Jorge Riani
Más de 10.000 jubiladas amas de casa entrerrianas están obligadas a renunciar a sus haberes o a la jubilación a la que accedieron por el plan de moratoria que lanzó el gobierno nacional. Es que no pueden tener doble acceso a cobros de esa naturaleza y pese a que eso está perfectamente aclarado en el trámite, abogados y contadores las llevaron a un callejón sin salida con asesoramientos que hoy estallan a modo de escándalo. El tema ya había sido advertido por ANALISIS cuando aludió a que en la misma trampa cayeron miles de empleados provinciales a punto de jubilarse. Ahora todos miran para otro lado, pero mientras tanto se armó otro negocio: el de asesorar a los perjudicados para actuar contra la Anses. Entre los nombres de quienes prestan el servicio está el del hijo de la titular de la Asociación de Amas de Casa, Sara Amavet, que fogoneó el reclamo generalizado contra el organismo nacional, según denunciaron algunas jubiladas desencantadas. Sin embargo, desde el estudio en cuestión se dijo que en su momento desaconsejaron la gestión del sistema nacional y que se cobra un honorario “sustancialmente menor” a las afiladas a la entidad.
Hay historias que sonarían crueles hasta para el propio Cátulo Castillo en los días de desencuentro. Si hubiera un poco más de rubor en las caras se podría hablar de escándalo, pero hay poca vergüenza y mucha indiferencia para que tome tal grado. Un escándalo está compuesto de una situación bochornosa y una reacción de incomodidad o vergüenza general, y esto último no asoma en esta historia de engaños y lucro sin límites.
En Entre Ríos hay 6.000 jubiladas amas de casa que cobran haberes de 300 pesos por mes, más la jubilación a la que accedieron por el Programa de Inclusión Previsional y la Moratoria Previsional que les reditúa una mensualidad de 790 pesos. Sin embargo, no es necesario ser abogado para saber que no se puede ir por los dos beneficios. ¿Hubo un enloquecimiento masivo de amas de casa que se presentaron para acceder a la jubilación nacional? No. Lo que hubo fue un campaña de trámites de acceso a esa jubilación por parte de abogados y contadores a los que poco les importó que estaban llevando a un callejón sin salida –a no ser que se termine aplicando una salida política que abra un paraguas de protección– a sus clientas, exponiéndolas a figuras penales como la estafa. Eso se contó en la última edición de julio pasado en ANALISIS, pero ahí los protagonistas afectados eran trabajadores del Estado provincial donde también los doctores y sus honorarios encontraron tierra fértil y abonada.
Ahora, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha salido a reclamar que se normalice la situación, y lo hizo cumpliendo un rol un tanto tan ingrato como legal. En tanto desde el gobierno provincial se gestionó la adopción de una salida política, consensuada, que desembarace a las amas de casa de tener que devolver los salarios percibidos ilegítimamente. Se lo hizo “por el fuerte impacto social que tendría una medida en el universo de amas de casa, y porque sumando las dos jubilaciones no llegan siquiera a un haber mínimo”, dijo una fuente del organismo federal consultada por este semanario.
Honorables doctores
La entidad que custodia el patrimonio de la lengua española otorga varias acepciones al vocablo “honorario”. “Que sirve para honrar a alguien”; “estipendio o sueldo que se da a alguien por su trabajo en algún arte liberal” son dos de ellas. Parece una ironía del lenguaje que el pago a algunos abogados se llame “honorario”. Honorario le llaman los estudios jurídicos y contables que cobraban tres meses de pago de haberes jubilatorios a quienes accedían al beneficio que otorga el Estado Nacional mediante la moratoria. Casi todas, de esas 6.000 jubiladas que hoy están viendo cómo salen de la situación, fueron a firmar por ventanilla durante tres meses pero esos dinerillos iban a parar el bolsillo de sus abogados o contadores contratados para las gestiones.
Eso es una práctica blanqueada. No se ocultaba y era moneda corriente y hasta acordada entre clientes y representantes. Había algunos otros que iban más lejos y cobraban el equivalente a varios meses, pero son casos extremos. El problema es que decenas de abogados fueron por esos tres sueldos y llevaron a las amas de casa a gestionar la jubilación cuando ya estaban cobrando por la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. Si acaso se trató de un error estaríamos frente a una noticia singular: en Entre Ríos cientos de abogados se equivocan y dejan en situación comprometida a sus clientes. Si no se trata de una equivocación, pues habrá que hablar de un mal asesoramiento, cuando menos.
Las amas de casa debieron estampar sus firmas en los trámites a lo largo de los cuales se les preguntaba en dos oportunidades si tenían beneficios jubilatorios otorgados por otro sistema, el provincial por caso. Ahora algunos abogados salieron a decir que en Anses se les dijo que tener una jubilación previa no era óbice para acceder a la jubilación nacional.
Desde Anses respondieron con indignación: es una mentira de los mismos que llevaron a miles de amas de casa a esta situación. También en este punto, de creer la versión de los abogados, estaríamos frente a una noticia llamativa: cientos de abogados fueron víctimas del cuento del tío. En medio de las acusaciones cruzadas, alguien del organismo nacional deslizó que “hay días que hay que correr a los abogados que se apiñan contra las puertas mientras las jubiladas firman y firman papeles”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
