Viales prevenidos
Luego del fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en 2004, a favor de un grupo de empleados viales que reclamaban un reajuste de sus salarios desde 1993 por mejoras que les habían sido interrumpidas por los gobiernos de Mario Moine y Jorge Busti durante su segundo mandato, se generó una andanada de presentaciones similares, que debían atravesar primero la instancia administrativa para solicitar que se les reconocieran el salario mínimo vital y móvil y las actualizaciones pertinentes. Todas las áreas rechazaban el reclamo, pero representaban un avance para los trabajadores que en definitiva debían sortear ese paso antes de acudir ante la Justicia ordinaria. Mientras tanto, la causa principal dormía entre los asuntos pendientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que finalmente, en mayo pasado, rechazó el planteo de los obreros y entonces todo se les volvió en contra porque lo que era la expectativa de cuánto debía cobrar cada uno pasó a ser la preocupación por lo que deberían pagar en concepto de honorarios de abogados por tantos años de trámite judicial.
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Raro criterio
Diariamente, el gobierno provincial entrega aportes dinerarios a indigentes, entidades y municipios, entre otros. Nadie podría cuestionar lo que en el Boletín Oficial se publica como entrega de subsidios para “cobertura de necesidades básicas”, “gastos de subsistencia” o la adquisición de materiales de construcción o medicamentos y hasta para el inicio de algún microemprendimiento. También las comunas reciben lo que se denominan “aportes no reintegrables” para atender diversas necesidades o simplemente para cubrir desfases financieros; y las entidades deportivas perciben dinero para obras o para la participación en competencias nacionales. En todos los casos, el requisito que impera es que se debe “rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la provincia”. Por eso mismo llamó la atención que a través del Decreto Número 5.979 se otorgara un “aporte reintegrable” por 20.000 pesos para la Municipalidad de Los Charrúas.
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Equipo completo
Cuando Jorge Busti y Pedro Guillermo Guastavino iniciaron la causa por contaminación ambiental en grado de tentativa en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay contra los directivos de las empresas de pasta de celulosa Botnia y Ence se dijo que el gobierno provincial estaría representado por el abogado cordobés Juan Carlos Vega. Tal es así que el letrado ha sido la voz cantante de la estrategia oficial y por ello percibe un monto en concepto de honorarios pero a la vez se le abona una suma fija de sus gastos de teléfono celular y otro monto para compensar los trámites que realiza con su automóvil particular.
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Más leña al fuego
Los vecinos del centro recibieron hace algunos días con alguna sorpresa y no tanta simpatía en algunos casos un curioso panfleto que llevaba la firma de la Seccional Primera de la Unión Cívica Radical. Con letras rojas sobre un pequeño papel blanco, el centenario partido exclamaba que “en los momentos difíciles de la República, decimos ¡¡presente!!”, así, con doble signo de exclamación. En las líneas sucesivas se acusaba al gobierno nacional de “insensible y soberbio” por el manejo que ha hecho del conflicto con el sector agropecuario y adhería “a la lucha de pequeños y medianos productores rurales y todo el pueblo argentino por sus justas reivindicaciones”.
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Peor el remedio
El entubamiento es una medida que favorece el mantenimiento y limpieza de los arroyos, aunque es resistida por organizaciones ambientalistas que alertan sobre el impacto, ya sea por la falta de lugares donde los barrios humildes puedan volcar sus efluentes debido a la inexistencia de cloacas o por la generación de inundaciones si es que no se construyen bocas capaces de soportar grandes cantidades de agua. De hecho, las obras de sistematización y entubamiento del arroyo Concordia tuvieron nefastas consecuencias para la gente de la zona, por los problemas que ocasionaron los trabajos en las viviendas aledañas. Tal es así que vecinos iniciaron dos causas judiciales que tramitaron en el Juzgado Civil y Comercial Número 1 y que finalmente ganaron al Estado provincial que debió indemnizarlos. Cada uno recibió un total de 2.000 pesos en concepto de daño moral y otros 5.000 pesos por los daños materiales, que fueron constatados por profesionales de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG).
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