Antonio Tardelli

No todo lo que sucede, sea para bien o para mal, es obra del gobierno.
Y son interesados –también ellos– los actores políticos que no son el gobierno.
La realidad, siempre una construcción, es moldeada en buena medida por las decisiones oficiales.
También, por la capacidad de gravitar que acumulan actores que pueden ser más más o menos egoístas y amar más o menos a la patria.
Piensan los opositores que toda la realidad, de principio a fin, es consecuencia del accionar estatal.
Piensa el gobierno que, si las cosas van mal, ello obedece exclusivamente al proceder maligno de un puñado de conspiradores.
Por fortuna, las cosas son más complejas.
Desafían la inteligencia un poco más.
Es imperioso huir de la trampa del reduccionismo que, útil para quienes conciben el poder sólo como un espacio de disputa, obtura cualquier lectura lúcida y condena al fracaso todo intento por modificar el statu quo.
Es otra dimensión de la discusión pública entendida en términos binarios.

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No es que la solución ideal deba ser hallada en el sacrosanto justo medio.
Si el justo medio fuera la salida perfecta, la resolución buscada podría alcanzarse con el sencillo expediente de extremar más la posición propia, alejándola de aquel exacto punto neutral, con lo que automáticamente ese “justo medio” se desplazaría hacia el sitio en principio concebido como objetivo de máxima.
Por lo demás, en tanto lugar relativo, el punto medio bien puede ser una formidable porquería.
Su localización quedará siempre definida por la sensatez o el delirio –lo que fuere–de quienes discutan en el espacio público.
Unos y otros, en la Argentina, extreman diagnósticos excluyentes, unilaterales y sesgados.
Toda la culpa es del gobierno o toda la culpa es de las diferentes variedades de buitres.
Olvidan todos que hay múltiples actores y que el conflicto, omnipresente, fue ayer, es hoy y será mañana una tensión entre los intereses en pugna.
De armonías y conflictos se alimentan las sociedades.

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Un conflicto supone la interacción de diferentes protagonistas.
Un ejemplo.
Un actor, la Argentina, o sea, un Estado del sur del mundo, apela ante una corte estadounidense, otro actor, para recurrir una decisión de un tercer actor, un magistrado inferior, el juez Thomas Griesa, vinculada a un compromiso financiero.
Litiga contra el país otro actor, los fondos buitres, cuyos intereses son diferentes de los bonistas (otro actor más) que accedieron a la reestructuración, o sea, que defienden una postura distinta pero que eventualmente podrían verse favorecidos por la suerte de quienes compraron títulos a precio de ganga.
Entre los “buenos”, o sea, entre quienes respaldan la posición del Estado Nacional, debe contarse a la filial argentina del Citibank. Ese actor, antes odiado, hoy es aliado (lo que habla de la dinámica de los procesos, procesos que el gobierno sin embargo suele interpretar con caracterizaciones estáticas de sus protagonistas).
La postura nacional es defendida por otros agentes: abogados de apellido anglosajón tienen en sus manos la suerte de los porteños, entrerrianos, mapuches, wichis y cuyanos.
Enfrente de ellos, en esa audiencia millonaria, se acomoda la abogada del fondo buitre.
Los profesionales hacen su trabajo técnico y se aprestan a cobrar sus honorarios. Ni el amor a la patria ni a los financistas mueven a estos actores secundarios pero relevantes. Ganarán fortunas y buena parte del litigio depende de su pericia.
¿Patria o buitres?
¿Adónde identificamos el interés nacional?
¿En el gobierno argentino?
¿En los abogados estadounidenses que lo representan?
¿En la silla del aliado Citibank?
¿Y adónde los intereses populares?
¿Dónde está el bien?
¿Debajo de quién?

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¿Es en esa corte neoyorkina, o en el despacho del veterano juez, donde se juega el precio de la harina, la leche o los fideos?
Que los fondos buitres pretendan efectivizar un negocio tan brillante como disparatado, multiplicando exponencialmente su (en comparación) insignificante “inversión”, es una incidencia que no alcanza a explicar todos los dramas de la economía nacional ni los efectos de sus problemas sobre el nivel de vida de los ciudadanos.

El deterioro del poder adquisitivo de los salarios no comenzó el día que el financista Paul Singer decidió litigar.

Ni cuando Griesa falló.

Poco tiene que ver el lobbysta Carlos Gutiérrez –un sujeto que en tanto cubano emigrado y ex funcionario de George W. Bush parece escapado de un casting de enemigos indeseables convocado por el gobierno a los efectos de su elemental propaganda– con el deterioro de los indicadores de la macroeconomía, los niveles de emisión monetaria, la incapacidad del Estado para disciplinar a los formadores de precios o la destrucción sistemática del sistema nacional de estadísticas.

Ninguno de los problemas atribuibles al accionar del gobierno debe ser caprichosamente vinculado con el accionar de financistas que, ciertamente, expresan lo más abyecto del capitalismo global, pero cuyo comportamiento, es de hacer notar, no puede ser condenado en tanto no se impugne totalmente la lógica del sistema que es su razón de ser y su estímulo.

No todo tiene que ver con todo.

Que el kirchnerismo enfrente objetivamente enemigos antipáticos no significa que sus rivales expliquen todos los males de la realidad.

O que milite siempre en el bando de los desheredados del planeta.

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Exactamente en el mismo instante en que el gobierno litigaba en un tribunal de los Estados Unidos, los despedidos de Lear se movilizaban en una ruta de la Argentina.

Los cesanteados recibían al mismo tiempo la solidaridad de quienes se manifestaban también en caminos cordobeses, bonaerenses, mendocinos y santafesinos.

La lucha por la reincorporación de los despedidos lleva cuatro meses: 120 días de pequeñas victorias y una gran derrota permanente.
Cuatro meses es suficiente tiempo de angustia como para alentar una reacción destemplada (la misma que será presentada como expresión de la insensatez de quienes no se resignan a convertirse en desempleados).
Mientras pleitea en Nueva York esgrimiendo algunos buenos argumentos, el gobierno enfrenta el conflicto de la trasnacional Lear mediante una enérgica intervención de los gendarmes.
Ineficaz (por lo menos) el gobierno, cómplice la burocracia del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Gendarmería despliega su sutileza –en el mejor de los casos– arrojando gas pimienta a los ojos de un legislador de izquierda.
Antes del gas pimienta, previo a los palos democráticamente repartidos, el Gendarme Carancho.
Ahora Lear. Antes, Kraft. O Donnelley. Sigue la lista.
¿Dónde está, si buscamos por la Panamericana, la quintaesencia de lo nacional?
¿Dónde el interés de los débiles?
¿Dónde está el bien?
¿Debajo de quién?

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La política no es el reino de la armonía, como pretenden ciertos opositores.
En función del cálculo, políticos y comunicadores ignoran o relativizan el poder de actores corporativos que, en defensa de intereses muchas veces antagónicos con los de la sociedad, operan atacando al gobierno.
No todos los problemas que afectan al pueblo pueden ser descriptos desde el comportamiento de los gobernantes encaramados en el aparato del Estado.
Actores egoístas, despreocupados por la suerte colectiva, operan evidentemente sobre la realidad y el legítimo derecho de disentir con el gobierno no debería ser pretexto para silenciar la existencia de intereses objetivamente perjudiciales para el conjunto.
Mas la política no es tampoco un ámbito en que los gobiernos, poderosos o débiles, fungen como espectadores pasivos, observando impotentes cómo agentes perversos despliegan su mezquindad.
Autoridades que se limitan a comentar la realidad, incluso denunciándola desde cánones más propios de un analista que de un gobernante, expresan una impotencia que daña su propia imagen.
Desplegando su habitual beneficio de inventario, el gobierno juega a una discursiva transgresión señalando con el dedo a los malos en lugar de combatirlos de manera eficaz en el terreno de la vida real.
Un gobierno que acusa a la realidad, enojándose incluso con ella, admite su incapacidad para hacer valer sus recursos. Por definición, un gobierno que se reconoce impotente denuncia su fracaso. Es la fotografía del agotamiento.
Puede presentarlo como resistencia (particular resistencia la que se ejerce desde el aparato estatal) pero es una confesión.
Las explicaciones, entonces, son menos lineales.
No es ni una cosa ni la otra.
No puede el gobierno alegar que todo lo que acaece en el universo es obra de agentes malignos que no juntan los tacos ante sus directivas y, por eso mismo, representan definitivamente un interés antipopular.
No puede argüir la oposición que todos los datos de la realidad son producto exclusivo del accionar del gobierno (que podrá ser, sí, responsable de ellos en última instancia) absolviendo así, desde el silencio, el accionar de factores que deberían ser enfrentados por cualquier política que se precie de popular.
La política no es el reino de la conspiración, como protesta el gobierno, ni el sitio de los ángeles, bueno y cándido, afectados por el ogro estatal, como enuncia la oposición.
La política no se circunscribe al Estado.
La transferencia de responsabilidades, mecanismo preferido del kirchnerismo, y la ignorancia de los poderes fácticos, actitud en que habitualmente incurre la oposición, son los nuevos frutos, naturales y lógicos, de una cultura política que debate desde el prejuicio.
Prefabricada, la conclusión de un debate de esta naturaleza nace antes de que el debate comience y no aguarda argumentos para plantarse como definitiva.
Es el estilo, acaso inevitable pero siempre decepcionante, con que se discute de política en la Argentina del Siglo XXI.

Pie de foto:
La Presidenta ve buitres donde hay radios, políticos o, sí, buitres; cierta oposición, como la que expresa Carrió, subestima los intereses representados por determinados enemigos del gobierno.
Dos rostros del (des)control: Smaldone, presidente del Tribunal de Cuentas, y Mizawak, vocal del Superior.

Todo fuera de control

La tarjeta de invitación exhibía las firmas del presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Guillermo Smaldone, y del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
En nombre de los organismos que respectivamente conducen, invitaban al acto de lanzamiento de la Escuela de Administración Pública. La ceremonia se desarrollaba ayer, al cierre de esta edición, en el Hotel Marán Suites & Towers.
El programa se iniciaba con una charla convocada para debatir sobre un tema sensible: “El control público”. Estaba previsto que expusieran la integrante del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak; el procurador general Jorge García; y el contador general de la provincia, Aurelio Miraglio.
Para cerrar la actividad, el síndico general de la Nación, Daniel Reposo.
Contra toda su intención –es de suponer–, la tarjeta recuerda lo ya naturalizado. Alerta sobre la que ya no se discute. Repasar los nombres propios es un recorrido por una secuencia histórica que degradó los ya averiados controles institucionales.
Solemos olvidarlo, pero en Entre Ríos el poder funciona despreocupado por los controles. O, al menos, por fuera de todo control que se haya mostrado eficiente.
El fiscal Rodríguez Signes, cuyo nombre suena cada vez que se avizora una vacante en el Superior Tribunal, fue diputado provincial por la Alianza entre 1999 y 2003. Fue uno de los legisladores radicales que avanzó con el trámite del finalmente frustrado juicio político promovido al entonces titular del Poder Ejecutivo, Sergio Montiel.
Pero el dato a la distancia significativo es que, en coincidencia con legisladores enrolados en el bustimo (el hoy gobernador Sergio Urribarri entre ellos), Rodríguez Signes participó de la ofensiva política lanzada contra el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas, Oscar Rovira.
A cargo del organismo constituido para investigar hechos de corrupción en el sector público, el ex juez no sólo había direccionado la lupa sobre los hechos del pasado, fundamentalmente en casos que comprometían al ex gobernador Jorge Busti, sino que no trepidó en ser sabueso, también, de la gestión que había creado el organismo y promovido su designación. O sea, hizo Rovira lo que correspondía. Se sabe: tal cosa suele ser excepcional.
Al cabo de cierto tiempo, ni la Fiscalía ni sus integrantes sobrevivieron a la reacción de una corporación política que en su inmensa mayoría limó sus asperezas para evitar los controles, garantizar la impunidad y liquidar a los molestos denunciantes.
Una de las disertantes de ayer, la doctora Mizawak, fue la abogada defensora de Busti en las múltiples causas que asociaban su nombre a groseras irregularidades administrativas. La exitosa perfomance de Mizawak –con la anuencia del aparato judicial Busti no fue condenado en causa alguna– le valió un premio considerable: se convirtió en fiscal de Estado cuando el ex hombre fuerte del peronismo entrerriano asumió por tercera vez, en 2003, la Gobernación de Entre Ríos.
Desde ese sitio estratégico, Mizawak le puso una cereza a su torta: fue clave en la desarticulación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, único organismo que en las últimas décadas de la política entrerriana exhibió voluntad y valentía para enfrentar la corrupción.
Su desempeño le valió a Mizawak un galardón adicional: se convirtió en vocal del Superior.
El futuro dirá si en definitiva, además del origen radical y el posterior acercamiento al peronismo, Mizawak y Rodríguez Signes compartirán también el tribunal más importante de Entre Ríos.
En ese contexto, luce impecable la figura de Reposo para ponerle un broche de oro a la actividad.
Reposo no pudo convertirse en procurador general pese a que su nombre (ligado al vicepresidente Amado Boudou, favorecido por algunos de sus dictámenes) fue promovido por la jefa de Estado Cristina Kirchner. Durante el controvertido proceso de designación, la Asociación Internacional de Abogados y Juristas Judíos desmintió que el por entonces candidato a procurador hubiera sido miembro de la organización, como el propio Reposo había puntualizado en la documentación con que pretendía avalar su postulación.
Antes que eso, la mismísima Organización de las Naciones Unidas (ONU) desmintió que el candidato de la Presidenta hubiera disertado en ese ámbito. Un puñado de falsedades, como fue público, quedaron al descubierto durante la discusión.
La escasa adhesión y el enorme rechazo que en su momento generaron la candidatura de Reposo –propuesto por la Presidenta para reemplazar a Esteban Righi, quien dejó la Procuraduría General tras las acusaciones que en su contra formuló el vicepresidente Boudou– lo obligaron a desistir de la postulación.

La Presidenta encontró un relevo ideal en la actual funcionaria Alejandra Gils Carbó, impulsora del espacio increíblemente bautizado Justicia Legítima, expresión que intenta encubrir con cierta pretensión ideológica un vulgar intento colonizador. Es un ejercicio contrafáctico conjeturar acerca de cuál de los dos postulantes prometía con su desempeño un perjuicio institucional mayor.

Reposo fue convocado para cerrar una actividad a la que, entre otros, convocó Smaldone, quien llegó a la titularidad del Tribunal de Cuentas en vuelo directo desde el Ministerio de Trabajo. Dejó el gabinete de Urribarri elegido a dedo por el propio Urribarri para suceder a Hugo Molina, quien ocupó durante largos años la presidencia de un organismo que padece hoy un marcado descrédito.

Para designar a Smaldone, el oficialismo convirtió en letra muerta –seis años no fueron tiempo suficiente para reglamentar el instituto correspondiente– el requisito constitucional del concurso, incorporado a la carta magna de Entre Ríos en la reforma de 2008. El trámite del concurso no fue reglamentado por la Legislatura, pese al tiempo transcurrido, y tampoco por el Poder Ejecutivo, que bien pudo hacerlo frente a la morosidad de las cámaras.

La falta de reglamentación permitió que el ministro de Urribarri se convirtiera en el controlador principal de Urribarri y en uno de los anfitriones de la actividad en la que, ayer, se habló de cómo controlar al poder de modo más severo.

Ante las duras críticas que al momento de la designación de Smaldone sufrieron los diputados y los senadores oficialistas, y el propio gobernador, tanto desde la Legislatura como desde el Poder Ejecutivo se comprometieron a salvar en el futuro, lo más muy rápidamente posible, la cuestión. “Apenas termine esto (la designación del nuevo presidente del Tribunal de Cuentas), nos ocupamos del tema”, prometieron.

No cumplieron.

Un diputado opositor, el radical Jorge Monge, presentó ahora un proyecto dirigido a reglamentar el requisito del concurso.

¿Qué suerte ha corrido la iniciativa de Monge?

Duerme en algún cajón el previsible sueño de los justos.

Cree el poder, el poder establecido, que bien se puede prescindir de la justicia. Y de la Justicia.

Todo fuera de control.

Pero ayer, en Paraná, durante una promocionada actividad oficial, se parloteó acerca del control.