ese recurso, sigue el trámite en el Consejo de la Magistratura y después tiene que recurrir a la vía administrativa, que es el Poder Ejecutivo. Creo que esa solución que tenía previsto antes, del recurso ante el Superior Tribunal, era una buena solución, pero ahora se la dejó sin efecto”.
En referencia a la situación del fuero laboral y las críticas hacia la existencia de una ‘industria del juicio’, consideró: “Creo positivamente que no existe la industria del juicio, se puede dar que haya determinadas épocas donde hay mayor cantidad de pleitos. Ahora se está discutiendo, pero todavía no está en marcha una reforma laboral con amplias modificaciones a todas las disposiciones legales actuales, que obviamente va a generar pleito. Por ejemplo, van a limitar las indemnizaciones, van a crear un fondo, etc. y si eso ocurre –que parecería que es uno de los objetivos a tratar en la etapa extraordinaria de la Legislatura nacional- obviamente que habrá juicios, pero eso no quiere decir que exista la industria del juicio”.
“En Entre Ríos no puede considerarse que exista la industria del juicio; hay gente que obviamente pierde el pleito y recurre a este argumento que es el más sencillo. Por ejemplo, en Concepción del Uruguay hay un conflicto laboral serio con una empresa que tiene cantidad de trabajadores que han quedado suspendidos o despedidos y eso obviamente va a generar una cantidad de juicios, pero eso no quiere decir que haya una industria del juicio. Es lo que normalmente ocurre cuando se producen estos conflictos”.
En otro orden de cosas, sobre la cuestión presupuestaria del Poder Judicial y los recortes de recursos que se vienen dando en toda la administración pública, advirtió que “las obras son prioridad, pero se encuentran suspendidas por el tema presupuestario y no sabemos cómo vamos a avanzar este año. Ojalá que tengamos buenas noticias, pero eso no depende de nosotros. Hay obras que están incluidas en el presupuesto 2026 y que son prioridades en Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Paraná. Y también hay una gran cantidad de obras que no son tan grandes, pero que sí son importantes para arreglar edificios, casas que se alquilan. Hay muchos organismos judiciales en lugares alquilados y lo que importa es disminuir el porcentaje de alquileres porque sería un ahorro importante que repercute en las finanzas de la provincia y del Poder Judicial. Por ejemplo, para los Juzgados de Paz la idea es ir del 44 al 28% de locales alquilados”.
Sobre la relación que buscará mantener con los trabajadores cuando asuma la Presidencia del STJ, Carlomagno aclaró que “la relación es formalmente con la gente que trabaja con nosotros. Es muy importante que sea un clima armónico para trabajar bien con la gente que trabaja con uno, pero además está la relación con los gremios que agrupan a los judiciales y creo que esa relación tiene que ser fluida como ha sido hasta ahora, una buena relación, al margen de que existen reclamos, que actualmente son de tipo salarial. Eso se resuelve de la manera en que se puede, nosotros tenemos una ley que sigue los ajustes –no las remuneraciones- que da la Corte Suprema de Justicia y en virtud de eso se van ajustando los salarios. Ahora está con algunos ajustes pendientes todavía y sé positivamente que hay reclamos de tipo salarial por parte de los gremios”.
Juicio político contra la vocal del STJ, Susana Medina, planteó que “ella integra la sala conmigo desde hace muchos años y seguimos el tema obviamente preocupados. Nadie quiere estar sometido a este tipo de cosas; lo seguí de forma personal por lo que ella ha pasado y también de forma periodística”.
“El juicio político es una herramienta que está en la Constitución, pero no es solamente para los integrantes del Superior Tribunal, sino también para otros tipos de funcionarios, pero pareciera que los únicos juicios políticos que se promueven son para integrantes del Poder Judicial. No recuerdo ningún juicio político de otros funcionarios que menciona la Constitución”, criticó.
Sobre la necesidad de modificar el régimen de licencias del Superior Tribunal, que planteó la diputada provincial Gabriela Lena, opinó: “Somos uno de los tres Poderes, el Poder Judicial tiene para sí la facultad de dictar las reglamentaciones que considere procedentes. Obviamente eso se revisa, se trata, y no conozco en detalle las declaraciones de la diputada, pero las reglamentaciones que existen son producto de acuerdos, no es que se le ocurre a un integrante del Poder Judicial. De la misma manera en que los otros dos Poderes dictan sus reglamentaciones, nosotros tenemos esa facultad”.
“No tengo preciso en este momento, no recuerdo cuándo ha sido la última modificación, pero tenemos una reglamentación, la cumplimos y la hacemos cumplir. La reglamentación la damos nosotros como integrantes del Poder Judicial, porque somos la autoridad del Poder Judicial, de la misma manera en que los otros dos Poderes dictan su reglamentación. En forma permanente han sido modificadas nuestras reglamentaciones, pero es una facultad propia del Poder Judicial. Obviamente que puede ser cuestionado por algún afectado, pero así porque sí decir que está mal, no sé; para mí funciona y habría que ver a qué se refiere concretamente un afectado o un denunciante, cuando ataca una disposición de una reglamentación propia de un Poder”, concluyó.
