Sandra Miguez
Las irregularidades detectadas en el Programa Federal de Salud (Profe) han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de un sistema administrativo contable que no pudo revelar anomalías con la suficiente antelación para evitar una deuda de casi 2,5 millones con prestadores. Desde las firmas apócrifas, pasando por el destroquelado de expedientes, las compras directas y los sobreprecios, las alteraciones que se evidencian muestran a las claras un mecanismo de funcionamiento perverso sobre recursos que provienen de la Nación para atender pacientes crónicos, madres con más de siete hijos, personas trasplantadas, con esclerosis múltiple, enfermedad de Gaucher y hemofílicos, por señalar sólo algunos ejemplos. La denuncia pone en el ojo de la tormenta a varios funcionarios que participaron directa o indirectamente de los trámites para la compra de insumos y medicamentos.
Cuando la semana pasada ANALISIS informó sobre las irregularidades en el Programa Federal de Salud (Profe) surgieron comentarios por parte de trabajadores de Salud, que repetían una y otra vez que esto no era ninguna novedad, al tiempo que remarcaban que durante años han sido testigos silenciosos de un manejo arbitrario en la distribución de recursos provistos por alguno de los programas del área.
“Es imposible que se desconociera esta situación”, responden quienes saben que por encima de la Unidad de Gestión Provincial -ejecutores del Profe en Entre Ríos- no sólo están los mecanismos de control nacional sino también la responsabilidad directa de las autoridades provinciales, fundamentalmente la Secretaría de Salud y la Dirección Administrativa Contable, que son los organismos que desde la provincia deben supervisar la tarea realizada en forma directa.
En 2005, Entre Ríos recibió casi 5 millones de pesos en concepto del programa que pretende dar cobertura médico asistencial de pensiones no contributivas (PNC) otorgadas en todo el territorio nacional para quienes se encuentren afiliados al Profe Salud.
Pero además de la cápita por beneficiario inscripto -de aproximadamente 24 pesos cada una- existe un envío de dinero extra de hasta 25 pesos por beneficiario en concepto de refuerzo de partidas, que a su vez puede ampliarse a un monto extra adicional en la medida que la provincia presente proyectos “sustentables”, como por ejemplo el de odontología, donde se remite al Profe de Entre Ríos un peso más por beneficiario.
Cabe señalar además que la partida asignada en concepto de cápita se va ajustando de acuerdo a la incorporación de un promedio de 500 nuevos beneficiarios mensualmente y también a la baja de otros.
De la sumatoria total de diferentes prestaciones dentro de un mismo programa se llega a cifras considerables –entre 5 y 6 millones al año-, motivo más que suficiente para no descuidar que dichos importes lleguen a sus reales destinatarios y no se produzca ninguna fisura en el camino que distorsione el objetivo fundamental de este programa: brindar cobertura médico-integral a los beneficiarios más desprotegidos, pacientes crónicos, discapacitados y madres multíparas, por mencionar algunos casos.
De responsabilidades compartidas
A través de un convenio marco firmado con cada jurisdicción provincial, el Profe central remite recursos presupuestarios “con el fin de garantizar una respuesta eficiente y eficaz a los afiliados en el marco de un modelo de descentralización presupuestaria de gestión”, tal como rezan los objetivos del programa, donde también se hace referencia al “control de los aspectos prestacionales, administrativo-contables y legales del programa mediante acciones de supervisión y auditoría que aseguren el cumplimiento de los convenios de gestión, generando, además, mecanismos de respuesta a reclamos y/o denuncias y sugerencias de los afiliados al Profe Salud”.
Sin embargo, dichos controles no fueron suficientes o resultaron deficitarios, ya que la deuda que el propio ministro de Salud de la provincia, Gustavo Bordet, reconoció ante este medio la semana pasada, parece ser la punta del iceberg de un sistema en el que han participado varios funcionarios al refrendar los expedientes correspondientes y encuadrarlos en los marcos previstos por el convenio.
Más allá de la participación de otros funcionarios en la cadena administrativa contable que sigue un expediente, el principal cuestionamiento se dirigió hacia Alba Balocco como responsable de la coordinación técnica y administrativa, por el hecho de haber efectuado compras directas sin licitaciones ni cotejo de precios, ni la suficiente argumentación médica y administrativa para fundamentar dichos procedimientos, aun cuando el convenio diera margen para hacerlo de ese modo.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
