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874
Cómo se repartió el dinero de los ATN en Entre Ríos

Oscar Londero
(Especial para ANALISIS)

En uno de sus artículos, el 47, la Constitución de Entre Ríos establece que “los actos oficiales de toda la administración, y en especial, los que se relacionen con la percepción e inversión de la renta, deberán publicarse periódicamente en la forma que la ley lo establezca”. Una obligación que el Poder Ejecutivo de la provincia cumplimentó en forma parcial al dar cuenta de la transferencia de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) por tres millones de pesos destinado a 162 Juntas de Gobierno.

El hecho reviste importancia porque esa asignación representó el envío más significativo que el Ministerio del Interior efectuó a la provincia en los últimos meses. Según el informe brindado en septiembre pasado ante el Senado de la Nación por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, durante el ejercicio 2009 Entre Ríos recibió 5.615.000 pesos a través de los ATN.

Esa cifra coincide con la respuesta brindada desde el Ministerio de Economía entrerriano a un pedido de acceso a información pública efectuado por ANALISIS. De ese monto más de la mitad del dinero fue para las Juntas de Gobierno y otros 300.000 pesos tenían como destino la cuenta del Tesoro Provincial, aunque todavía faltaba cumplimentar formalidades administrativas.

El resto, 2.065.000 pesos, se distribuyó entre nueve municipios administrados por el justicialismo: María Grande, Colón, Larroque, Basavilbaso, Herrera, Pronunciamiento, San Justo, Villa Mantero y Paraná. Las asignaciones variaron, como se verá más adelante, entre 100.000 y 500.000 pesos, según cada caso.
Mediante el decreto 2.260 del Ministerio de Gobierno, publicado el 29 de octubre pasado en el Boletín Oficial, el gobernador Sergio Urribarri dispuso “modificar el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos del ejercicio 2009” de la cartera política por un monto de tres millones de pesos “de conformidad a las planillas analíticas del gasto y de recursos, que agregadas forman parte integrante del presente decreto”.

Sin embargo el listado de marras no figura en el Boletín Oficial, que siguiendo una práctica impuesta por los usos y costumbres de la administración pública, sólo se limita a transcribir la parte resolutiva de los decretos. Algo que dificulta el cumplimiento del principio republicano de dar a publicidad los actos de gobierno, tal como consagra el artículo 47 de la Constitución entrerriana.

Por eso resulta difícil conocer la nómina de poblados a los que llegó la ayuda para atender sus desequilibrios financieros, conforme el espíritu con que se instituyeron los ATN, que forman parte de un programa que depende del Ministerio del Interior de la Nación y que se financia con el uno por ciento de la coparticipación federal de impuestos y un adicional de 20 millones de pesos que surge del Impuesto a las Ganancias.

En el intento por sortear ese escollo, este semanario intentó conseguir el anexo de ese decreto en la Dirección de Despacho del Ministerio de Gobierno, donde se registran y archivan todas las normas dictadas por la cartera política. De ahí se sugirió proseguir la búsqueda a la Dirección de Juntas de Gobierno, desde donde se derivó al cronista hasta el Servicio Administrativo Contable.

Recién en esa dependencia, y tras media hora de recorrida por el primer piso de Casa de Gobierno, se pudo acceder a las planillas complementarias del decreto 2.270/09, que lleva las firmas de Urribarri y de dos de sus ministros: Adán Bahl (Gobierno) y Diego Valiero (Economía). Se trata de 11 fojas que detallan el envío y el destino asignado a 2.826.200 pesos, ya que el resto -173.800 pesos- todavía no fue girado porque varias Juntas de Gobierno debían presentar algunos documentos.

Las transferencias fueron para cubrir gastos corrientes y gastos de capital. Incluyen a Juntas de Gobierno de los 17 departamentos, y según el detalle brindado desde el Ministerio de Gobierno, el dinero fue requerido para la compra de materiales de construcción, la adquisición de tractores, o la reparación de herramientas, entre otros fines.

Se trata de los destinos más mencionados en las planillas oficiales, que también permiten conocer otros detalles: el presidente de la Junta de Gobierno de Arroyo Barú, Guillermo Urribarri, recibió 10.000 pesos. Con ese dinero el hermano del gobernador compró una computadora y dos moto guadañas.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

Gustavo Bordet aseveró que no tiene nada que ver con los hermanos Tórtul, investigados en una causa por corrupción que lleva adelante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

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Los fiscales Gamal Taleb y Leandro Dato coincidieron en señalar que la denuncia de la defensa del ex gobernador es “claramente de una pretensión de –indebidamente- dilatar un destino que no es otro que la cárcel para Urribarri”.

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