Federico Malvasio

Gustavo Borrajo será nuevamente juzgado por la causa en la que se lo acusó de haber realizado “negocios incompatibles con el ejercicio de sus funciones”. Luego de que el Superior Tribunal de Justicia revocara la sentencia, se conformó un nuevo tribunal que por estos días afina el lápiz para fijar una fecha que, según dicen, será “pronto”. El ex funcionario bustista tendrá que enfrentar un nuevo proceso para determinar si es o no culpable de haber contratado auditorías de créditos por 26 millones de pesos con el BERSA.

Un periodista contó que un día de noviembre de 2006 llegó a Tribunales, abrió la puerta de audiencias y se encontró con una sala casi vacía. Sólo había un tribunal, los querellantes, el defensor, el fiscal y un colega suyo. El acusado era nada más y nada menos que Gustavo Borrajo.

Su bajo perfil fue más que una ventaja. Le permitió, al menos, no estar a la altura de Oscar Horacio Mori y Domingo Daniel Rossi. Ambos conocidos públicamente como protagonistas de casos de corrupción que, luego de una década, llegaron a juicio. Borrajo no alcanzó el nivel de exposición del empresario y el ex vicegobernador, pese a que la acusación por la que se lo sentó en el banquillo tiene todas las características para ser parte de la nómina de ejecutores de maniobras maliciosas por las que hoy cumplen condena. Al menos hasta que se demuestre lo contrario.

Borrajo llegó a Tribunales acusado de haber direccionado una operación de auditoría convenida entre el Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima y el gobierno de la provincia en favor del estudio jurídico Sábato-Rioja & Asociados, en Capital Federal, y del cual él mismo sería integrante.

Para tal operación, el acusado se habría valido de su condición de director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de la provincia, cargo desde el cual condujo el proceso de contratación de auditorías de créditos por 26 millones de pesos, que con los intereses llegaron a ser de 30 millones de pesos/dólares.

Un juicio con bemoles

El funcionario del segundo gobierno de Jorge Busti tuvo que enfrentar a la Justicia luego de la denuncia realizada por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). La única jornada oral en la que se desarrolló el juicio se realizó el 17 de noviembre de 2006. Luego se escucharon los alegatos. El defensor de Borrajo, Ignacio Díaz, orientó su estrategia a dejar establecido que la contratación directa reprochada al ex funcionario durante la etapa de instrucción estaba autorizada por un decreto firmado por el entonces gobernador Jorge Busti y el ministro Eduardo Macri, mediante el cual se autorizaba tal modalidad de contratación ante los casos de “necesidad y urgencia”. Díaz también aludió en su momento a que su defendido no había firmado el convenio.

En la jornada oral en la que se presentaron cinco testigos se aplicó una rutina de preguntas comunes. El testimonio más comprometedor para Borrajo fue el de quien por entonces estaba a cargo de la Gerencia de Legales del banco, la abogada Perla Strada. La testigo afirmó que “por marzo de 1999” el propio Borrajo le admitió en un diálogo informal que él integraba el estudio beneficiado con la operación.

Conocedores de la causa recuerdan que en su momento se esperaba que tal testimonio diera un salto cualitativo a la acusación, incluso el ex fiscal de la FIA Rubén Pagliotto, que llevó adelante la investigación, recordó a este semanario que durante la pesquisa se pudo comprobar a través del Colegio Público de Buenos Aires que los magistrados constituían domicilio en el mismo estudio jurídico. De todos modos, el debate no se descarriló de los parámetros que se habían establecido: estaban quienes afirmaban que desconocían que el acusado pudiera tener relación con el estudio mencionado, y quienes directamente lo negaban.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)