Por ley nacional y también provincial en adhesión, los envases de agrotóxicos desechados deben tratarse en los denominados Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT). En enero de 2019 se anunció oficialmente la creación de siete CAT en Entre Ríos para las 1.000 toneladas de plástico empleadas por año en la provincia pero hasta ahora, nada en concreto. En octubre del año pasado, y en base a la experiencia de La Pampa, se le requirió al ex secretario de Ambiente provincial que se prohíba la comercialización hasta que Campo Limpio, la empresa encargada de instalar el servicio de recuperación, cumpla con su plan de trabajo. El entonces funcionario rechazó el pedido aduciendo que los atrasos eran por la pandemia de Covid-19. La Coordinadora ambiental Basta es Basta lanzó una campaña de firmas para que, por iniciativa popular, la Legislatura trate un proyecto para reconocer como “Actividad Peligrosa a la Producción Agrícola con utilización de insumos de síntesis químicas”.
Silvio Méndez
“De la cuna a la tumba”, así es el tipo de responsabilidad que establece la Ley Nº 27.279 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios, explica en diálogo con ANÁLISIS la abogada ambientalista María Fernández Benetti. Con esta figura intenta dar cuenta ante qué problemas nos enfrenta la falta de aplicación de la mencionada normativa en Entre Ríos. La legislación nacional, con su adhesión provincial, establece centros de acopio para el posterior tratamiento de los bidones usados de agrotóxicos, pero su implementación no se ha hecho realidad. Y si bien el órgano de aplicación es la Provincia, se aclara, “el Estado no debe hacerse cargo económicamente de los envases; se tienen que hacer cargo los privados” porque la 27.279 prescribe que la responsabilidad de todos los eslabones del ciclo del envase es “extendida y compartida”, según su artículo 5º.
La instalación de los CAT fue objeto de reclamos formales ante la Secretaría de Ambiente provincial, pero la respuesta fue que las medidas fueron “ralentizadas” por el “aislamiento social”. No obstante, la empresa Campo Limpio, encargada de instalar los Centros para la gestión de estos desechos, estableció un sistema de Campañas de Recepción Itinerantes. El último se realizó el 30 de junio en La Paz, pero la medida aparece como un paliativo esporádico. “¿La responsabilidad extendida solo llega hasta la recolección del bidón? Yo creo que no, que el tratamiento ‘de la cuna a la tumba’ debe ser solventado por las empresas. Además ¿qué se hace con los bidones una vez recolectados?”, se pregunta Fernández Benetti ante este “parche” que no parece contemplar el contralor estatal requerido para luego de depósitos de los recipientes.
La activista del colectivo socio ambiental entrerriano Basta es Basta apuntó además que Campo Limpio fue denunciada y multada con una cifra millonaria en La Pampa en agosto de 2020. La Fiscalía de Estado pampeana llevó el caso por el cual se sancionó con 30 millones de pesos a la Fundación por el “daño ambiental” producido a raíz de la inadecuada gestión de bidones vacíos de fitosanitarios, entre el 28 de enero y el 11 de febrero de ese año.
Asimismo, a principios de 2021, ante la falta de avances en el modelo de gestión de envases vacíos, el gobierno de La Pampa decidió prohibir la comercialización de agroquímicos. Los CAT en esa provincia debían estar en funcionamiento antes del 28 de enero, al igual que el sistema de trazabilidad de los bidones que exige la normativa. La medida fue resistida por las entidades rurales y el circuito económico de granos y proveedores de insumos, así como fue respaldada por el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié.
(Más información en la edición gráfica número 1122 de la revista ANALISIS del jueves 8 de julio de 2021)
