Federico Malvasio
(Especial para ANÁLISIS)
Días turbulentos para la institucionalidad de la provincia. Un hecho judicial y un anuncio del gobierno sinceran una larga historia de degradación en el seno de los poderes del Estado. Todo parecería tener un objetivo: constituir un cerco a la investigación administrativa y judicial.
La empresa Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, con asiento en Concepción del Uruguay, recibió por parte del gobierno provincial créditos por 5,5 millones de pesos para la construcción de máquinas cosechadoras que iban a ser exportadas. Los montos fueron otorgados por el Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver). La firma quebró y las cosechadoras nunca se hicieron.
La Justicia entrerriana puso la lupa en los empresarios de la firma fulminada. El 6 de mayo del año pasado, la fiscal de Paraná, Sandra Terreno, solicitó el requerimiento de instrucción formal de la causa y el llamado a indagatoria de los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Bol. Todo se activó ante una denuncia interpuesta por el abogado de esta capital, Guillermo Mulet, quien decidió presentarse en los tribunales ante los escandalosos informes periodísticos. Menos suerte tuvo el ex prefecto del Seminario Menor de Paraná, Justo José Ilarraz, quien ni bien salieron las imputaciones en ANÁLISIS ya tenía a los sabuesos del Ministerio Público Fiscal abriendo una pesquisa de oficio.
El caso de las cosechadoras tiene dos actores: un empresariado de oscuros antecedentes que se quedó con fondos públicos; y un Estado que se siente estafado, pero que durante un largo tiempo desembolsó dinero sin control.
Por Decreto Número 4.432 del 18 de noviembre de 2009, se le otorgó a la firma “B.S.V. SA, del Grupo Senor” un préstamo de 574.500 pesos (equivalente a los 100.000 dólares que había solicitado) para la instalación de una fábrica con capacidad para producir 12 máquinas cosechadoras al año e incorporar a 27 trabajadores.
B.S.V. vuelve a aparecer en el Decreto Número 4.432, firmado por Sergio Urribarri. En este caso, el crédito fue otorgado a través del Finver, “reservándose el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de la Producción, conjuntamente con el mencionado Fondo, la facultad de controlar los requisitos imprescindibles y la marcha de la gestión y utilización del crédito”. A cargo de ese ministerio está Roberto Schunk.
Con el primer crédito en la mano, unos días después, se hizo el anuncio oficial: el gobernador Urribarri se reunió con los Senor, padre e hijo, y anunció que la producción de las maquinarias comenzaría en febrero de 2010, que a mediados de ese año se iniciarían las exportaciones a Venezuela. Ricardo hijo hasta se permitió hablar de una inversión total que treparía a los 12 millones de pesos. Lo primero que llamó la atención en toda esta historia es que la sigla B.S.V. es la misma denominación de una empresa que en 2008 montó una escena parecida en Formosa. El gobierno formoseño le otorgó varios créditos a través del Fondo Fiduciario Provincial (Fonfipro), pero después de algunos trabajos en el parque industrial de esa capital provincial el proyecto se desmoronó. Acá todo continuó. El gobierno entrerriano, que ahora se siente defraudado por la firma, había establecido en los decretos por lo que se autorizaba la entrega de fondos que los desembolsos se harían “previo informe técnico del Ministerio de la Producción sobre el cumplimiento de las metas fijadas”. Esto no se cumplió. El martillo de la Justicia, por ahora, recae sobre los privados.
(Más información en la edición gráfica número 1000 de ANALISIS del día 11 de abril de 2014)
