Silvio Méndez
La secretaria de Gobierno, Rosario Romero, les anticipó que tendrían que mandar menos mensaje de texto por celular por mes y el subsecretario de Tránsito y Transporte de la comuna, Marcelo Baridón, les sugirió sacrificar la compra de gaseosas. Estas fueron las palabras de los funcionarios de la Municipalidad de Paraná, al justificar ante los alumnos autoconvocados contra la suba del boleto de colectivo, el incremento del 66,67 por ciento de las tarifas del pasaje estudiantil decretada por el Departamento Ejecutivo. Los jóvenes, al no tener respuestas a sus reclamos y tras una serie de consultas con los ediles, elaboraron un borrador de ordenanza para devolver al Concejo Deliberante el poder de decisión sobre los valores del transporte urbano de pasajeros que perdieron en 2007 y que el último aumento vuelva atrás. Lo insólito es que en el Concejo Deliberante aún se duda de lograr las voluntades para restablecer su competencia. Trascendió también que el costo de las tarifas nunca fue objeto de discusión en la Mesa de Transporte.
Tras una serie de movilizaciones de los estudiantes secundarios, terciarios y universitarios en rechazo del aumento del boleto y las negativas de la autoridades comunales para revisar la medida realizada por decreto, los centros estudiantiles autoconvocados presentaron el martes un esbozo que pueda servir de proyecto de ordenanza para restituir el poder de decisión sobre el tema al Concejo Deliberante y que se retrotraiga la medida del Departamento Ejecutivo Municipal. La iniciativa nació luego de realizar protestas callejeras y reuniones con autoridades municipales, así como con representantes de los bloques en el cuerpo legislativo. Básicamente el texto plantea devolverle las atribuciones sobre la definición de la escala tarifaria sobre el transporte urbano al Concejo, que se auto-suprimió (el propio cuerpo se mutiló poder) en el año 2006 mediante la Ordenanza Número 8.570. En el mismo borrador también se plantea retrotraer el incremento de los boletos derogando Decreto Número 1.296/08, del Ejecutivo municipal, y exigir al gobierno nacional mayores subsidios al transporte público de Paraná.
A falta de ingenio y atrevimiento de los ediles de la ciudad, los propios jóvenes redactaron un modelo de legislación por y para ellos.
Lo cierto es que si bien se debe aclarar que los ciudadanos por sí mismos están inhibidos de presentar proyectos de ordenanza, se debe reconocer la iniciativa política del grupo de alumnos que, notoriamente, le falta al órgano deliberativo. De todos modos, el concejal Emanuel Martínez Garbino (Concertación Entrerriana), ingresó también anteayer una propuesta que avanza en algún sentido sobre los planteos, porque rectifica la delegación de funciones del Concejo Deliberante al Departamento Ejecutivo y fija que la reactualización de precios se realice por ordenanza. Además, da marcha atrás con los aumentos e incorpora a la tarea que Departamento Ejecutivo efectúe un estudio del servicio para determinar la adecuación del cuadro de costos.
La aspiración de los estudiantes era que su bosquejo pueda ser tratado sobre tablas en la sesión ordinaria de hoy, lo que requería los dos tercios de las voluntades. Esta mayoría es la que se dudaba alcanzar. Porque si bien los bloques de la oposición de la Concertación Entrerriana como la Unión Cívica Radical adelantaron su decisión de acompañar la proposición de los estudiantes, el bloque mayoritario del Partido Justicialista no haría lugar al pedido y se dudaba sobre la posición de la banca unipersonal del solanista Martín Uranga. Pese que ambos fueron requeridos para su consulta por ANALISIS, ninguno contestó la interpelación, aunque el jefe del bloque justicialista, Gabriel Molina, había adelantado, en declaraciones periodísticas, que revisar la normativa en vigencia que delega funciones del Concejo al Ejecutivo “sería ilegal y entraríamos en un innecesario conflicto de poderes”, por lo que se descartaba el alineamiento a lo fijado por la Presidencia Municipal. Esa situación también exhibe una cierta paradoja sobre el problema ya que, teniendo el oficialismo la mayoría automática en el cuerpo deliberativo, carga y deja abierto otro frente de conflicto sobre un tema tan delicado para la ciudadanía en general como es el aumento de tarifas de colectivos a sabiendas de lo pésimo del servicio.
Hay que recordar que este último tarifazo está acompañado por una exigencia a las empresas de mejoras de las prestaciones, tal como la vez anterior en agosto de 2007 y como aquella en abril de 2006 cuando se puso como requisito la uniformidad de colores en las líneas, entre otros espejitos exhibidos para los incautos usuarios. Justamente en los fundamentos de su propuesta, los estudiantes señalan que “decisiones de semejante trascendencia no pueden recaer en voluntades individuales. El Departamento Ejecutivo Municipal desatendió la representación ciudadana que significa el Consejo Deliberante y tampoco convocó a audiencia pública para escuchar la opinión ciudadana sobre este tema tan crucial”, apuntaron. Además, poniendo en duda el real funcionamiento de la mentada Mesa de Transporte, donde supuestamente se discuten las cuestiones de esta especie, se replicó que no se puede negar sobre las disposiciones de la comuna “el derecho a implementar otras instancias de consulta que crea conveniente, pero es imposible ignorar el rol que deben jugar este Concejo y las audiencias públicas como espacios instituidos para tratar estos temas. En este marco entendemos que el Concejo Deliberante debe retomar y asumir nuevamente la atribución –que nunca debió delegar– respecto del transporte público de pasajeros en base al cual funciona una buena parte de la vida social, cultural y económica de la ciudad, por ser función propia de éste, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipios y, fundamentalmente, por el debate amplio, democrático, representativo que el tema merece y este Concejo está en mejores condiciones de garantizar, más que cualquier autoridad ejecutiva o funcionario individual”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
