Silvio Méndez
Hace pocos días comenzó a conocerse un relato conmovedor. Se trata de la historia de la maestra rural Estela Lemes, quien trabaja desde hace 16 años en la Escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, a 15 kilómetros de Gualeguaychú. La historia de Estela es la de muchos docentes de campaña que viven estrechamente vinculados a su trabajo y la comunidad donde desarrollan sus tareas. La historia de Estela también es la de una trabajadora de la educación que se ha visto expuesta a los venenos esparcidos por una avioneta y empleados en un campo lindero a la escuela. La historia de Estela es la de una maestra fumigada a quien en recientes estudios se le ha detectado en el cuerpo rastros de clorpirifós y glifosato, dos venenos utilizados como pesticidas. Ahora, evaluaciones efectuadas con mayor profundidad determinaron que por esta exposición y envenenamiento puede tener daños neuronales y musculares que deberá tratar, contó la docente.
Desde hace más de cuatro años que el proyecto Paren de Fumigar Escuelas viene desarrollando intensas labores, junto con la seccional Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay, para poner en debate y denunciar esta situación de desidia, descontrol y desprecio por los otros. Porque envenenar una escuela, con sus chicos, chicas y personal adentro es algo inadmisible.
Paren de Fumigar ha relevado 16 departamentos en toda la provincia, promoviendo también espacios de reflexión, debate y educación sobre la problemática. Según sus datos, el 80% de las escuelas rurales censadas ha padecido de fumigaciones de algún tipo. Y detrás de estas cifras están los testimonios, como el de Estela, que pone voz propia alertando sobre una problemática que sigue siendo relegada en la agenda de tratamiento del Estado.
Recientemente, en declaraciones radiales, el ex diputado provincial y ex funcionario del Consejo General de Educación, Héctor de la Fuente, definió como meollo de la falta de legislación la injerencia de los más encumbrados sectores del poder político –con intereses en la explotación agropecuaria–, que han venido privilegiando a los grupos concentrados de productores de granos que se niegan a una regulación con la excusa de que los controles implicarían una disminución de la rentabilidad.
(más información en la edición gráfica número 1037 de ANALISIS del jueves 7 de abril de 2016)
