J. C. V.
Primer acto: un grupo de querellantes víctimas de la represión presenta un pedido de juicio político contra cuatro integrantes de la Cámara de Casación Penal acusándolos de demorar la resolución de expedientes vinculados con el terrorismo de Estado. Segundo acto: durante la conmemoración del aniversario del inicio de la última dictadura, en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba, el Presidente Néstor Kirchner le pide directamente a la Cámara de Casación que deje de demorar las causas de derechos humanos. Tercer acto: el ministro del Interior, Aníbal Fernández, redobla la apuesta y pide la renuncia del titular de la Cámara, Alfredo Bisordi. Cuarto acto: Bisordi acusa al jefe de Estado de entrometerse en el Poder Judicial como nunca nadie en los últimos 40 años, en los que hubo gobiernos democráticos y de facto.
Sin embargo, esta obra lejos está de haber comenzado hace una semana, sino que tiene una raíz más antigua.
“Yo le digo a la Justicia, y sé que el Consejo de la Magistratura me va a escuchar: ¡por favor, basta! ¡Juicio y castigo, eso necesitamos! Yo les juro que empujo y empujo pero hay jueces y fiscales que se hacen los distraídos”, dijo Kirchner en referencia a los integrantes de la Cámara de Casación Penal, donde permanecen 201 planteos a la espera de una resolución, 98 de los cuales están en manos de la Sala IV. Así se sustenta el pedido de juicio político presentado por 61 familiares y víctimas de la dictadura contra cuatro miembros del tribunal que ingresó hace una semana al Consejo de la Magistratura y fue girado a la Comisión de Acusación y Disciplina.
En septiembre de 2006, y después de poco más de un año, los integrantes de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal Liliana Catucci, Raúl Madueño y Alfredo Bisordi resolvieron hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa de los militares y civiles imputados por violaciones a los derechos humanos en la causa Área Paraná durante la última dictadura para que se les aplique el antiguo Código Procesal Penal, que data del siglo XIX e impone un régimen escrito y secreto, en lugar del procedimiento oral y público que establece la reforma de 1992, tal como lo había dispuesto por la Cámara Federal de Apelaciones.
“Cuando la Sala I resuelve aplicar el código escrito, simultáneamente dice que la Cámara de Casación no existe, porque se trata de un órgano jurisdiccional que se crea para aplicar el código oral y público; por ende, sobre lo único que se expide es sobre eso y devuelve los expedientes a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná para que se les dé a los defensores de los imputados la posibilidad de readecuar los recursos que interpusieron a las nuevas reglas. Sin embargo, la Cámara de Casación no se manifiesta sobre el resto de los agravios, es decir, la nulidad de la obediencia debida y el punto final y la validez de la ley que las declara nulas ni sobre los decretos de indulto”, explica la abogada querellante Marina Barbagelata en diálogo con ANALISIS.
El engorro y las chicanas jurídicas derivaron en que se devolviera el expediente a la Cámara Federal de Apelaciones, que es la que debe realizar la instrucción y el juzgamiento de los militares y civiles imputados en el antiguo sistema penal. Pero a su vez, sus defensores acudieron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de un recurso extraordinario por aquellas cuestiones sobre las que Casación no se expidió. Esa cuestión se encuentra pendiente de resolución por parte de la Cámara Federal, “aunque nosotros contestamos que no debería concederse porque la Corte Suprema ya resolvió al respecto en un par de casos, entre ellos el caso Pobrete”, por el cual terminó condenado a 25 años de prisión el represor Julio Simón, alias El Turco Julián, remarcó Barbagelata. En tanto, los querellantes también interpusieron un recurso extraordinario y la Cámara de Casación lo rechazó, por lo que se acudió ante el máximo tribunal a través de una queja.
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