Así se sienten los representantes de la sociedad civil en el Consejo de la Magistratura. Los cambios en la conformación del organismo y el retaceo de puntaje de la etapa Entrevista Personal los pone en un lugar de debilidad. Defienden el funcionamiento y, contrario a lo que se dice, creen que las demoras en el nombramiento de magistrados son parte de “un conflicto de poderes”. Para el Ejecutivo sólo cabe una crítica: la ausencia de un secretario de Justicia. No comparten algunos puntos de la ley reglamentaria que tiene media sanción de Diputados. Van por cambios en el Senado.

Federico Malvasio

El problema no es del Consejo de la Magistratura. Lo aseguran Carla Cusimano y Ricardo Sánchez cuando se les pide una explicación sobre las demoras en el nombramiento de magistrados. Los representantes de las ONG leen lo aprobado en la Cámara de Diputados respecto a la reglamentación del organismo y no se muestran conformes en puntos substanciales.

Los tiempos han cambiado y lo que ayer fue una necesidad indeclinable de la sociedad, hoy bien puede ser una mera cuestión de formas. El organismo asesor del Poder Ejecutivo por el que se evalúan magistrados sufrió en los últimos tiempos críticas de diferentes sectores. Más precisamente de los poderes restantes del que asesora: el Legislativo y el Judicial.

La demora en el nombramiento de jueces y fiscales y el alto porcentaje de vacantes en los tribunales de la provincia son elementos que sustentan un supuesto mal funcionamiento del Consejo. Esto es desmentido por los consejeros que, por el contrario, aseguran que son utilizados como el chivo expiatorio de un “conflicto de poderes” y padecen ciertas maniobras que los dejan mal parados. ANALISIS dialogó con los representantes de la sociedad civil.

Te saco, pero no te doy

La cámara baja dio hace dos semanas media sanción al proyecto de ley que reglamenta el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Entre las modificaciones más relevantes aparecen dos cuestiones: la repartición de puntajes en las tres etapas del proceso de evaluación; y la integración de un representante en el estamento de académicos.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)