D. E.
Durante más de 30 años fue “un paranaense” más. Casi nadie se ocupó de él. Ni los medios, ni los historiadores, ni los magistrados judiciales. Quizás porque el hombre se instaló en Paraná, a partir de su llegada al poder, a poco de producido el golpe de Estado de marzo del ’76 y fue de los que más benefició a abogados de la ciudad, que transformó en jueces, fiscales, camaristas y vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Salvo estos últimos, el resto permaneció por siempre en la estructura judicial, siguió ascendiendo y se fue. Otros, aún ocupan cargos en el ámbito tribunalicio.
El coronel Juan Carlos Ricardo Trimarco fue quien primero se hizo cargo de la provincia con el golpe de Estado del 24 de marzo, pero a los pocos días le cedió el mando a Di Bello, porque Entre Ríos era una provincia que debía conducir la Fuerza Aérea Argentina. Trimarco se quedó en Paraná, manejando la represión ilegal, con la estructura del Ejército Argentino, pero también con la apoyatura logística de personal de la Policía de Entre Ríos y la Policía Federal. Di Bello nunca desconocía lo que sucedía a su alrededor: detenciones ilegales, existencia de centros clandestinos, torturas, desapariciones, muertes violentas en simulacros, tanto en Paraná, como en Concordia, Nogoyá, Gualeguay o Gualeguaychú. Era el gobernador de la provincia; ni más ni menos.
Di Bello, oriundo de Capital Federal, había sido agregado aeronáutico ayudante en Gran Bretaña, fue observador en Vietnam y estaba retirado desde octubre de 1975. Estuvo a cargo de la Dirección de la Escuela Nacional de Guerra pero nunca había estado asignado a la unidad aérea de Paraná.
A los pocos días de asumir –según un relevamiento de ANALISIS-, Di Bello firmó los decretos para que se proceda “a la apertura de sobres” con las declaraciones juradas patrimoniales del vicegobernador Dardo Pablo Blanc; Héctor Carricart y Gualberto Garamendy. A estos dos últimos le cuestionaban haber estado detrás del diario El Día, que competía con el matutino El Diario de la familia Etchevehere.
Pero también se ocupó de meter mano en el Poder Judicial. Ordenó el “cese de funciones” de los vocales Raúl Enrique Bravo Herrera, Guillermo Carlos Hadad, Isidoro Flier, Humberto Luis Cumini y los jueces Carlos Juan Viola, Miguel Juan Bulos, Marta Dominga del Valle Olmos y Marta Xavier de Cullen. Y en el decreto siguiente, el 222, designó los miembros del STJ: Carlos Enrique Ferrari, Luis Calderón Hernández, Miguel Angel Cordini, Raúl Eduardo Aranguren, Juan Carlos Gemignani y Evaristo Antonio Uriburu. El secretario del cuerpo era Valentín Buttazoni. Todos tenían domicilio en Paraná. A los pocos días también serían cesanteados los vocales Roberto Massaferro y Carlos Washintong Fernández (Gualeguay); Abel López Salvatierra y el juez José García Riera, ambos de Concepción del Uruguay.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
