Luis María Serroels

La lucha contra la corrupción en sus diversas manifestaciones, que se presenta hoy como un logro reivindicativo en las preocupaciones oficiales, tiene muy valiosas referencias que por su antigüedad no hacen más que demostrar la postergación sufrida en las diferentes gestiones políticas. El dejar pasar el tiempo con desidia no es otra cosa que servir a los intereses de aquellos que utilizan sus funciones públicas para hacer buenos negocios personales, acumular bienes y asegurar un pasar cómodo para toda la familia.

Permanentemente se mencionan legislaciones sobre ética pública y se promueven acciones tendientes a terminar con los actos reñidos con los códigos, que ejecutan ciertos funcionarios, como si antes no se hubiera advertido la presencia de ese verdadero cáncer enquistado en cualquier nivel del Estado.

La denominada “caja”, de la cual se sirven lo corruptos, no es otra cosa que una maquinaria dotada de agentes activos y pasivos que operan mecanismos por un lado y hacen la vista gorda por el otro. Así consuman robos oprobiosos con pátina de legalidad, de los cuales se hace víctima a la sociedad en su conjunto, es decir, la que aporta impuestos para recibir obras y servicios y no para consagrar el impune enriquecimiento ilícito de sus proclamados “benefactores”.

En la gestión del gobernador Mario Armando Moine se recortaron amañadamente facultades al Tribunal de Cuentas, restringiéndosele acciones que lo dejaban en inferioridad frente a las conveniencias de la corruptela (recuérdese los hechos lamentables de los que participó un grupo de diputados oficialistas para zafar de las consecuencias de un execrable negociado mediante inexistentes cajas de alimentos).

Más adelante en el tiempo, el haberse dispuesto la defunción de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) no fue precisamente un signo de transparencia y vocación depuradora. Porque aumentar la vigilancia y el control en el comportamiento de los funcionarios y su apego por la honestidad a la hora de administrar recursos del Estado, es un alimento que jamás podrá indigestar a nadie.

Las recientes confesiones realizadas por un ex funcionario frente al periodista y escritor Martín Caparrós y publicadas en su libro El Interior -obra que precisamente será presentada mañana a las 20 en el Centro Cultural La Hendija- revelan la inmoralidad instalada en el poder como financiadora de la política (y algo más).

Todo esto ha ocurrido teniendo el propio Estado las herramientas para evitarlo, lo cual nos pone ante toda una cadena de protecciones y complicidades (es que la torta es muy grande y de ella pueden nutrirse muchas dentaduras). Quien roba no es más corrupto que aquel que ve y calla. Ambos se necesitan recíprocamente.

Estas consideraciones nos llevan a recordar que en setiembre de 1997, durante el XIV Congreso Nacional de Tribunales de Cuentas de la República Argentina, la contadora Susana Martínez Lacabe, funcionaria del órgano de contralor entrerriano (creado por el artículo 143 de nuestra Constitución provincial), expuso un importante trabajo sobre el papel de los Tribunales de Cuentas frente a la corrupción administrativa. La extensión de su contenido dificulta resumirlo en las limitaciones de nuestra columna, pero extraeremos sus aspectos fundamentales.

De arranque y en su índice, el trabajo se descuelga con definiciones sobre el concepto de corrupción; corrupto y corruptores; acto corrupto y Estado corrupto; cultura y corrupción; concepto de control; control como función ineludible de las entidades; organismos de control; y especialmente propuestas para combatir la corrupción, publicidad y difusión (de las auditorías), participación social, sanción de una Ley Anticorrupción y una Ley de Ética Pública, entre otros abordajes.

Lo que la expositora procuró dejar sentado hace nueve años es un modelo de interpretación sobre ciertos fenómenos que promueven la corrupción (consumismo fácil medido en dinero, en detrimento de otros valores que enaltecen a la sociedad y por ende al Estado); la necesidad de un cambio cultural por medio de la educación y la idea coincidente entre muchos estudiosos de que cuando aumenta la represión se logran efectos contrarios que terminan estimulando el fenómeno que se intenta combatir.

Martínez Lacabe esbozó estrategias para los tribunales en su tarea contra la corrupción, donde apunta a asegurar fuentes de información, consolidar esos organismos y reafirmar el control hacendal público con independencia de los poderes del Estado (punto elemental por cierto), estabilidad de sus miembros, poder jurisdiccional, facultad sancionadora y autonomía funcional.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)