Jorge Riani

Marchas y rezos se suceden y se escuchan como una letanía desesperanzada. La población de San Benito, el pueblo en que desapareció Fernanda Isabella Aguirre en un domingo negro, sigue pidiendo justicia y respuestas. Se cumplieron tres años de la desaparición de la niña, y a la falta de respuestas sobre su paradero se le suma la bochornosa suspensión del juicio contra dos imputados: Mirta Cháves y Raúl Monzón. Es que quien debía presidir el tribunal, el camarista Felipe Celli, denunció que el poder político -léase el gobernador Jorge Busti- lo sacó de juego con el afán de controlarlo todo. “Hay un gran temor de que el caso de Fernanda se convierta en un escándalo como el caso María Soledad en Catamarca, o el llamado caso de La Dársena, de Santiago del Estero”, lanzó el magistrado. Desde el gobierno aseguran que lo único que lo dejó fuera del juicio fue el trámite jubilatorio que el propio juez gestionó. Cierto o no, el querellante Julio Federik, que representa a la familia de Fernanda y de estrechísima relación con el poder político, ya tenía pensado recusarlo valiéndose del decreto que firmó Busti para materializar la jubilación del juez. Esto llevó a Celli a hablar de presiones que recibió para que deje el cargo. El escenario a futuro, los jueces que podrían actuar, la suerte inmediata de los detenidos es materia de análisis en esta nota.

Escándalo puede llamársele a una situación bochornosa, indigerible, pero no será escándalo en tanto no tenga la repercusión que merece. El escándalo para que se consume debe haber calado en las conciencias de la población. Es por eso que en la negra y larga historia de lo que se conoce como el caso Fernanda, en estas últimas horas ha sumado sus capítulos más escandalosos.

La falta de respuestas aporta su cuota pesada de impotencia. Pero a eso se suma la enrarecida atmósfera en la que llegó el tercer aniversario de la desaparición de la menor de San Benito que hoy tendría 16 años: Fernanda Isabella Aguirre.

Ni la extraña muerte del principal sospechoso en una celda policial, Miguel Lencina, habían generado tanto revuelo mediático como sí la disputa entre partes que conforman esta historia. Abogados, contra abogados; gobernador contra juez y viceversa…

A cinco días del tercer aniversario -que se cumplió ayer, tomando el día en que se fecha este ejemplar- estaba previsto que se inicie el juicio a las dos personas que están acusadas de haber participado del secuestro y desaparición de la niña entrerriana. Sin embargo, eso no ocurriría sino hasta el año próximo porque quien debía presidir el tribunal quedará jubilado desde el 1º de agosto.

El doctor Felipe Celli no verá concretado su declamado interés de llevar adelante la causa contra la esposa de Lencina, Mirta Cháves, ni contra el primo del occiso, Raúl Monzón. Se ha apartado de la causa al ver -según le ha dicho a este semanario- que lo estaban ladeando con la sutil herramienta de una jubilación otorgada en tiempo récord, según denunció.

Explicó que es costumbre y norma en el Poder Judicial que se acuerde aplazar el retiro, aun habiendo salido el trámite, para cumplir la agenda más urgente. Y es en esa categoría que Celli ponía al juicio contra Cháves y Monzón.

“Me ladearon”

“Terminé renunciando pero me ladearon”, denunció el camarista penal. Fiel a su estilo, al altísimo perfil que lo ha convertido en un crítico del poder político vigente y pasado como pocos, no se calló lo que piensa. Y lo que piensa denuncia una gravedad en dos direcciones: en términos institucionales porque dice que hay interés por minar la causa desde el Poder Ejecutivo y presionar a la Justicia; y desde el punto de vista policial -con derivación política- porque asegura que “el gobierno tiene una actitud de ocultar para que no le estalle un caso como el de María Soledad Morales en Catamarca”.

“Hay un gran temor de que el caso de Fernanda se convierta en un escándalo como el caso María Soledad o el llamado caso de La Dársena, de Santiago del Estero. Aquí están de por medio dos muertes. Una, la víctima y otra, el supuesto victimario, muerte que nunca fue investigada y por la cual no saltó ninguna cabeza en la Policía, encargada de la custodia de un delincuente tan peligroso”, le dijo el juez a ANALISIS.

Celli renunció a la presidencia del tribunal. Desde el Poder Ejecutivo se ha salido a decir que ni hubo presiones, ni se ha hecho otra cosa que la de dar cumplimiento formal a un trámite que inició el propio magistrado en el mes de abril. Y rematan asegurando que cualquier jubilación sale en el tiempo en la que salió ésta. Celli afirma lo contrario en una discusión que no sería muy difícil de zanjar: no es ninguna ciencia ir a la Caja de Jubilaciones y ver que tan rápido salió el trámite.

El punto es que aun no retirándose el magistrado de su función de juzgador, hubiese sido ladeado, tal como lo denuncia. Y es por eso que Celli habló de la “presiones” del poder político, que en este caso es decir del poder de Jorge Busti.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)