El exgobernador Sergio Urribarri está en su peor momento político y judicial. Teme condenas fuertes de parte de la justicia, que lo inhabiliten a perpetuidad y que hasta pueda ir a la cárcel por delitos de corrupción. En esta edición, historias de abuso de poder, corrupción y secuelas de manejos impunes en una provincia.

 

Daniel Enz

 

A Sergio Urribarri nunca se le cruzó por la cabeza que iba a llegar este momento en que está siendo enjuiciado por delitos de corrupción durante su administración. En los días previos al inicio del Megajuicio se cansó de enviar mensajes a diferentes hombres del poder político, tanto a nivel nacional como provincial, donde se mostró molesto y de alguna manera los responsabilizó de su destino, porque nadie -según Urribarri- trató de interceptar el inicio del juicio. El exmandatario confía en sus abogados, pero entiende que le será muy difícil zafar de estas instancias, que pueden marcar su final político. De hecho, en Casa Rosada y más que nada a partir de la llegada de Santiago Cafiero a la Cancillería, siguen muy de cerca lo que sucede en los Tribunales de Paraná y no dudarán en desplazarlo de la Embajada Argentina en Israel, de haber una condena del tribunal que lo juzga y no esperarían a las confirmaciones posteriores, en otros estamentos superiores.

 

Entre los dirigentes y funcionarios más jóvenes del kirchnerismo, de alguna manera se sorprendieron con el enjuiciamiento de Urribarri. Precisamente porque no tenían demasiado conocimiento de lo que había sido su carrera política y menos aún de su crecimiento patrimonial en los últimos diez años.

 

Casi nadie sabía de su origen humilde, como hijo de ferroviario, en su Arroyo Barú natal o en General Campos, hasta dónde llegó una vez Jorge Busti, para proponerle que sea diputado provincial del PJ-Concordia, a partir de la administración de Mario Moine. Urribarri vivía en una casa social otorgada por el IAPV, con puerta de chapa, junto a su mujer Ana Lía Aguilera y los cuatro chicos: Sergio Damián, Mauro, Bruno y Franquito, que aún no había cumplido un año de vida. Ese día Busti se sorprendió con la presencia de un quinto nene, que apenas tenía 12 años, que estaba con la ropa destruída y descalzo: Juan Pablo Aguilera, hermano de la mujer de Urribarri. Urribarri le hizo pollo, en una parrillita sobre una chapa en el suelo, que tenía en el patio de la casa. 

Sergio Urribarri nació en Arroyo Barú, un poblado de no más de 500 habitantes, el 7 de octubre de 1958. Hijo de Miriam Teresita Luchessi, una maestra de escuela rural y de Jorge Enrique Urribarri, jefe de una pequeña estación ferroviaria, estuvo hasta los 18 años en esa pequeña comunidad, hasta que su padre fue trasladado a General Campos, a no más de 60 kilómetros de Concordia y muy próximo a la ciudad de San Salvador. Sergio Daniel es el segundo de tres hermanos. El primero, Guillermo, es médico. Armando, que era veterinario, falleció en el 2016 tras combatir largamente contra el cáncer. Junto con sus humildes padres, los tres vivieron de chicos en la estación de trenes de General Campos; mucho tiempo después se trasladaron a una casa ubicada más “en el centro” del poblado. Don Jorge Enrique había sido candidato a presidente comunal por el peronismo, pero no le fue muy bien en las elecciones. No obstante, Sergio Daniel no abrazó de entrada su amor por el general Juan Perón, porque en principio simpatizó más por el radicalismo, en especial por el furor que habían generado las ideas de Raúl Alfonsín y así se lo hacía saber a algunos de los amigos del pueblo. Fue en ese momento en que conoció al entonces jefe de la bancada radical de diputados nacionales, el victoriense César Jaroslavsky, quien les había prometido una ambulancia para el pueblo. Uno de sus mejores amigos lo quiso sumar a la Juventud Radical, pero Urribarri marcó distancia, más allá de su buena relación. “Si hacemos un partido vecinal, nuevo, te acompaño”, le dijo.

Entró a trabajar a la sucursal del Banco Mesopotámico a principios de los ’80 y al poco tiempo se puso de novio con Ana Lía Aguilera, también proveniente de una familia muy humilde. No pocos recuerdan una foto de ambos en los carnavales de 1982, arriba de una carroza, donde, al parecer, la muchacha, que lucía una malla turquesa, ya esperaba al primer hijo. El embarazo le trajo algunos problemas familiares a Urribarri; el padre de la joven -que tenía entre 17 y 18 años- trató de propinarle una paliza, corriéndolo con un cuchillo y tuvo que intervenir el policía Rubén Espinosa para que el cruce no pasara a mayores. El sargento dejó escondido en su casa particular a Urribarri, hasta tanto se le pasara la furia a su suegro. Esa fuerte ligazón con los Aguilera hizo también que en las elecciones del ’83, Urribarri tuviera que colaborar con la campaña de su tío político, César Aguilera - hermano del padre de Ana Lía-, que fue candidato a intendente por la UCR en el pueblo.

Los Aguilera eran muy allegados a la Iglesia y la situación del embarazo de Ana Lía había generado una fuerte conmoción familiar. Esto motivó que la joven pareja se marchara de la casa familiar y fueran a vivir a una vivienda social -que terminó destruida en el pueblo con el correr de los años-, que la comuna había construido en la década del ‘70. Intentó avanzar con la carrera de Ciencias Económicas en Concordia, pero el crecimiento familiar lo complicó. Uno de sus amigos del lugar le hacía incluso las monografías en su máquina de escribir, en los horarios de la siesta o la tarde. Varios días a la semana hasta iba al banco a trabajar junto a él.

La madre de Ana Lía -doña Paula Medina- también era maestra y el padre, Nepomuceno Aguilar, atendía una librería muy chiquita de General Campos. Es la única mujer de tres hermanos; uno de ellos cura, Aníbal Aguilera, quien ingresó al Seminario de Paraná, después de varios noviazgos conocidos en el poblado y una adicción: las motos importadas. Con esto último se sigue moviendo y no lo ha podido superar. En medio de los pobres o los necesitados, el cura Aguilera no tiene problemas en andar sobre su moto de alta cilindrada. Y si debe defender a su cuñado Sergio Daniel, no duda en utilizar el púlpito o algún que otro micrófono. Lo más saliente fue en el conflicto del campo, cuando salió en contra del reclamo de los productores de Chajarí, cuando se encontraba en la Parroquia Santa Rosa de Lima de dicha localidad. «Se escuchan muchas agresiones, muchas acusaciones, que es repetir el `crucifíquenlo ́ que le gritaban a Jesús; hay que dialogar, pero con respeto, no hay que creerse con el derecho de avasallar al otro», indicaba con énfasis. El otro, el menor, siempre fue el apañado de Ana Lía: Juan Pablo Aguilera, a quien nunca se le conoció trabajo alguno, hasta que su cuñado llegó al poder en Entre Ríos.

La primera actividad política de Urribarri fue precisamente en General Campos. Tenía 20 años -o sea en 1978, plena dictadura y año del Mundial de fútbol en la Argentina- cuando un amigo lo convocó para que trabaje ad honorem en la Comisión de Cultura de la comuna. Mientras tanto, no dejó de trabajar como bancario. De igual manera, los integrantes de esa comisión le juntaban algo de dinero para darle, porque el sueldo del banco no le alcanzaba para mantener tantas bocas.

Fue entre 1982 y 1985 aproximadamente, que Urribarri sumó otra actividad laboral, los fines de semana y junto a su mujer. Su entrañable amigo José Luis Galván puso un boliche bailable en San Salvador, que se llamaba Nipur y ellos eran los que estaban en la caja o en el guardarropa. El boliche terminó cerrando casi diez años después, cuando unos pibes concordienses le prendieron fuego al techo de paja del lugar, en revancha porque una semana antes no los habían dejado ingresar por ser menores. Desapareció en diez minutos por el accionar del fuego.

El abuelo del empresario Galván creó la estación de servicio que luego quedó enmarcada en la empresa Transoil SRL, que pasó a ser una pyme familiar, que también tiene “cultivo de arroz” entre sus actividades, según los registros de la AFIP. Galván fue concejal del PJ y coordinador de la Dirección Provincial de Vialidad en la primera administración urribarrista. Pero eso era lo más parecido a una changa. “Vamos a hacer buenos negocios con el arroz en Venezuela”, le dijo Urribarri antes de concretar algunos de esos viajes al país latinoamericano, en tiempos del comandante Hugo Chávez.

Galván tuvo un crecimiento económico importante desde que Urribarri se sentó en el sillón del general Justo José de Urquiza. En particular, en el segundo mandato. A fines de 2012 formó la empresa Majo SA, relacionada a la compra de Molinos Centro, en Villa Clara, en el departamento Villaguay. Transoil creció notablemente en cuanto a su capacidad exportadora y lo mismo sucedió con Majo SA que llega a destinos como Bolivia, Brasil, Chile, Irak, Libia, Perú y Venezuela. En 2012, y como representante del negocio arrocero, Galván se sumó a la numerosa misión comercial a Angola, donde se presentaron las insólitas cosechadoras truchas. También adquirió un departamento en Punta del Este.

*****

Algo le cambió la vida a Urribarri cuando se presentó como candidato a intendente de General Campos, en 1987, junto con la lista que postulaba a Jorge Busti para gobernador. No obstante, nadie lo recuerda como un “buen administrador”. Al contrario, todos hablan del “desastre” que hizo en la comuna, consecuencia quizás de su inexperiencia. Los hermanos Quintana fueron los que lo llevaron como candidato del pueblo; lo consideraban “un buen muchacho” y “trabajador”, en su rol de cajero del banco. Le ganaron las elecciones al referente del Molipo (Movimiento de Línea Popular), que lideraba el exembajador de Jorge Videla en España y exgobernador entrerriano, el paranaense Jorge Washington Ferreyra. La noche anterior le pincharon las gomas con clavos miguelitos a todos los allegados al partido de derecha y por ende casi los dejaron sin movilidad. Fue por orden de Urribarri que, en la jornada anterior al comicio, también se buscaron a todos los ciudadanos humildes del pueblo, a los borrachines, discapacitados o gente de la tercera edad, para encerrarlos en un galpón y darle asado y buen vino. Era la forma de asegurar el voto a primera hora de ese domingo electoral. El único que se escapó fue un tal Domingo del Fío, de la Colonia El Caracol, que era un personaje muy querido. Esa noche fue hasta las vías del tren y se arrojó al paso de la maquinaria.

Uno de los más cercanos a Urribarri en esos tiempos de General Campos era un familiar directo de Emiliano Giacopuzzi, quien casi tres décadas después aparecería como testaferro de Juan Pablo Aguilera en sus negocios turbios con el Estado y actualmente está siendo juzgado junto al actual embajador argentino en Israel. Urribarri tuvo serios problemas en su administración en General Campos, en especial por cuestiones personales y de amoríos. Incluso, optó por ausentarse del lugar ante la situación vivida.

El intendente estuvo varios meses ausente de la comuna, pero Busti lo convenció para retornar y terminar su mandato. Su madre, Miriam Teresita Luchessi de Urribarri, que colaboraba con él en la secretaría privada, fue la que puso el pecho a las balas. Ella prácticamente terminó la gestión, mientras que su hijo hacía política para llegar a la Legislatura entrerriana y pasaba en alguna hora para firmar los papeles que faltaban.

El PJ ganó el departamento Concordia en todos los rincones en 1991. Menos en General Campos. La gente le pasó factura al intendente algo prófugo. Pero igual le alcanzaron los votos departamentales para llegar a la Cámara de Diputados.

Urribarri tuvo un rol intrascendente en el período de Mario Moine. Sobresalió por no aprobar la Ley 8706 de Emergencia del exmandatario, que determinó un fuerte ajuste y despidos en la administración pública, pero no más que eso. Su porción de poder comenzó a ostentarlo en la segunda gobernación de Busti, en que se transformó en presidente de la Cámara de Diputados. Ese lugar preciado por todo legislador lo tenía a su disposición, sin mayores controles. Los auditores fijos del Tribunal de Cuentas, después de la conflictiva situación que vivieron en la administración de Moine, con las diferentes partidas de las cajas de alimentos que conmocionaron al oficialismo, poco a poco pasaron a ser lo más parecido a meros asistentes del presidente de turno en la Legislatura. Eran conscientes de que no podían averiguar demasiado y que lo mejor era mirar para otro lado y disfrutar de las mieles del poder. Lo más fácil era enviar ese informe mensual requerido, de no más de 10 páginas, con un detalle casi absurdo, más parecido al de la contabilidad de un almacén de barrio que al de auditores del principal organismo de control del Estado.

El director administrativo de Diputados era Arnaldo Abramor, ya fallecido. El funcionario legislativo había sido mano derecha de Orlando Víctor Engelmann en Diputados, a partir de 1987. Era el que conocía cada uno de los vericuetos para lograr la circulación del dinero sin que nadie pudiera controlar sus movimientos ni exigir demasiado. La entrega de subsidios fue una fiesta durante la administración de Urribarri en Diputados. Pero nadie quiso sacar los pies del plato. Hubo un pacto de silencio entre peronistas y radicales -porque Urribarri ya tenía esa capacidad de “dejar bien y conforme” a los de la oposición para que nadie se queje-, muy parecido al del Senado conducido por Héctor Alanis, que llegó a dilapidar once millones de dólares por año sin ningún tipo de justificación y por lo cual terminó condenado varios años después.

Pero la implosión fue cuando se conoció el escándalo de los subsidios a poco de llegado Sergio Montiel a la Gobernación, después de ganar las elecciones de 1999. Fueron dos exempleados legislativos los que se quebraron. Pero no lo denunciaron a Urribarri, sino al diputado radical Roberto Valente, de Colón.

Urribarri quedó preocupado cuando se enteró lo de Valente. Ya gobernaba Sergio Montiel y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), liderada por el exjuez concordiense Oscar Mario Rovira, lo tenía en foco. Rovira había visto el crecimiento patrimonial del diputado justicialista, en poco tiempo y más aún después de la segunda administración bustista. A principios de 2000, el reelecto diputado - que presidía el bloque del PJ- ya era dueño de una cantera de canto rodado (figuraba incluso en el padrón de la Dirección de Minería de la provincia, bajo la inscripción número 248) y no pocos advertían su intención en participar del negocio del fútbol.

No obstante, le fue mal con el emprendimiento de la cantera y tuvo que venderla, después de que le rebotaran algo más de 20 cheques, por falta de fondos en su cuenta corriente. A no pocos le quedaba claro que el manejo de negocios no era su virtud. De cualquier manera, en su alrededor se sabía que no estaba dispuesto a aportar un peso de su bolsillo para salvar la pequeña empresa. Quizás en ese momento se dio cuenta que lo más fácil era vivir solamente del Estado y no complicarse la vida. Esos mismos allegados sabían perfectamente que Urribarri era una máquina de gastar dinero. Que lo que tenía, desde el Estado provincial, lo dilapidaba y siempre pensando en él o en los integrantes de su familia.

Tembló como pocas veces cuando se enteró que Rovira estaba terminando de confeccionar una presentación ante la justicia de Paraná, respecto del manejo personal que hizo con subsidios desde la Cámara Baja y su responsabilidad sobre los que firmó a otros legisladores. Creía que nunca le iba a llegar la hora de comparecer ante la justicia. Y hasta se mofaba sobre lo mal que lo estaba pasando el exdiputado Valente, de acuerdo a lo que iban informando los medios periodísticos.

Rovira fue a Tribunales y radicó la denuncia contra Urribarri el 31 de octubre de 2000, ante el juez de Instrucción Ricardo González. Pero a las pocas semanas tuvo que archivar el expediente porque cuando hizo el planteo de desafuero, la Cámara de Diputados se opuso. Urribarri optó por permanecer casi escondido en esa prerrogativa.

Rovira no se quedó de brazos cruzados y amplió su denuncia contra Urribarri el 28 de abril y el 12 de julio del 2001, para remarcarle sus irregularidades en el manejo de subsidios otorgados en 1999 por 1.638.000 pesos/dólares. La causa la inició en otro juzgado por “fraude a la administración pública, peculado y falsificación de instrumento público”. Quedó radicada en el Juzgado de Instrucción a cargo de Jorge Barbagelata, de origen radical, pero llevado a la justicia por sugerencia del ex fiscal de Estado, Raúl Barrandeguy, a fines de la primera gestión bustista. Barbagelata venía de tomarse varios meses de “vacaciones” en Estados Unidos, después de una especie de crisis existencial como magistrado. Durante un buen tiempo, se juntó con algunos amigos y cantaban a la gorra en el país del Norte, con un grupo de folklore que aún perdura en el tiempo.

Barbagelata también hizo un pedido de desafuero del diputado Urribarri, a la Cámara Baja y la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia se encargó de cubrirlo. Los tres vocales del STJ, Daniel Carubia, Carlos Chiara Díaz y Miguel Augusto Carlín, venían jugando fuerte en contra de cualquier medida del gobierno de turno (lo que se profundizó cuando el exmandatario intentó iniciarles un juicio político a todos ellos), como así también en una pelea sin cuartel con el fiscal Oscar Rovira, poniéndole trabas a la mayoría de las causas por corrupción iniciadas. En la presentación de la FIA, quedaba claramente demostrado cómo Urribarri repartió dinero entre punteros del PJ y sin ningún tipo de control. Muchos de ellos eran de la Agrupación Evita de Concordia, aunque, a su vez, en la nómina aparecían conocidos comerciantes vinculados al poder político de entonces. En la extensa lista figuraban también personas que trabajaban en alguna dependencia estatal o eran titulares de firmas.

Urribarri no ocultaba su malestar por la causa judicial porque, a la vez, se había tenido que ir de Concordia por un buen tiempo, como evidente coletazo del avance del expediente. Había recibido una fuerte amenaza de muerte en su casa familiar, de parte de militantes sociales, que le reclamaban que devolviera lo que había robado. Urribarri no dudó en sacar a su familia de Concordia para instalarse en la capital entrerriana.

Hubo aprietes varios y jugadas muy sucias, para embarrar el caso. “Te vamos a pegar dos tiros por la espalda”, le dijeron un domingo a la noche a una de las personas que tenía que declarar en la mañana del lunes, ante la fiscal Estela Bonazzola, a mediados de 2001. La persona era una de las testigos clave de la causa, que optaron por llegar hasta Paraná para decir que nunca habían recibido un subsidio de parte del legislador y que, obviamente, la firma que figuraba en los papeles no le pertenecía. Pero no fue lo único extraño. Otra persona que también tenía que declarar en Paraná, se vio sorprendida cuando, horas antes de emprender el viaje, llegó un policía a su domicilio, para decirle que se había suspendido la audiencia, lo que después se supo era mentira. Ese supuesto policía era el chofer del propio Urribarri. Lo habían vestido de agente y le confeccionaron papeles truchos, para que entregara una contraorden ilegal cuantas veces fuera necesario.

Los integrantes de la FIA comenzaron a atar cabos y llegaron a la conclusión de que, evidentemente, por ese motivo era que se venían produciendo reiteradas ausencias en el despacho de Bonazzola, cada vez que había algún testigo citado. Incluso, cuando comenzaron a consultar a quienes tenían que acudir a la capital entrerriana, se encontraron con hechos vergonzosos.

-A mi ofrecieron plata para que declare, pero que diga que Urribarri me había dado el subsidio y que la firma me pertenecía –reconoció uno de ellos.

-¿Y cuánta plata te ofrecieron? –se le preguntó. -Cien pesos. Para mí es mucho dinero.

Sucede que casi todos los supuestos beneficiados - por no decir todos- vivían en condiciones extremadamente humildes, en barrios marginales de Concordia. ”Pero lo más jodido me sucedió a mí. Me dijeron que si perjudicaba al diputado Urribarri me iban a matar directamente”, señaló.

Pese al miedo imperante, cuatro personas reconocieron en esos días, ante la fiscal Bonazzola, que nunca habían percibido un subsidio de Urribarri, pese a los papeles presentados por el diputado ante el Tribunal de Cuentas y la propia FIA, avalado por la abogada Claudia Mizawak, quien por esos días era la defensora del diputado nacional y exgobernador Jorge Busti. Mizawak se ocupó de la defensa de Urribarri, por pedido especial del exmandatario y no desconocía los movimientos mafiosos que se estaban cometiendo con los testigos que debían declarar. Pero miró para otro lado.

Valente fue llevado a juicio oral y público en marzo de 2003. O sea, un año electoral y con una provincia aún en llamas, con la administración montielista. A Valente se lo encontró autor intelectual y material de haber otorgado y destinado subsidios para financiar su campaña y solventar deudas personales. Lo condenaron a 3 años de prisión condicional.

Urribarri se enteró esa misma mañana de la condena. “Vos quédate tranquilo, que a todo lo vamos a arreglar más adelante”, le dijo Mizawak por teléfono. Busti ganó las elecciones generales a fines de ese 2003. Al primero que designó en su gabinete fue a Urribarri. Lo nombró ministro de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos. Asumió el 11 de diciembre junto al gobernador y el resto de los ministros. Una de las primeras cosas que hizo fue alquilar una amplia residencia en calle Moreno, donde después, por años, siguió viviendo su hijo mayor Damián. La casa pertenecía a una mujer empresaria de Concordia. Su abogada Mizawak fue la que firmó como garante del contrato. Al día siguiente, antes de iniciar las actividades oficiales en Casa de Gobierno, la doctora Claudia Mizawak lo pasó a buscar por su oficina y fueron los dos hasta el despacho del juez Barbagelata. A la hora, ambos salieron con la resolución judicial en la que Urribarri quedaba fuera de la causa por falta de pruebas. A las pocas semanas, la abogada tuvo su merecido premio: fue nombrada fiscal de Estado, en reemplazo del abogado Jorge Romero, quien optó por renunciar al cargo.

Delicias y frustraciones

Urribarri llegó a gobernador en 2007, de la mano de Jorge Busti. No tuvo mayores sobresaltos hasta que en el 2008 estalló la pelea con el campo y se enfrentó a Busti, que no dudó en expresar su apoyo a los productores. La disputa de Urribarri con el campo era firme y sostenida. En escasos días tuvo que estudiar algo del tema porque desconocía casi completamente, para estar en línea con la decisión de Cristina Fernández y poder contrarrestar la fuerte embestida pública del líder agropecuario, Alfredo De Angeli, que iba creciendo en consenso, no solamente en la provincia, sino también en el resto del país.

Pero había un doble discurso de Urribarri, como casi siempre ocurrió en su carrera política. Decir una cosa, hacer otra. Justo en el año principal del conflicto, Urribarri ideó, junto a sus amigos kirchneristas, una empresa agrícola dedicada al negocio de la soja, que mantuvo oculto por casi ocho años, hasta que fuera revelado por Análisis digital. Con la ayuda del polémico y cuestionado secretario de Comercio, Guillermo Moreno y el ministro de Planificación, Julio De Vido; las sugerencias del exvicepresidente Amado Boudou y las directivas en Formosa del gobernador Gildo Insfrán, creó la empresa Kriptax Inc Sociedad Anónima, donde puso como asociados a sus hijos Sergio Damián y Mauro Gabriel. Mucho después también se sumó el futbolista Bruno Urribarri como socio.

La sociedad fue conformada por la escribana Marta Cascales, esposa de Guillermo Moreno. Cascales fue socia de Alessandra Lali Minnicelli, esposa de Julio De Vido, en la consultora Fonres para atender juntas ciertos negocios privados. Moreno, De Vido y Boudou pasaron a ser aliados de Urribarri en el gobierno nacional y el tiempo iría profundizando esa relación. En especial De Vido y Boudou, a quien conocía de sus épocas en la ANSES, cuando le consultaba de la situación de ahogo financiero de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. Pero Boudou también le hizo de puente en las relaciones con Insfrán, quien había requerido del exministro de Economía para que lo asesorara en servicios de la reestructuración de la deuda pública formoseña. Kriptax inc no fue una sociedad que se originó con los Urribarri sino que “compraron” la firma. El ingreso a la sociedad por parte de los dos hijos mayores se produjo el 9 de octubre de 2008. Ese ingreso se concretó por la renuncia de María Rosa Barraza y Silvia Guallama, ambas con domicilio en la provincia de Buenos Aires. Se reformó el estatuto y el objeto, porque hasta ese momento era una “constructora, mediante la refacción y reciclado de inmuebles, administración, arrendamiento, comercialización y explotación integral de inmuebles urbanos y rurales”. La fecha de inscripción de Kriptax Inc ante la AFIP fue el 4 de agosto de 2008 y dos meses después pasó a manos de los hermanos Urribarri. Al año siguiente, en el 2009, ya había empezado la construcción de la majestuosa casa de la Península de Salto Grande. O sea que ya había desarrollado la inversión mucho antes de empezar a tener una supuesta actividad agrícola con la sociedad anónima.

No pocos jugadores que llegaban por primera vez a la residencia del lago de Salto Grande de los Urribarri no salían de su asombro. No era para menos. La construcción es lo más parecido a un petit hotel cinco estrellas, con cerca de 10 habitaciones, cada una con su baño en suite. Amplia pileta de natación, un quincho de importantes dimensiones (seis metros por diez, aproximadamente); cocina, comedor y living comedor para no menos de 20 o 30 personas, con equipos de split en cada rincón de la construcción. Pero también diversos lugares de servicios, algo alejados del casco central, con determinadas zonas construidas de modo especial, con algunas elevaciones, para poder ver el lago en su amanecer o atardecer. La cancha de fútbol es profesional, con medidas reglamentarias y un césped perfectamente acondicionado, con riego artificial permanente. Se puede acceder por aire o por el lago, pero no cualquiera lo puede hacer, por un perímetro de seguridad establecido. El que quiera llegar por tierra debe conocer perfectamente la forma, porque hay curvas y contracurvas. Además, la tranquera está ubicada a por lo menos dos kilómetros de la residencia principal. Los que llegaban al lugar también se sorprendían con el dispositivo policial previo que se diagramó rápidamente en la zona, cuando se escuchaba la llegada de un helicóptero. Con la incorporación de los hijos del exgobernador, la empresa Kriptax pasó a ser “agropecuaria, mediante explotación de establecimientos rurales en inmuebles propios o arrendados, compra, venta, cría y engorde de ganado vacuno, ovino, porcino o equino. Siembra y forestación y explotación de frigoríficos. Importación y exportación de ganado en pie o faenado, granos y maderas. Compra venta, importación o exportación de fertilizantes, plaguicidas y productos de uso veterinario”. Pero con el tiempo le agregó viñedos -de los que nunca se supo y están desarrollados en el predio de Salto Grande- y también la actividad de extracción de arena, que pasó a ser también un buen negocio para otros hombres de la política entrerriana.

El domicilio fiscal es en el coqueto edificio de calle Junin 658, piso 6, departamento A, torre B, de Capital Federal, donde funciona el estudio contable del profesional que atiende los negocios del empresario Marizza desde fines de los ’80.

El punto en cuestión es que las anteriores socias, María Rosa Barraza y Silvia Guallama, formaron una verdadera empresa fantasma. En su momento declararon domicilio en Mendoza 5640, también en Buenos Aires, pero esa altura no existe y en el barrio nadie escuchó hablar de las entonces empresarias. Es más: Guallama y Barraza eran beneficiarias de planes sociales y su domicilio real está ubicada en la villa Carlos Gardel. Ambas cobraron el plan social Jefas de Hogar hasta enero de 2009, cuando se les dio la baja y fueron traspasadas al Plan Familia. A su vez, las dos mujeres, aparecían, por esos tiempos de entre 2007 y 2010, en un total de 17 sociedades fantasmas, que con el correr de los años pasaron a otros “empresarios”. Entre ellos –además de los hermanos Urribarri- aparece el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. El 18 de agosto de 2009, un mes y medio después de su renuncia, Jaime desembarcó en Bit Way SA, junto a su hermano, Eduardo Jaime, también involucrado en las denuncias por enriquecimiento ilícito y dádivas. La nueva sociedad anónima de Jaime fue creada por María Rosa Barraza y Silvia Guallama, quienes renunciaron el mismo día de la confección societaria para dejarle su lugar a los hermanos Jaime. O sea, eran personas sin antecedentes comerciales de ningún tipo, que eran utilizadas para la creación de sociedades anónimas fantasmas, que generalmente se usan para el lavado de activos u ocultar dinero proveniente de la corrupción.

Alrededor de Kriptax aparecieron varias dudas que Urribarri nunca aclaró públicamente. Nunca se supo por qué la empresa se radicó en Capital Federal cuando su actividad se desarrollaría en el interior del país y sus socios residen en Entre Ríos. Las actividades principales de la firma no son del 2007 ni del 2008, sino mucho después. Para el cultivo de arroz se inscribió recién en fecha 1 de noviembre de 2013. En el cultivo de soja se inscribió el 1 de febrero de 2015. En el régimen de proveedores de granos recién se inscribió el 6 de junio de 2011.

De acuerdo al Bureau de créditos, recién en mayo de 2014 la sociedad tomó deuda por 1.209.400 pesos, teniendo siempre la situación crediticia en categoría uno, con lo cual pagó en tiempo y forma. Toda su deuda se concentró en el Banco de Formosa S. A., donde el Estado provincial -que maneja Gildo Insfran (PJ)- tiene el 33 por ciento de las acciones.

Pero no era el único negocio productivo de los Urribarri. El cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera, empezó a manejar en la mitad de la administración del primer gobierno, el establecimiento La Mariela, en Colonia Walter Moss, cercano a General Campos. El predio, de algo más de 120 hectáreas, está a nombre de su tío Abel Lorenzo Aguilera -aunque es una herencia familiar- y se dedica a la cría de ganado bovino. También está habilitado para cultivo de arroz y servicios inmobiliarios. “El Juampi hizo una inversión de no menos de dos millones de pesos en el lugar, a partir del 2011, sin ninguna productividad, porque no había nada en el predio. El llegaba con un bolso grande de plata y empezaba a repartirlo como si nada”, indicó un exempleado, con conocimiento de causa. Quedaba claro de dónde retiraba el dinero el cuñado del exgobernador.

Las sorpresas llegaron más allá. Un año después, en el arranque del segundo gobierno, los Urribarri crearon la firma Agro Premium Sociedad Anónima. También en la misma sede de Kriptax Inc. La empresa Agro Premium está también estrechamente ligada al negocio agrícola: “Criadero, distribución, venta y comercialización de aves, huevos y toda clase de productos y subproductos y frutos de granja”. También con sede en Junín 658 de Capital Federal. O sea, un aspecto al que el exgobernador Sergio Urribarri hizo una fuerte apuesta en su gestión, alentando siempre a tal inversión, aunque marcando distancia con los negocios del campo. Con sus hermanos Jorge Guillermo Ramón (médico) y Armando Arturo (veterinario, fallecido a mediados de 2016), al igual que a su hijo mayor Sergio Damián, conformaron la empresa agrícola. Fue creada el 10 de julio de 2012 y con la misma modalidad que la otra pyme familiar de los Urribarri: no se publicó en el Boletín Oficial de Entre Ríos, sino directamente en el Boletín Oficial de la República Argentina, con el aval de la escribana Angela Tenuta, de Capital Federal, la misma profesional que conformó Kriptax. En el 2017, a poco de conocerse públicamente su existencia, se conocieron cambios en la sociedad. Renunciaron como presidente Jorge Urribarri y Sergio Damián Urribarri -actual planta del Senado entrerriano-, aunque siguieron en la sociedad, según la publicación del Boletín Oficial. No obstante, se sumaron a la conducción de la empresa Marcos Manuel Francou -como presidente- y Silvana Laura Francou como directora suplente. Ambos residen en las afueras de la localidad de San José.

El primero de ellos trabaja en Las Camelias (la firma de cultivos de maíz de la familia Marsó) y la joven Francou se dedica a tareas de educación especial.

*****

--En este primer año de gestión, se desviaron más de 18 millones de pesos del Senado -reveló una fuente muy cercana a los manejos administrativos de la Cámara Alta. El dólar estaba en 4,75 pesos. O sea, esos 18 millones eran el equivalente a 3.800.000 dólares.

Era principios de 2012 y el dato mostraba hasta dónde se podía llegar con los manejos impunes de dos personajes que pasaron a ser clave en su andamiaje: Mauro Urribarri y Juan Pablo Aguilera. El primero pasó a ser el secretario de la Cámara de Senadores; el segundo, el secretario político del bloque oficialista.

--¿Pero por dónde desvían ese dinero? -se preguntó.

--Por contratos truchos, subsidios no reintegrables con firmas falsas, pagos de publicidades, licitaciones por compras que nadie controla. Los auditores del Tribunal de Cuentas nunca objetan nada.

El propio excajero bustista, Oscar Horacio Mori -ya fallecido-, le reconoció al escritor Martín Caparrós, para su libro El Interior, publicado en 2006, que los senadores oficialistas se hacían confeccionar “un cheque de transferencia de fondos y se robaban la plata entre cuatro”. Fue allí que incluso reveló que él en persona “robó” del Estado provincial 2,5 millones de dólares para comprar el desaparecido diario Hora Cero y que durante más de un año hizo abrir una cuenta en la Cámara Alta “para pagar los sueldos del personal y el papel, y así lo sostuvimos hasta que lo pude transferir al Grupo Vila-Manzano”, reconoció. Se abrió una causa por los graves dichos de Mori, pero la justicia nunca avanzó. El expediente por las absurdas maniobras de desvío de dinero estuvo a punto de ser declarado prescripto y tuvo que pararse sobre esos papeles el propio procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Amílcar García, fundamentar que no era así y ordenar su continuidad para ser llevado luego a juicio oral y público. Todas las mismas irregularidades del Senado y otras más fueron las que comenzaron a instrumentar Mauro Urribarri y su tío Juampi Aguilera. “Se sentaron sobre las cajas de Diputados y del Senado y manejaron los millones de pesos a su entera disposición, a partir de 2011. Eran cerca de 600 millones de pesos que tenían bajo su control. Precisamente, los reyes del descontrol”, acotó la fuente. La Mesa de Dinero del Senado, donde se desviaron fondos millonarios, mientras se hacían cambios de dólares, no fue casualidad. Y hoy lo sigue investigando la justicia federal. El fiscal federal Carlos García Escalada había avanzado a paso firme, pero falleció por Covid-19 hace escasos meses.

Lo mismo hicieron en la Cámara de Diputados, tal como se consignara en diferentes artículos periodísticos de esta revista, a partir del estallido de la causa Contratos truchos legislativos, por lo cual se desviaron 53 millones de dólares entre 2008 y 2018.

Mauro y Juampi se adueñaron absolutamente de la caja de Diputados, aunque el presidente era José Angel Allende. Y a su lado le ubicaron a Nicolás Pierini, amigo personal del hijo del exmandatario entrerriano. Allende solamente tenía margen para llevar más dinero que los demás diputados y la posibilidad de algún que otro contrato para familiares o allegados directos de quienes precisara en determinadas circunstancias. El resto era manejado por la dupla Mauro-Juampi. Control total y absoluto. Mientras tanto, la vida política seguía su curso en la Casa Gris. Urribarri arrancó el 2012 designando a Hugo Ballay como presidente de la empresa de energía estatal Enersa. En la primera gestión y en la anterior de Busti, Ballay había manejado la Cafesg y su enorme caja. En el entorno de Urribarri, Ballay siempre fue señalado como quien maneja las finanzas que componen todas las cajas paralelas que dispone el urribarrismo. Se conocen, Urribarri, Ballay y Gustavo Bordet, desde los primeros días como estudiantes de contador público en Ciencias Económicas de Concordia. Ballay y Bordet terminaron la carrera. Ballay fue siempre quien supo cuánto había, cuánto quedaba o cuánto faltaba para afrontar, por ejemplo, una campaña o a cualquier otro gasto derivado de la política. Por eso fue un personaje clave en el andamiaje de finanzas de Urribarri y no tuvo problemas en seguir en las dos administraciones de Bordet, esta vez como ministro de Economía.

Nada quedó librado al azar a partir del segundo mandato de Urribarri. Cada movimiento impune siempre tuvo una especie de corralito para que la información no se dispare o para que los “controladores” miren para otro lado. Había órdenes estrictas a los auditores y fiscales del Tribunal de Cuentas. Más aún cuando asumió como presidente del TdC el abogado Guillermo Smaldone, en reemplazo del eyectado Hugo Alberto Molina. El joven concordiense llegó a ser presidente del Tribunal de Cuentas por el sólo hecho de ser amigo de la familia Urribarri. De compartir meriendas, almuerzos o cenas, en especial con Mauro y con Juampi Aguilera, a quienes siempre invitaba a su coqueto departamento del Parque Urquiza, en un edificio donde también residen su hermano Tomás y tiene un piso el ministro de Economía, Hugo Ballay, que está a nombre de una empresa de Miguel Marizza. Smaldone no contaba con tres años del ejercicio de la profesión de abogado, ni tenía los 30 años de vida que requiere la ley para asumir ese cargo. Como en otras instancias, los senadores peronistas, obedeciendo el pedido de Urribarri, miraron para otro costado.

Era un combo donde cerraban medianamente las cosas. Negocios millonarios con el Estado; desvíos millonarios de dineros públicos; retornos millonarios, en especial de parte de los empresarios constructores; inexistencia de revisiones de contratos o licitaciones y “acuerdos” no escritos con varios de los distinguidos hombres y mujeres de los organismos de control y la justicia. Mientras tanto, el grupo familiar de Urribarri y varios de sus funcionarios encumbrados, ni siquiera ocultaban las viviendas o casas de fin de semana totalmente fastuosas. Nadie podía justificar lo que compraban en el país o en el Uruguay (donde varios referentes urribarristas adquirieron departamentos con vista al mar, en Punta del Este, en los últimos años) ni la forma de vida que llevaban, viajando con sus familias a Europa o a los lugares turísticos de México, Colombia o Venezuela.

Y se daban gustos caros que no tenían comparación. Un aspecto saliente de ello era el uso abusivo que hacían de aviones particulares que se contrataban, a 5.000 dólares por viaje. La que más facturaba era la empresa London Supply. Por esos días de 2012 era considerada una empresa de aceitados vínculos con el poder kirchnerista y en especial con Amado Boudou. El exvicepresidente se transformó en uno de los “amigos personales” de Urribarri en el segundo mandato de Cristina Fernández. Le solicitaba casi semanalmente el préstamo del coqueto helicóptero Bell Ranger comprado por el gobierno entrerriano a comienzo de la segunda gestión (en un precio muy superior al del mercado) y destinado a la Policía de Entre Ríos, para viajar a diferentes puntos del país, en actividades oficiales.

“No sabés cuánto te envidio este helicóptero. Me encanta, Pato”, le decía el ex dirigente de la Ucedé, aquel partido de derecha fundado por el capitán ingeniero Alvaro Alsogaray. Urribarri, como buen comedido, nunca dijo que no a los pedidos del vicepresidente. Lo sorprendente de ese uso abusivo de los recursos públicos era evidente en la actividad “por cuestiones privadas” que tenían los learjet contratados por el gobierno los fines de semana. Sábado de por medio, el avión salía temprano desde Paraná, pasaba por Concordia y desde allí llevaba a la esposa del entonces gobernador, Ana Lía Aguilera, hasta Capital Federal, solamente para que haga una visita de compras al shopping. Desde Paraná iban el asistente personal de Urribarri, Sergito Cornejo o bien el entonces ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez y el subsecretario Sergio Fabián Gómez. Siempre pedían que en el catering existiera jamón ibérico con panes especiales, que se terminaba regalando al personal de plataforma porque no comían ni el 20 por ciento de lo que requería Urribarri en persona. Tomaban champagne Cristal y se jactaban que en algún lugar coqueto de Palermo continuarían disfrutando de esos placeres, para ver el atardecer porteño, en una de las zonas más paquetas de Buenos Aires. Claro que siempre lo hacían pensando en el militante necesitado; el que no llegaba a fin de mes o no tenía para comer. Al fin de cuentas, nadie se iba a preocupar por los gastos de los señores. Para eso estaban los fondos reservados o los cajones llenos de dinero que disponían en sus oficinas o en sus viviendas, consecuencia de las coimas de empresarios, que llegaban en sobres cerrados y eran entregados personalmente o bien a secretarias de suma confianza. “Mis asistentes nunca fallan. Son leales hasta la muerte”, repetían esos altos funcionarios. Esos colaboradores eran premiados con algún dinerillo de esas gratificaciones empresariales; un determinado viaje con estadía y spa en un complejo turístico amigo de la provincia y si era necesario, se inventaban unos días de viáticos pagos, por más que permanecieran en sus casas de Paraná.

En la segunda administración urribarrista funcionaba a la perfección el dos por uno. Cuando se compraba algo específico para el Estado, siempre aparecía el mismo diálogo. A veces, ni siquiera resultaba necesario porque el empresario de la licitación o compra directa ya lo sabía de antemano: se necesitaba un elemento en particular, pero se levantaba el precio y a cambio, ese agente de negocio llevaba otro de regalo para el funcionario. Nadie iba a preguntar por qué había costado más de lo habitual. Y en todo caso, las respuestas estarían al orden del día: que la inflación; que la demora en los pagos, etcétera. Estaba aceitado el combo, como así también el retorno de las coimas.

Los aviones privados iban y venían los fines de semana. Paraná-Concordia-Buenos Aires o solamente Paraná-Buenos Aires y viceversa. Nadie iba a decir nada. Los pactos de silencio en el poder casi nunca se rompen. Y había algunas particularidades que lo hacían más interesante: nadie de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), instalada en el aeropuerto Jorge Newbery, se animaba a controlar los aviones que llegaban o salían con colaboradores, familiares o el propio Urribarri. Tenían la obligación de hacerlo, pero se aplicaba el mismo criterio que con los funcionarios kirchneristas. Algo así sucedió también cuando llegaba algún personaje kirchnerista a cerrar determinado negocio a Paraná y nadie se tenía que enterar. Como sucedió con Lázaro Báez en el 2013. Llegó al aeropuerto de Paraná en vuelo privado, llevaba 400 mil dólares cash para comprar una aeronave y a las pocas horas retornó a Buenos Aires. Siempre era así.

“Urribarri se sentía un elegido. Tenía el Estado a su disposición en la provincia y sus relaciones carnales con Cristina Fernández y su séquito lo hacía creerse más intocable”, recordó un alto funcionario. Eso era dinero constante; a toda hora y sin la necesidad de firmar un papel.

*****

Urribarri precisaba del 2014. Era el año en que debía despegar, instalarse; transformarse en una nueva figura del kirchnerismo en todo el país y estaba decidido a hacerlo. Fue en los primeros días de enero de ese año en que reunió a sus más allegados y les dio la directiva. No importaba nada. Había que trascender. Y para eso estaban los recursos del Estado. “A ver si me entienden muchachos. Esta plata la manejamos nosotros; somos los que conducimos este proceso y no permitiré que nadie me ponga reparos”, les dijo.

Juampi Aguilera, fundamentalmente, tenía el más alto rol de cajero. Había que profundizar el desvío en Diputados y en Senadores, pero también entre banqueros del juego y empresarios de la construcción o de lo que fuera. Era una tarea titánica, donde el objetivo era recaudar sin contemplaciones. “Es insaciable el gobernador”, se quejó más de una vez, un alto empresario, con oficinas en pleno centro de Capital Federal, como así también en otras provincias. Urribarri había ido personalmente a verlo, para pedirle una cifra de 7 ceros para el arranque.

--Usted nos pide demasiado, gobernador. No le puedo dar eso que me pide -le respondió, el hombre flaco, calvo y algo entrado en años.

--Sabe que siempre le dimos una mano a ustedes. Juntan mucho dinero con nosotros. No se olvide de eso.

El empresario le dijo que le iba a hacer un aporte importante, pero que le tuviera un poco de paciencia y contemplación.

Desde el arranque de enero Sergio Urribarri se lo pasó recorriendo las fiestas populares de la provincia. El Ministerio de Cultura y Comunicación había elaborado un calendario de este tipo de eventos y, ante cada fecha, proveía aportes para la organización en general, fondos para cachet de artistas de renombre, publicidad y, en especial, una fuerte inversión en la transmisión televisiva en medios provinciales y nacionales. La sangría económica que generaba esta estrategia, diseñada por el ministro Pedro Báez, a las arcas públicas provinciales, tenía varias metas. Una era exaltar la figura de Urribarri para acrecentar su posicionamiento a nivel nacional; otra era que a los bolsillos de los ejecutores de ese plan fueran parte de los fondos destinados a contratar sonidos, escenarios, pantallas y, esencialmente, pauta publicitaria, en virtud de acuerdos con determinados proveedores; y una tercera etapa era mantenerlo contento al mandatario, que por entonces estaba hiperactivo en las redes sociales y disfrutaba como un chico de la publicación de álbumes de cientos de fotos, que generaban comentarios, etiquetas e ida y vuelta en los que usualmente participaba en forma personal.

El 25 de enero de 2014, Urribarri integró la comitiva que acompañó a Cristina a la cumbre de la Celac, en La Habana. Dos semanas más tarde, ante la Asamblea Legislativa, pronunció un mensaje con un imponente fondo de escenario impreso en la imprenta de su cuñado Aguilera. Consultado por la prensa, por primera vez admitió públicamente algo que era vox pópuli entre sus colaboradores: que tenía serias intenciones de competir para ser Presidente de la Nación. Aunque los abogados defensores del Megajuicio actual lo siguen negando. La consulta periodística se originaba en un hecho insólito: luego de una reunión de la Liga de Intendentes Justicialistas, la presidenta municipal de Galarza, una localidad de 5.000 habitantes ubicada sobre la ruta 12, había publicado en su Facebook la noticia que el mandatario había dado en ese encuentro. “Nuestro gobernador nos anunció formalmente a todos que será precandidato a presidente de todos los argentinos. Vamos Pato que nosotros te apoyamos!!!!”, escribió la señora Julia Witman en su muro, causando enorme nerviosismo en el entorno del mandatario, que tuvo que apresurar el anuncio. “Yo no voy a negar lo que hablé con los intendentes justicialistas. Fue una reunión de trabajo donde hubo diez puntos de la gestión institucional y un tema político que fue un comentario. No lo niego, lo dije, pero tengo muy en claro que la prioridad de hoy es la gestión y tenemos Presidenta para rato”, dijo el entonces gobernador a los medios en el teatro 3 de Febrero.

Dos días más tarde, lo ratificó en una entrevista con Página/12: "Sí, voy a ser candidato presidencial. Este proyecto, iniciado por Néstor y Cristina, tiene mucho por recorrer todavía. Así que efectivamente estaré en las PASO de 2015, compitiendo con los candidatos que se presenten". Pero los abogados defensores del Megajuicio negaron rotundamente tales definiciones del exgobernador.

Para entonces, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich habían anticipado algo sus intenciones y Daniel Scioli ya era precandidato. En algunos medios nacionales se lo señalaba a Urribarri como sparring del motonauta Scioli, pero en Entre Ríos se hablaba de Urribarri como “el candidato de la Presidenta”. La hipótesis se reforzaba con la idea de que no había sido designado jefe de Gabinete “para preservarlo”. El 1 de marzo, Urribarri movilizó unos 10.000 militantes entrerrianos a plaza de Mayo. La meta fue marcar presencia y mostrar el apoyo a su candidatura en ocasión del mensaje de la Presidenta ante la Asamblea Legislativa. Los carteles, hechos por Juampi, decían “Néstor-Cristina-Urribarri”. La movida mereció un sueltito en Clarín titulado “Con afiches, bailarinas y críticas a la oposición, el gobernador de Entre Ríos apunta a las elecciones 2015”, en alusión a pasistas de carnaval que acompañaron a la columna entrerriana y a dichos del mandatario contra Sergio Massa.

El 15 de mayo, Juan Pablo Aguilera asumió al frente de la Casa de Entre Ríos. La movida respondía a la necesidad de tener una base desde donde operar en Buenos Aires para la intención de Urribarri de ser candidato a presidente de la Nación, que ya era un hecho por esos días. Con Aguilera al frente, la casa de calle Suipacha fue remozada casi en su totalidad, con una inversión millonaria. Se modernizaron las oficinas principales, se decoró una especialmente para el uso de Urribarri que pasaba varios días a la semana en Buenos Aires y se convirtió en quincho con asador el último piso del edificio. En ese remodelado espacio tuvieron lugar reuniones políticas de lo más variadas y, además, celebraciones familiares de los Urribarri, como si fuera el quincho de su casa. "En nuestro pueblo (General Campos) vivió un dos veces gobernador y probable presidente”, destacó Aguilera, al hacer uso de la palabra.

En los meses siguientes, Urribarri inició un periplo por el país, diseñado a modo de campaña disimulada en su rol institucional. En cada lugar, había una disertación, la firma de un convenio o alguna actividad de carácter formal que justificara su presencia, pero lo importante era la agenda política que desplegaba. Primero eran reuniones chicas, algún discurso en una sede partidaria. Luego los actos fueron creciendo, pero a fuerza del despliegue de dinero que se hacía. Y siempre utilizó la misma estrategia: antes de viajar a un determinado lugar, en semanas previas trataba de ubicar a los dirigentes del fútbol más conocidos y encumbrados de esa capital, para que le llevaran la barra a cada acto, lo que salía su precio. Pero para eso estaban los dineros del Estado y de los empresarios amigos.

Urribarri no lo decía, pero el único funcionario nacional que lo apoyaba era el ministro de Planificación de la Nación, Julio De Vido, con quien tenía cierta amistad y buenos negocios. Al funcionario K también le servía insertarlo a Urribarri para hacerle algo de interna a Scioli.

En la provincia Urribarri empezó a estar poco, ya que se la pasaba recorriendo el país concentrado en su precandidatura y luego en Buenos Aires. Para moverse, usaba toda la estructura oficial. Viajaba en el helicóptero de la Policía o en un jet pagado con fondos públicos, con una comitiva que incluía, de mínima, a un auto con su custodia, otro con sus secretarios privados, otro con su equipo de prensa y otro con sus asesores de imagen. Los miembros del gabinete entrerriano y los funcionarios de las primeras y segundas líneas también daban el presente en las actividades de Urribarri fuera de la provincia (siempre en autos oficiales y percibiendo viáticos) lo que profundizaba aún más la desatención a la marcha de la gestión. Había días en que los principales despachos de la Casa de Gobierno estaban vacíos.

El Parador y el lanzamiento

 “Este es un parador turístico para mostrar a Entre Ríos en Mar del Plata”, decía el anuncio oficial. Ese arranque de enero de Sergio Urribarri, al comienzo de 2015, fue el comienzo del fin. Pocas veces hubo tanta indignación con el gobernador entrerriano, en las redes sociales, por la patética escenografía que armaron sus asesores en plena playa de la ciudad feliz, con palmeras que habían sido llevadas desde la ciudad de Colón. El parador fue a todas luces una herramienta de campaña, pagada con fondos públicos.

Urribarri estaba decidido a avanzar contra viento y marea. Incluso, empezó a mostrar la nueva imagen de campaña en Mar del Plata, en una inmensa gigantografía realizada en la imprenta de su cuñado, con el pelo hacia atrás y más canas que las que de verdad tenía. La enorme foto dejaba claro que allí no se trataba de difundir las atracciones de la provincia, sino la figura de Urribarri y sus aspiraciones presidenciales. Una vez que se aclaró lo de las palmeras compradas a un vivero de Colón (aunque Urribarri dijo habían sido un regalo) y se retiró la gigantografía, pudo inaugurarse el espacio. Buena parte del gabinete, funcionarios de segunda y tercera línea, al igual que intendentes y concejales de la provincia, llegaron a Mar del Plata para ser parte del encuentro, casi todos con viáticos pagos. No obstante, la inminencia de un escándalo hizo suspender la inauguración de la Casa de Entre Ríos en Mar del Plata -se lo hizo varios días después-, pese a que se había alquilado y acondicionado un coqueto inmueble en una avenida frente al mar. También se abrió una representación de Entre Ríos en Mendoza, aunque tampoco hubo inauguración y a posteriori en Corrientes. Todo con fondos públicos. Urribarri pronunció su último mensaje ante la Asamblea Legislativa el 15 de febrero. De riguroso traje y corbata, mantuvo las formas y sólo aludió a “subirse a un tren de la historia que en su paso por esta provincia la llenó de obras y realizaciones, que generaron trabajo y felicidad para el pueblo, como nunca antes había ocurrido”. Urribarri no quería dar el brazo a torcer, pese a que los pronósticos no eran beneficiosos. La oposición le pedía a Urribarri que terminara con el despilfarro. Porque no había límites y nada importaba. Aguilera seguía recaudando; por dentro y por fuera.

A mediados de mayo, Cristina pidió reducir la oferta electoral del kirchnerismo. Urribarri dijo que si la Presidenta se lo pedía, podía ser vice de Scioli o del ministro Florencio Randazzo. Semanas antes, la propia mandataria nacional se había reunido con Urribarri y le mostró la encuesta que tenía. “¿Vos creés que con un 2 por ciento de adhesión podés ser candidato presidencial? No hagamos estupideces, Pato”, le dijo algo enojada la señora de Kirchner. Sucede que se había enterado que Urribarri usaba argumentos inexistentes, diciendo que era la propia presidenta la que lo alentaba a seguir en carrera.

Urribarri no sabía que decir. Había arrancado la campaña con un 3% y después de una inversión varias veces millonaria y de kilómetros recorridos, medía el 1,5%. Horas más tarde, luego de que Carlos Alberto Zannini reiterara lo dicho por la mandataria, que había pedido “un baño de humildad”, Urribarri fue el primero de los precandidatos en anunciar, a través de una carta abierta, la declinación de su candidatura. El sueño entrerriano se terminó de un día para el otro. Pero dejó a varios con los bolsillos llenos de dinero. Y en especial a la familia Urribarri.

Más allá de sus dichos, Urribarri había quedado dañado tras el baño de humildad y su predicamento entre la dirigencia pasaba por su peor momento. Los dirigentes se cortaban solos y la interna explotaba en todo el territorio. El punto más álgido se dio con la organización de un acto de Bahl en Concordia y, en simultáneo, uno de Bordet en Paraná. Urribarri recuperó injerencia y dio por terminada la pelea ordenando que se suspendieran dichos actos y pidiéndole a Bahl que fuera candidato a vicegobernador. El ministro de Gobierno primero se resistió y, tras intensas negociaciones y repartos de cargos y beneficios, aceptó a regañadientes. En los alrededores de Bahl siempre se entendió que la opinión final de Ana Lía Aguilera, mujer de Urribarri, fue determinante para ser bajado de la precandidatura. El propio Urribarri anunció su candidatura a primer diputado provincial y luego recorrió la provincia bendiciendo a cada uno de sus candidatos.

Los resultados electorales cayeron como un baldazo de agua fría en Entre Ríos. Si bien Bordet y Bahl ganaron, la escasa diferencia entre Scioli y Macri dejó atónitos a los dirigentes peronistas. Urribarri estaba en Buenos Aires en el bunker de Scioli, pero en permanente contacto con el Hotel Salto Grande en el centro concordiense, desde donde se seguía el escrutinio con incredulidad. Urribarri por momentos era visto como futuro ministro y al rato como el dirigente que se había equivocado y había conducido a derrotas en lugares estratégicos.

Macri ganó el balotaje de noviembre de 2015 y, en la provincia, las preocupaciones cambiaron dramáticamente en el peronismo. Urribarri finalizaba una gestión sin demasiados sobresaltos. Con una oposición y un Poder Judicial, salvo excepciones, totalmente subordinados a sus iniciativas, locuras y arbitrariedades. Los diputados provenientes del socialismo, Lisandro Viale y María Emma Bargagna, fueron de los pocos legisladores que denunciaron hechos de corrupción o abusos de poder.

Gustavo Bordet asumió como gobernador y nombró a Mauro Urribarri como ministro de Gobierno y a Hugo Ballay en Economía. Quedó Rodríguez Signes como fiscal de Estado y un aliado del diputado provincial José Angel Allende (FpV-Nogoyá), el médico Ariel De la Rosa, fue puesto al frente del Ministerio de Salud. O sea, toda gente de extrema confianza de Sergio Urribarri, quien quedó como presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Estaba claro que Urribarri seguía manteniendo buena parte de la porción de poder que venía ejerciendo desde el 2008 y no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. No tuvo en cuenta quizás que la chequera la tenía Bordet y no él y que eso se iba a ir sintiendo mes a mes. Había un clima de nerviosismo en el urribarrismo y en particular en la familia del ex mandatario, por la decisión de la justicia de avanzar con causas por delitos de corrupción. El dato más saliente fue que, pese a los ocho años de gobernador, ningún referente de su sector salió a defenderlo públicamente en Entre Ríos en ese tiempo.

Urribarri optó por desaparecer de escena en buena parte del 2016. Prácticamente dejó de permanecer en Entre Ríos, para instalarse en Capital Federal, junto a su esposa Ana Lía Aguilera. Solamente se trasladaba a Paraná a la sesión de Diputados -una vez cada 15 días- y siempre lo hacía en avión privado, pagados por fondos de la Cámara Baja. Llegaba minutos antes al recinto, presidía la sesión y al finalizar partía raudamente a Buenos Aires, sin darle explicaciones a nadie ni atender a periodista alguno.

El 1 de agosto de 2016 casi se descompone Urribarri. No paraban de sonarle los teléfonos y los reclamos de su mujer se oían a varios metros. Fue cuando la justicia ordenó un hecho histórico, que no se volvió a repetir desde esa fecha: un total de 8 allanamientos a oficinas y propiedades del gran cuñado Aguilera, para lo cual se utilizó a personal de la Policía Federal, para que no se filtrara la información desde la Policía de Entre Ríos, que estaba bajo el mando de Mauro Urribarri como ministro. Ese lunes hubo insistentes llamados a fiscales, jueces y vocales del Superior Tribunal de Justicia desde la Cámara de Diputados de la provincia, pero también desde el Poder Ejecutivo entrerriano. “¿Cómo nos hacen esto?”, repetía de modo insistente uno de los familiares directos del exgobernador Sergio Urribarri. Y cada uno de los integrantes del clan Urribarri se abroqueló durante toda la mañana para ver cómo encontraban respuestas que no podían hallar. Juan Pablo Aguilera estaba sacado. Le habían garantizado impunidad de movimientos y que la causa judicial no iba avanzar.

El día de los allanamientos simultáneos, la mujer de Urribarri, Ana Lía Aguilera, exigió un auto oficial urgente en la puerta de su casa de Concordia y viajó raudamente a Paraná, esa misma mañana, apenas escuchó casi quebrado en el teléfono a su hermanito preferido. La primera reacción importante llegó desde la propia vivienda de Aguilera, en Fray Antonio Montesinos 2107 -cerca del Seminario de Paraná-, cuando llegó el móvil de la Policía Federal, con varios uniformados en su interior. A muchos de los visitantes oficiales les sorprendió que en la casa los recibiera el subcomisario Héctor Gabriel Almada, hermano de Luciana Belén Almada, esposa de Aguilera -quien llegó al lugar a los pocos minutos del allanamiento- y socia de uno de los emprendimientos que maneja su esposo. El subcomisario está adscripto a la Cámara de Diputados de la provincia, pero cuando le preguntaron qué hacía en el lugar, además de aclararle a los policías que es familiar de los habitantes de la costosa vivienda, acotó que estaba “cuidando” la residencia. A algunos de los policías, más allá del nerviosismo de Almada, les quedó la sensación que el subcomisario estaba esperando el allanamiento. De igual manera, se encontró documentación que sorprendió. Como ser, contratos de locación oficiales de varios años (desde 2004 hasta 2014, o sea, el período en que Urribarri fue primero ministro de Gobierno y luego dos veces gobernador y años después se sabría que la mayoría de ellos tenían relación con la causa Contratos truchos legislativos); carpetas de obras públicas de Presidencia de la Nación o documentación de la Cámara de Senadores con pagos a militantes de la Juventud Peronista de Paraná. Papeles vinculados a pagos a empresas de la construcción de la provincia; balances de Sidecreer y facturas por compras de electrodomésticos y de muebles para la costosa vivienda.

Uno de los allanamientos que más tiempo le llevó a los sabuesos policiales fue en el Parque Industrial. Específicamente, llegaron a Valentín Torra 5052, sede de Tep SRL, una de las firmas vinculadas a Aguilera. La sociedad está integrada por la esposa de Juampi y por el diseñador gráfico Emiliano Giacopuzzi, amigo personal de Aguilera. Si bien el operativo llegó a las 9.20 al predio, recién una hora después se desalojó a todos los empleados del lugar y comenzó la pesquisa. Casualidad o no, a esa misma hora y escasos metros, un automóvil oficial de la Cámara de Diputados, un Citroën C4 Lounge que circulaba a alta velocidad, chocó una columna de alumbrado a la que arrancó de cuajo, y volcó en la zona del ingreso al Parque Industrial de Paraná. Lo conducía el suboficial de la Policía de Entre Ríos, Juan Carlos Abel Espinosa, hombre de confianza de la custodia de Sergio Urribarri. El vehículo quedó totalmente destrozado como consecuencia del siniestro. Personal policial de Criminalística, realizó las pericias correspondientes para determinar las causas. Al parecer, Espinosa tenía la orden de llegar urgente a la empresa de Aguilera, pero nunca pudo cumplir con su cometido.

No obstante, el principal allanamiento -por la cantidad de horas en que estuvieron trabajando personal policial y judicial- fue el de la imprenta de Racedo 415, en proximidades del Centro Cultural Juanele. Allí tiene sede Formato Urbano y TEP SRL, dos de las empresas vinculadas a Juampi Aguilera. Hubo momentos de nerviosismo cuando una vecina de calle Irigoyen (a la vuelta) avisó que en su patio se había encontrado con un dispositivo de almacenamiento. Evidentemente, apenas llegaron los uniformados, alguien de la imprenta arrojó por encima de la pared un disco rígido portátil, para que no lo encontraran los investigadores, pero ello fue advertido por la señora. Pero en el Megajuicio, algunos abogados ponen en duda que el hallazgo haya sido así, pese a que la dueña de la casa era docente de toda la vida y en verdad lo encontró la empleada doméstica, que hacía más de 15 años trabajaba allí.

Fiscales y policías se sorprendieron con la magnitud de la planta, en función de la inversión millonaria y en dólares que hubo que hacer para lograr tan importante tecnología. Estuvieron cerca de 12 horas en el lugar. Casi al final, cerca de las 20, dos policías encontraron en un pequeño espacio, casi escondido, una caja fuerte metálica. Allí descubrieron, al día siguiente, la documental sobre la venta del inmueble, como así también otros elementos de importancia: entre ellos, un pack de billetes termosellado, de 100.000 pesos, con una faja del Banco Central de la República Argentina (BCRA). O sea, una clara demostración de la fuerte ligazón con negocios con el Estado.

Algo de todo esto, es lo que se empezó a juzgar en Tribunales entrerrianos. El desvío de dinero, la corrupción y la impunidad. Con lo desviado se hubiesen podido construir hospitales de última generación, de 21 mil metros cuadrados; 70 escuelas de importantes dimensiones o 2000 viviendas sociales de 50 metros cuadrados cada una. Pero nadie lo quiso ver. Ni en buena parte de la justicia, ni en los organismos de control de Entre Ríos. Tampoco lo advirtió con firmeza la oposición. Ahora es el tiempo de la justicia. Demasiado daño se hizo; demasiados nuevos ricos aparecieron y faltan por aparecer. Siempre con el dinero que se le robó al pueblo.

Negocios catastrales (recuadro)

El empresario Hermann Karsten es un alemán que tiene más de 20 empresas, con negocios de forestación, ganadería, software y recaudación de impuestos. Una de sus primeras sociedades fue creada en 1994 y ganó la licitación en el municipio de Quilmes, para recuperar las deudas de impuestos, cuando gobernaba Aníbal Fernández. Tiene domicilio en la capital correntina, pero ganó licitaciones en diversas provincias. En el 2002 se asoció al empresario Diego Armando Cardona Herreros, amigo personal de Sergio Urribarri, aunque no pocos lo consideran “su gran socio” de negocios varios. Formaron la sociedad Relevamientos Catastrales S.A. y otras firmas. Cuando Karsten se abrió, Cardona quedó al frente de Relevamientos Catastrales, la que, casualmente, después de participar de exportaciones de arroz entrerriano a Irán tuvo importantes negocios en la provincia, tal como lo reveló Análisis digital a fines de 2015. El empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros no es un hombre de alto perfil. A su alrededor giran por lo menos diez empresas que, en su mayoría, tienen el mismo domicilio: avenida Córdoba 1184, piso 4, en Capital Federal y, por lo general, se dedican a tareas de consultoría. Entre ellas aparecen TPI Invest SA; Organización Mesopotámica de Asesoramiento y Servicios; Economía y Regiones SA; Sistemas, Administraciones y Consultorías; Macadel SA; Novopharma SRL; Relevamientos fiscales SA; Mandatos y gestiones SA; Lemondata SA y Relevamientos Catastrales SA.

Con el aval de Urribarri, Cardona logró contratos importantes en el Estado entrerriano: primero, con el Ministerio de Trabajo, en tiempos del amigo de la familia Urribarri, Guillermo Smaldone, para la instrumentación de un software. Después formalizó un convenio con el Ministerio de Economía liderado por Diego Valiero. Lo cierto es que Cardona Herreros se alzó con varios millones de dólares y un buen porcentaje fue derivado a varios de los funcionarios de Urribarri, por lo cual se abrió la causa por negociaciones incompatibles, que irá pronto a juicio oral.

Hay quienes sostienen que llegaban los pliegos redactados como un traje a medida para beneficio de la gente de Cardona. “Ni siquiera había que ponerse a escribir. Los pliegos estaban listos para imprimir y publicar”, indicó una fuente. Contratos similares, con varias de las empresas de Cardona, se hicieron en las provincias de Córdoba –donde hubo denuncias de la oposición, por irregularidades cometidas-, Misiones, Formosa y la provincia de Buenos Aires. Tiempo después, los fiscales encontrarían en las oficinas de Cardona, en Capital Federal, documentación suficiente para acreditar que Cardona le había manejado más de 11 millones de dólares a la familia Urribarri -proveniente de recursos del Estado-, entre 2008 y 2015. La gente de Cardona, además de hacer negocios turbios con Urribarri, había pasado a ser la administradora de parte de sus dineros.

 “Me la tengo que aguantar” (recuadro)

“La denuncia que me han hecho me indigna porque se hace a sabiendas de que está todo correctamente justificado y sólo para ponerme una zancadilla política y motorizada por un sector del PRO”, dijo Urribarri al responder sobre las denuncias de corrupción. “Cuando obtenga la falta de mérito, otra será la historia y otra será mi actitud pública pero, en criollo, mientras tanto y aunque me calienta la injusticia, me la tengo que aguantar”, acotó, a mediados de 2016.

Y fue más allá, en una suerte de catarsis: “tengo mucha gente común y amiga en Entre Ríos; con las que compartí emociones, abrazos, lágrimas, personas a las que miré a los ojos. Yo me siento obligado a llevarles la tranquilidad de mi inocencia a todos y a cada uno de ellos, a los que confiaron en mí y que son los mismos que hoy disfrutan de una obra de gobierno de 8 años que no ha tenido

 

 comparación en términos de obras, viviendas, rutas, cloacas, agua, gas que el tiempo y las circunstancias ubicarán en su debido lugar en la historia de esta provincia. Tengo la más absoluta tranquilidad”, se esperanzó.

Días después hizo una extensa nota con el diario Uno, donde intentó explicar su crecimiento patrimonial, pero la distancia entre el debe y el haber se profundizó con sus dichos.

--A muchos nos sorprendió enterarnos de su actividad como productor agropecuario. Más aún después de la postura que tuvo en el conflicto del campo -le dijo el periodista Carlos Matteoda. --Nuestra actividad no fue muy pública por motivos obvios, pero tampoco fue secreta.

--¿Qué motivos?

--Por temor a que me acusen de tener doble estándar, por acompañar al gobierno y tener actividad en el campo. Pero antes de eso, en el ‘99 saqué un crédito del Banco de Entre Ríos y puse una cantera de piedra, de canto rodado y de arena, y trabajé cerca de una década ahí. Y con Kriptak hace casi 10 años que retomamos la actividad, con aportes de Brunito incluso.

Pero también se refirió a su cuñado Juan Pablo Aguilera. “Una cosa es la denuncia por enriquecimiento que me han hecho, y en lo de Aguilera se investiga si él incurrió en alguna acción incompatible con lo que fue su cargo en el Estado, lo que eventualmente considero improbable. Todos saben que Juan Pablo fue durante siete años funcionario político pero del Poder Legislativo, que es un poder distinto e independiente del Ejecutivo y en el que hasta 2015, en que fue designado director de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, no había tenido ninguna actuación ni -estimo- influencia. Y mientras fue funcionario del Ejecutivo no recuerdo haber firmado nada que pudiera haber resultado en su favor personal. Pero el Ministerio Público Fiscal está obligado a hacer una investigación preliminar”, indicó el exgobernador. Evidentemente tuvo un marcado lapsus. Aguilera llamaba o los visitaba personalmente a los funcionarios provinciales, al igual que a los diferentes intendentes de la provincia, enrolados en el Fpv. “Vengo de parte del Pato”, decía como introducción y después les hacía firmar los acuerdos.

Urribarri se mostró tranquilo ante la causa por enriquecimiento ilícito y lo consideró una “persecución política”. A la vez, dio algunas precisiones: “Mi primera casa y mi primer auto los compré en General Campos siendo empleado y comerciante. En quinto año de la facultad armamos un estudio contable encabezado por el contador Manuel Amiano y su esposa. Comencé a construir mi segunda casa en el ‘86 o ‘87 antes de dedicarme a la política. En el ‘88 o ‘89 comencé a incursionar en la siembra de arroz con un amigo. En el 2000 con un crédito del BERSA compré y exploté una cantera. A la casa de Concordia la compré con dos créditos del Banco de Galicia, 12 años antes de ser gobernador. Hace casi 10 años retomamos la actividad agropecuaria para lo cual armamos una empresa que se llama Kriptak, que ha tenido ingresos muy importantes por venta de soja, de arroz y por servicios a terceros tal como están declarados en AFIP”, enumeró.