Federico Malvasio
Mientras el Poder Ejecutivo ha cedido espacios para una designación más clara de jueces, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) no se digna a desalinearse de una reglamentación constitucional, se reconoce, añeja. Un largo camino queda por recorrer para perfeccionar el sistema de evaluación y nombramiento de magistrados. Aparentemente más complicado será deshacerse de viejas mañas. El caso Quinteros golpea a la institucionalidad y deja un precedente que podría debilitar al Consejo de la Magistratura. En el medio está la pelea por el poder. En esta nota, un relevamiento de los Juzgados cuyas titularidades están vacantes o ocupadas por suplentes.
Hay un Consejo de la Magistratura. Pero algunos números e indicios en el Poder Judicial hacen pensar que el organismo que avalúa a quienes ejercerán justicia aún es un enunciado, cuando no un mero decreto. Así se lo suele desprestigiar al Consejo. Un repaso por la situación en la que están los Juzgados de la provincia confirma la necesidad de una profundización en el mecanismo de elección y aprobación establecido en el nuevo sistema. En el Superior Tribunal de Justicia (STJ) también hay cuestiones que pueden ser evaluadas.
Según indica la Ley Orgánica del Poder Judicial de la provincia, de haberse producido una vacante de secretario en los Juzgados de Primera Instancia o en las salas de cámaras se deberá llamar a concurso de antecedentes y oposición para su cobertura. La evaluación la realiza el titular del mismo Juzgado, que formará un tribunal, generalmente con titulares de otros Juzgados de la misma competencia. Luego, el examen será remitido al STJ, que actúa como contralor. Este reglamento está vigente desde el 1º de noviembre de 2000.
En el caso de los jueces, hasta la creación del Consejo de la Magistratura era el gobernador quien proponía el candidato y, por acuerdo del Senado, el profesional se convertía en magistrado. Los aires de transparencia, profundizados luego de la debacle cuya máxima expresión se vio en las calles de todo el país en los días de diciembre, exigieron gestos por parte de la dirigencia política. Hubo intenciones desde algunos sectores. Fue en ese marco, y en Entre Ríos, que se creó el Consejo de la Magistratura. De esa manera, el Poder Ejecutivo autolimitó sus facultades de elegir a los funcionarios judiciales.
El nuevo organismo está compuesto por dos miembros de carácter social, que representan al común de la sociedad civil, como son los representantes de los empleados judiciales y aquel proveniente de la Asamblea de Asociaciones Intermedias. Es así que quien quiere postularse para la titularidad de un Juzgado deberá afrontar tres etapas evaluativas: antecedentes, exámenes y la entrevista pública. Una vez superadas, el mandatario provincial recibirá una terna con los mejores promedios.
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