Antonio Tardelli
El oficialismo, a quien no se le podrá arrebatar el mérito de haber dejado atrás lo que quedaba de la Ley de Radiodifusión de la dictadura –que el peronismo menemista mutiló en el único artículo que valía la pena, la prohibición impuesta a los medios gráficos para acceder a licencias de radio y televisión–, ha ensuciado tanto el trámite de aplicación que su ciega disputa con el Grupo Clarín desmintió sin remedio las motivaciones que supuestamente lo llevaron a operar tan decididamente en la materia.
Su anterior matrimonio con el multimedio –alianza que según su propio discurso lo emparenta con las mafias informativas– y su consolidado aparato propagandístico hieren mortalmente el discurso democratizador que supuestamente inspiró la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es éste y no otro el escenario en que se inscribirá lo que suceda mañana –si es que algo trascendente acontece–, plazo judicial, político y simbólico que acaso defraude expectativas alimentadas en exceso.
No obstante, y aun cuando los beneficios de la norma son todavía una promesa, el señalamiento de las arbitrariedades oficiales no debiera ocultar que en última instancia, además de los aspectos vinculados a los contenidos mediáticos, lo que está en juego es la potestad del Estado para limitar la propiedad en un campo específico de la economía. En ese punto, las tendencias autoritarias que anidan en el gobierno, selectivo y arbitrario, no pueden desdibujar el fondo de la problemática. La concentración que expresa el Grupo Clarín, sin ser su único ni principal exponente, demandaba sin dudas una acción política. Otra cosa sería convalidar la supremacía absoluta del dinero.
Así las cosas, cualquier efecto benéfico de la ley, si es que en serio se avanza hacia una comunicación más democrática, será, y es triste certificarlo, el efecto secundario de un enfrentamiento, el del kirchnerismo y Clarín, cuyas razones últimas permanecen en la oscuridad. El motor de cualquier cambio favorable, se puede conjeturar, es inconfesable. No es una consolidada fe en la democracia ni una convicción férrea en torno de los beneficios de la información plural lo que hasta aquí nos ha traído.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS del 06 de diciembre de 2012)
