Silvio Méndez

El jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario Héctor Massuh, anunció que en unos dos meses se hará un llamado a licitación para la compra de entre 50 y 60 cámaras de vigilancia que serían colocadas en distintos puntos estratégicos –de los cuales no se dio precisión- de la ciudad. Según el uniformado, “a través de esta instalación, el órgano jurisdiccional encargado de investigar delitos podrá contar con una herramienta procedente para, primero, prevenir actos ilícitos y, segundo, esclarecer el hecho e identificar a los posibles sospechosos” (SIC).

El sistema de control público consistiría en una red de videocámaras móviles de “alta tecnología” interconectadas a través de fibra óptica. El proyecto que se dio a conocer a través de la prensa, contempla una central o “gabinete de seguridad ciudadana”, que sería integrado por empleados del municipio, para lo cual se reglamentarían sus funciones a través de una ordenanza, “preservando la privacidad del ciudadano y la correspondiente confidencialidad”, sostuvo Massuh.

El dispositivo tecnológico que se anticipó será costoso, se evalúa como “una gran ayuda para la Policía local”, añadió en declaraciones periodísticas el jefe policial.
Más allá de los anuncios, el caso es que ninguna de las fuentes municipales consultadas por ANALISIS conoce del plan que involucraría a trabajadores de la comuna. Tampoco que exista una reglamentación en la materia. Asimismo, hasta lo que se conoce, en la Legislatura provincial no existe tratamiento de normativa alguna que regule tales dispositivos de vigilancia y control callejero en Entre Ríos.

Así, el proyecto, lo poco que se conoce, desata serios cuestionamientos y la discusión sobre sus implicancias, tanto desde el punto de vista sociológico como desde lo legal. Las preguntas entonces se abren en torno a los límites entre los valores que se aducen proteger –seguridad-, la arbitrariedad del registro y la mirada a través de estos dispositivos, y los derechos que se vulneran con la medida –circulación y privacidad en el espacio público-.

La calle filmada

La investigadora de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Alicia Inés Villa, inscribe el fenómeno de las cámaras de filmación callejera dentro de un análisis de la vida en la trama urbana. En este sentido, sostiene que la ciudad es vista hoy día como un lugar de conflicto en donde se configuran “marginales” a la sociabilidad reconocidas mayoritariamente. “Podemos hablar hoy de una invención de tal marginalidad a partir del conjunto de creencias, representaciones y prácticas que tienen por objeto a ‘los diferentes’ en el marco de las modernas teorías de la seguridad urbana, entre ellas, el modelo de seguridad como exclusión”.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)