“El último que apague la luz”. La frase se repetía con pretendida comicidad por aquellos días de 2002. Los ejecutivos delegados por la firma norteamericana Public Service Enterprise Group, más conocida en toda América como PSEG, habían dejado a la deriva la empresa eléctrica que presta servicio en casi todo el territorio entrerriano y que venían manejando como consecuencia del pasamanos en que estuvo la ex firma estatal, tras su privatización durante los años de neoliberalismo puro y duro.

La compañía estadounidense dejó sus negocios concentrados en la sede de la esquina de Buenos Aires y 25 de Junio alegando el cambio de condiciones económicas para la prestación del servicio de energía. Concretamente, el 28 de marzo de 2002, PSEG ponía punto final a su presencia en Entre Ríos –como en otras provincias– debido a la pesificación de las tarifas y el desmoronamiento de la economía argentina.

No era la única firma que se iba del país. Lo hacían también por esos días las empresas que se habían quedado con la prestación de agua potable en otras provincias, convertida en negocio por el concepto neoliberal de Carlos Menem y sus seguidores del momento.

Lo dicho: el país se caía a pedazos. Como hoy el mundo habla de Grecia y su convulsión social, hablaba entonces de Argentina. Ni en el más optimista de los cálculos se podía advertir el milagro de la soja, el precio de las commodities que permitiría levantar un país por obra y gracia de la más rudimentaria y elemental actividad recolectiva: levantar una planta nacida de una semillita.

El verde salariazo

Todo se desmoronaba. Sin embargo, antes de irse, dos ejecutivos de la firma norteamericana se aumentaron el sueldo de manera tan grosera que no imaginaron que el reclamo les llegaría igualmente, pese a su partida al norte del continente. En efecto, los ex ejecutivos Marcelo Pablo Dumanjó y Marcelo Figueroa se hicieron una pequeña actualización de sus haberes del orden del medio millón de dólares. Tal fue la grosería que ya durante el mandato del directorio presidido por Carlos Molina se radicó una denuncia por administración fraudulenta.

Los funcionarios políticos contrataron a los reconocidos abogados paranaenses Raúl Barrandeguy y Noemí Berros para formular el reclamo y sustanciar la querella contra los dos ex ejecutivos. Dumanjó y Figueroa fueron procesados y como dato sobresaliente ocurrió que ambos debieron devolver el dinero.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)