Por Daniel Enz

Los roles de los vocales Daniel Carubia y Claudia Mizawak resultaron determinantes en este último tiempo, a la hora de ofrecer suficientes garantías a los dirigentes y funcionarios denunciados por corrupción en los últimos años. Fue la forma de devolverle la gentileza a un condenado Sergio Urribarri, quien una década atrás acordó con ellos aumentos de sueldos que llegaron a incrementarse en un 600 por ciento, mayores partidas de inexplicables gastos reservados y hasta un “plus” extra durante un buen tiempo para el alto cuerpo. El ”pacto” no escrito derivó en las decisiones de este año de destituir a Cecilia Goyeneche, desviar a la justicia electoral la causa contratos truchos, acortar investigaciones por corrupción y los recortes presupuestarios al Ministerio Público Fiscal. 

Ellos son los verdaderos “jefes” del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, después que diera un paso al costado Emilio Castrillón. Era el único escollo que tenían, en particular por la conducta imprevisible del abogado paceño. Los dos tienen idénticas características: aman el poder, gozan aplicando normativas para congraciarse con ese poder y no dudan en utilizar esos contactos con el poder para resolver situaciones personales o familiares. Y en eso tienen muy claro un objetivo: la denuncia de hechos de corrupción es el cáncer siempre presente de buena parte de ese poder y no están dispuestos a permitir que avance o preocupe a los principales referentes del justicialismo. Para eso están. Ese es el pacto secreto que tienen; el que nunca reconocerán ni siquiera de modo reservado. Son los únicos en condiciones de darle garantías a la clase política de qué se hará y qué no en casos de corrupción y así funcionaron en los últimos 15 años, aunque ello se profundizó en tiempos más recientes. En especial, después de la condena a 8 años de cárcel a Sergio Urribarri, que fue lo que rompió por unos meses ese pacto y hubo que hacer un gran esfuerzo para reencausarlo. 

La única diferencia entre Daniel Carubia y Claudia Mizawak -de ellos se trata- es que a ésta última le interesa demasiado “vivir como una reina” y -siguiendo una tradición familiar- generar negocios para beneficio propio y de cada uno de los integrantes de su entorno. De hecho, Mizawak es la de mayor fortuna personal/familiar del STJ, una vez alejado Castrillón, cuyo patrimonio son varios millones de dólares, provenientes de le herencia dejada por su padre.  

Tanto Carubia como Mizawak también llegaron por movimientos del poder. En 1981 y plena dictadura aún, el abogado Daniel Carubia fue nombrado como fiscal, de la mano de un conocido militar, allegado al general Roberto Eduardo Viola y que era amigo de su familia. Luego, con Sergio Montiel, fue designado como juez Correccional y desde allí tuvo el per saltum a la Sala Penal del PJ, de la mano de Jorge Busti, que nunca olvidó que fue su socio en el estudio jurídico de Concordia, pero jamás recordó que había sido fiscal de la misma dictadura militar que lo encarceló en febrero de 1977, por órdenes del coronel Naldo Dasso, condenado décadas después por la desaparición del soldado Jorge Emilio Papetti y de los militantes Julio Solaga y Sixto Zalazar. Por eso tampoco Carubia jamás emitió cuestionamiento alguno sobre la dictadura en Concordia, en estos casi 40 años de democracia, precisamente porque fue uno de los beneficiados del poder militar en su ciudad, mientras había demasiadas madres y familiares pidiendo por sus hijos secuestrados, detenidos y desaparecidos, a los que nadie en la justicia quería escuchar.  

La de mayores relaciones políticas fue siempre Mizawak. Siendo estudiante universitaria militó en la agrupación radical Franja Morada, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral y por ende en el radicalismo paranaense. Era una participante activa pero nunca ocupó cargo alguno. Formó parte del grupo de la Juventud Radical de Paraná que en 1986 apoyaron la candidatura del entonces senador nacional Ricardo Emilio Lafferriere a la gobernación y eran opositores a Luis Brasesco y Sergio Montiel. La decisión de alinearse con la UCR le generó no pocos problemas familiares. Sucede que su padre, Jorge Coco Mizawak siempre fue considerado un hombre vinculado al peronismo. Tanto él como su hermano Enrique estaban relacionados a episodios poco claros en el manejo de dinero en Paraná. Coco Mizawak era prestamista y con el correr de los años se fue quedando con casas de esas personas a las que les daba un crédito en negro y luego, por falta de pago, se les terminaba quedando con las viviendas, dejándolas en la calle. Muchas veces esa tarea la llevó adelante la propia hija, como abogada; después las diligencias se fueron repitiendo con Nanci 

Vinagre. No pocos oficiales de justicia recuerdan con dolor e impotencia aquellas situaciones, en que llegaban a las humildes casas y los despojaban de lo poco que tenían. «Ni él debe saber la cantidad de propiedades que tiene en Paraná», dicen los que más conocen los 

movimientos de Coco Mizawak. Esas ejecuciones le sirvieron también para invertir, en la década del ’80, en un departamento en Punta del Este, ubicado en calle 30, entre 24 y la Rambla, que su hija Claudia reacondicionó, haciéndole una fuerte inversión en años recientes Coco no solamente no le perdonaba a Claudia su militancia activa en la UCR sino tampoco su decisión de estudiar abogacía. Mizawak padre quería que eligiera administración de empresas, para continuar con el legado familiar. Una vez recibida, en 1985, Claudia no ejerció durante un tiempo la carrera. De la mano de Sergio Varisco se sumó al equipo de trabajo del entonces intendente Humberto Cayetano Varisco, en 1986, en el bloque radical de concejales que comandaba Eduardo Solari. A todo esto, la relación con el padre seguía siendo mala. Hasta que Coco Mizawak aflojó en sus exigencias y le montó un estudio jurídico en calle Urquiza, frente a la sala velatoria de Sasfer, donde pudo armar por primera vez su espacio de trabajo. En calle Alameda de la Federación Mizawak tuvo como socia a Nancy Vinagre, con quien tiene una relación familiar, actual funcionaria del Tribunal de Cuentas. Luego también se sumó al estudio Gisella Schumacher, vocal actual del STJ y pareja del presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano. O sea, siempre hubo un objetivo claro: ser poder y relacionarse con el poder.  

Claudia Mizawak se había puesto de novio con José Copete Ormache -un reconocido exdirigente de izquierda, que sufrió cárcel en la dictadura-, quien antes había sido esposo de la abogada Rosario Romero, actual ministra de Gobierno de la provincia. Incluso, Mizawak y Ormache fueron hasta Ciudad del Este (Paraguay) a casarse en la Semana Santa de 1987, en plena revuelta encabezada por el entonces coronel Aldo Rico, contra el presidente Raúl Alfonsín, buscando concretar un golpe de Estado. Y tuvieron dos hijos. Mizawak comenzó a trabajar causas penales a fines de los ’80. El primer caso resonante lo tuvo en 1990, cuando fueron detenidas en Diamante cuatro personas, entre ellas el ex dirigente del PC, Eduardo Soares, a quien le colocaron el arma que le habían secuestrado al empresario del transporte Carlos Furno, asesinado en febrero de 1988. Con esa prueba plantada por un conocido oficial de la Policía, con vinculaciones políticas -fallecido hace algunos meses- lo implicaron en el crimen del empresario, pese a que solamente le habían robado unos miles de dólares a un arbolito de la zona céntrica de Paraná. El exjuez de Instrucción Héctor Eduardo Toloy firmó el 29 de mayo de 1992 el sobreseimiento definitivo de Soares y sus amigos. Mizawak logró su primera medalla en lo penal. Al tiempo, con el kirchnerismo, Soares se transformó en funcionario nacional. El caso mencionado, de alguna manera la acercó al peronismo. De la mano del abogado Candelario Pérez -un allegado directo al exdiputado nacional Raúl Barrandeguy- Mizawak ingresó al área de Legales de la Gobernación de la segunda administración de Jorge Busti y luego pasó a la Dirección de Rentas, en 1999. Fue el entonces titular de Legal y Técnica de la Gobernación, José Gervasio Laporte -ya fallecido-, quien la acercó al propio Busti para que fuera su abogada defensora a fines del ’99, cuando la Alianza se transformó en poder en el país y en la provincia y Sergio Montiel inició una fuerte ofensiva judicial contra el exmandatario. Busti tuvo varias denuncias desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) liderada por su archienemigo Oscar Rovira y Mizawak desfilaba cada semana por los pasillos de Tribunales, para defenderlo. Pero no lo hizo solamente con Busti, sino también con el entonces diputado provincial Sergio Urribarri (PJ-Concordia). En pocas semanas, le sacó el sobreseimiento al exjuez Jorge Barbagelata, en una causa por delitos de corrupción: el manejo irregular de subsidios entre 1995/99, donde el único condenado fue el diputado provincial Roberto Valente (UCR-Colón). Pero a Urribarri, que era el presidente de la Cámara Baja, firmante de los cheques de los subsidios fantasmas, nadie lo condenó. Busti volvió al poder en el 2003, nombró a Urribarri de ministro de Gobierno; fiscal de Estado a Mizawak (después del escaso lapso en que estuvo en el cargo Jorge Romero, exsocio de Busti y Carubia en el estudio jurídico de Concordia) y luego también la designó en el STJ, poco tiempo antes de terminar su último mandato como gobernador. Mizawak asumió el 26 de diciembre de 2007. Poco antes, el 3 de diciembre del mismo año, asumió Jorge Amílcar García como procurador general del Ministerio Público Fiscal. Allí fue clave el rol de Juan Luis Gordo Puchulu (ambos se conocían de Concepción del Uruguay), uno de los hombres más cercanos a Jorge Busti. Aunque en ámbitos judiciales y políticos, siempre quedó como que el que bendijo la llegada de García fue José Carlos Halle, exjuez Correccional, exsecretario de Seguridad y Justicia de Busti en su último gobierno y exintendente de Paraná 2007/11. Eran otros tiempos, sin cortocircuitos ni mayores investigaciones preocupantes en curso, aunque se venía de condenar por corrupto al exvicegobernador Domingo Daniel Rossi y un poco antes al expresidente del bloque de senadores del PJ, Mario Yedro. Antes de que la causa llegara a juicio Carubia había hecho un particular esfuerzo para entorpecer la investigación. No dudó, por ejemplo, en embestir contra el entonces juez de Instrucción de La Paz, Carlos Trajtemberg y pedir que se lo investigue «por mal desempeño». Era porque consideraba que el juez había cometido violación de secretos al usar los datos de la esposa de Rossi para la causa. Pero la denuncia de Carubia fue desestimada. El vocal del alto cuerpo también le recriminó al fiscal general, Héctor Daniel Morales, las atribuciones investigativas que se estaba tomando Martínez, para llegar a las cuentas de Rossi. Pero Morales tampoco le asignó importancia a su reclamo. Sabía perfectamente cada uno de los movimientos de Martínez. El mismísimo Rossi, en una entrevista periodística había reconocido, por esos días, que tenía una buena relación con Carubia, quien supuestamente estaba «preocupado» por la forma que se estaba trabajando judicialmente la causa e incluso contó de reuniones que había tenido con él en Paraná, en «un departamento de calle Catamarca». 

El ingreso de Mizawak al alto cuerpo fue clave, en especial para Urribarri. A poco de asumir nombró al ingeniero Raúl Arroyo (esposo de Mizawak) al frente de Energía de la provincia. Mizawak y Arroyo estaban juntos desde principios de los ’90, después que el ingeniero se separara de Marisa Budini. Venían de orígenes diferentes. Arroyo empezó a militar en el Frente Universitario Peronista, en Rosario, donde fue a estudiar, aunque su familia era más cercana al radicalismo. De una u otra manera Mizawak generó empresas constructoras familiares -con su esposo, su padre o una de sus hijas y a la vez con conocidos empresarios de la construcción denunciados por delitos de corrupción y estrechamente ligados a Urribarri-, aunque siempre argumentó que solo eran “negocios” de sus familiares directos y en especial de Coco Mizawak, dueño de cientos de propiedades y terrenos en Paraná y alrededores.  

Al asumir en el STJ la vocal Mizawak pasó a ser la línea directa de Urribarri con el alto cuerpo y no había nadie que se interpusiera. Esa buena relación entre Urribarri y la cúpula del Poder Judicial hizo que el entonces gobernador siempre estuviera atento a cualquier requerimiento que existiera.  

Fue en el 2010, con Leonor Pañeda, a la cabeza, cuando los miembros del STJ querían sí o sí un incremento salarial y, a la vez, exigieron estar equiparados con lo que cobraban los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, una modalidad que se adopta en varias provincias argentinas. Siempre fueron los que tuvieron los sueldos más altos de la Administración Pública y sin pagar un peso de Ganancias, por decisión del propio cuerpo judicial.  

—¿Qué hacemos, Julio? -preguntó Urribarri a su fiscal de Estado, Rodríguez Signes.  

—Estuve analizando el tema. Tratemos de darle una especie de plus extra este año y después vemos cómo lo calzamos presupuestariamente. Le damos este adelanto, para calmar las aguas. No es mucho lo que piden…  

El cálculo rápido que hacía Rodríguez Signes era de 252 mil pesos, para compensar esa diferencia que requerían con énfasis los superiores de Entre Ríos. O sea, el equivalente a 66 mil dólares (el dólar estaba en 3,80 pesos). Con ese dinero, distribuido de modo equitativo, cada vocal tendría una especie de retribución por fuera del recibo y de esa manera, se obtenía una remuneración mensual un poco más elevada que la que figuraba en los papeles. O sea, una especie de plus en negro. “Fue así lo pactado”, reconoció un alto funcionario, que sigue ocupando un cargo clave dentro de la estructura del Poder Ejecutivo entrerriano y que participó de la negociación. En la cúpula, la única que no quiso aceptar tal “plus” fue Susana Medina de Rizzo, que quería mantener cierta distancia protocolar y apostar a su proyección nacional. Cuando se enteró, acudió hasta la Contaduría del STJ y dejó asentado, por escrito, que ella no estaba dispuesta a recibir tal remuneración. El “plus”, de esa manera, siguió hasta 2013. Después pasó a la modalidad de Gastos Reservados, aunque desde el STJ siempre se lo negó y se le colocó el mote de ”gastos de representación”. Pero no era así. El sistema de Gastos Reservados de Entre Ríos beneficia al gobernador, al ministro de Gobierno y al jefe de la Policía. Nadie sabe en qué gasta ese dinero la autoridad que la recibe. Es de libre disponibilidad y así funcionó siempre. Para el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos quedó asentado en las planillas de la Cuenta General del Ejercicio de la Contaduría General de la provincia, en el Consolidado de Gasto, que figuraba en la partida 392.  

—Pero son para viáticos y otros gastos, como los genera el Instituto Alberdi, que es para capacitación de los magistrados -dijo un vocal del STJ, cuando fue consultado por la revista ANALISIS, que fue quien reveló el dato a mediados de 2016, lo que generó todo un escándalo en la opinión pública y en sectores de la oposición, que, al parecer, desconocían tales movimientos. Cuando también se le preguntó a un funcionario provincial de Economía, que manejaba el tema, porque las planillas pasaban por sus manos, tras las decisiones, fue contundente y de inmediato desvirtuó el argumento desde la cúpula judicial. “El STJ tiene viáticos; posee financiamiento para el Instituto Alberdi y fondos para ello, es decir, cursos, formación, charlas. Si quieren viajar tienen dinero extra, si quieren traer a alguien para dar charlas le pagan por el Alberdi; si quieren hacer gastos, regalos de cortesía, cuentan con partida y lo pueden justificar sin problemas ante el Tribunal de Cuentas”, remarcó.  

La modalidad del uso de partidas de Gastos Reservados (que en el país solamente tienen organismos judiciales de Chaco y Formosa) también siguió en todo el 2011, 2012 y 2013, con la dupla Pañeda-Mizawak. En el 2011, la presidenta del STJ recibió 640.000 pesos (149.882 dólares) y en el 2012 se gastaron 760.000 pesos (otros 140 mil dólares, que se incrementó), de acuerdo a la planilla oficial. O sea, el sistema continuó funcionando sin ningún reparo, pese a que en diciembre de 2011 entró en vigencia la Ley de Sueldos del Poder Judicial, que establecía una equiparación de salarios de los magistrados entrerrianos con los nacionales, tal como se lo habían exigido a Urribarri. Cuando ello se concretó en la práctica, el sueldo de un vocal se incrementó en alrededor del 600 por ciento en la provincia, según reveló en su momento el sitio web Página Judicial. A principios del 2017, cada miembro del alto cuerpo entrerriano percibía un sueldo mensual cercano a los 280 mil pesos, unos 16.400 dólares en esos días. Es decir: se podía haber dejado de aportar el envío de dinero anexo, porque ya no era necesario. Todos tenían sueldos importantes y cubiertos sus gastos, pero prefirieron no interrumpir el flujo de fondos enviados por orden de la Gobernación. En el 2013, la partida de Gastos Reservados del STJ llegó a 959.000 pesos (unos 160 mil dólares) y a fin de ese año Mizawak dejó el cargo de vicepresidente y asumió como titular del cuerpo. A poco de hacerlo, fue clarita con el matutino El Diario, en un reportaje que les concedió. “Actualmente tenemos el mejor presupuesto de la historia del STJ. Cuando asumimos con Leonor Pañeda en 2010 estábamos en menos de tres puntos del presupuesto global. Hoy alcanzamos casi seis puntos, es decir más del doble. Otra característica de esta etapa es la fluidez de la remisión de los fondos. El presupuesto que aprueba el Poder Legislativo puede ser muy completo y muy bueno, pero después a veces hay otras prioridades y la remisión se atrasa, lo que no permite la previsión. Esto no sucede hace dos años. No sólo tenemos un buen presupuesto, sino que hay fluidez. Y no hubo subejecución”, dijo la vocal, dejando en evidencia la excelente relación con el gobierno de Sergio Urribarri. La partida 392 de Gastos Reservados del STJ siguió creciendo en los años siguientes. En el 2014, de 959.000 pasó a 1.065.000 pesos (127.000 dólares) y en el 2015 habría llegado a 1.800.000 pesos (unos 200 mil dólares), porque en los papeles no quedaba aún claro el gasto insumido, aunque era ese el estimativo. Por ello fue que la proyección para el 2016 fue de 2,3 millones de pesos (160 mil dólares, con un dólar a 15 pesos), en particular por la inflación que se iba acumulando en el primer año de gobierno de Mauricio Macri y Gustavo Bordet. Fue a mediados de 2016 que la presidenta Mizawak estableció que todo magistrado y funcionario designado a partir del 12 de abril de 2016 (fecha del Acuerdo General 09/16) debía acompañar declaración jurada patrimonial en el primer acto de presentación de toda la documentación exigida para el cargo, y con anterioridad a la toma de posesión. Además, el alto cuerpo recordó a todos los jueces y funcionarios del Poder Judicial en funciones la obligación de presentar y actualizar periódicamente sus respectivas declaraciones. Tales documentos siguen siendo privados actualmente en el Poder Judicial, tal como sucede con los ministros del Ejecutivo. 

Acuerdos y desacuerdos 

Hasta fines de 2015, en que comenzaron a profundizarse las investigaciones por delitos de corrupción, el pacto de poder había generado una buena convivencia en el STJ. Entre ellos -más allá de los protagonismos de algunos, que podían generar algún cortocircuito-, como así también con la Procuración General. A nadie le preocupó mucho las apelaciones de Rossi, Yedro o del exvicegobernador Héctor Alanis, a quien el procurador García había puesto en foco. Fue también el que votó por la prescripción y absolución del exsenador provincial Félix Abelardo Pacayut, en una instancia de apelación o el que propició que la Sala Penal absolviera al exescribano mayor de gobierno de Urribarri, Francisco Gastaldi, también condenado.  

—¿Cuánto dinero se pudo haber desviado en los dos períodos de gobierno de Urribarri? -se le preguntó desde ANALISIS a un avezado economista, conocedor como nadie de las cajas negras del Estado entrerriano y fallecido hace algunos pocos años. 

—De mínimo, más de 50 millones de dólares. 

Y el hombre se puso a hacer números. Recordó que al salir de la crisis del 2001/2004, las empresas estaban en absoluta debilidad institucional. “Se inventó el anticipo financiero del Estado, que llegaba hasta el 25 por ciento, pero no era tal, porque las empresas tenían que facturar de entrada para cobrar. Producían un costo no menor al 20 por ciento de lo facturado, según la obra. Y de allí cobraban gran parte de la cometa. Nadie te protegía con la AFIP. De allí la gran industria de la factura trucha, lo que también permitía licuar en costos la cometa”, acotó. Y papel en mano, se puso a hacer cálculos. Según sus registros, “en las obras del IAPV se podría haber desviado unos 320 millones de pesos; en Vialidad Provincial, cerca de 230 millones. En Diputados y el Senado, en los últimos cuatro años, se llevaron 4 millones de pesos por mes. O sea, un total de 192 millones. En la Casfeg desaparecieron 60 millones; en ENERSA la cifra trepó a 150 millones; en obras de Arquitectura, unos 24 millones; unos 75 millones del IOSPER -con la cápita de los medicamentos, donde tiene una fuerte injerencia Allende-; 38 millones del IAFAS; más de 35 millones en gastos reservados; 13 millones de negocios del IAPS. «O sea, más de 1.100 millones de pesos desviados en la gestión Urribarri», acotó el hombre, sin tener en cuenta otras áreas, donde en forma permanente se quedan con dinero público y cuando no se había descubierto aún el desvío de 53 millones de dólares por los contratos truchos legislativos. Pero nadie lo quiso ver. Ni en la justicia, ni en los organismos de control de Entre Ríos. Tampoco lo advirtió la oposición. 

En el 2003, la deuda pública era de 2.491 millones de pesos. En el 2007, cuando Jorge Busti finalizó su último mandato, trepó a 3.028 millones. En el 2011, Urribarri la llevó a 4.413 millones y en el 2015 entregó el mandato con 12.558 millones. O sea, cuatriplicó la cifra. 

La deuda flotante del Tesoro pasó de 339 millones de pesos en el 2007 a 4.810 millones de pesos. La emisión de títulos (bonos y letras del Tesoro) fue de 738 millones de pesos en el 2012 y trepó a 2.436 millones. Y lo saliente fue que en los períodos de Urribarri ingresaron como nunca fondos nacionales a la provincia. Solamente comparado con las administraciones de Carlos Menem, con el dólar uno a uno. Nadie dijo nada. Siempre fue mejor mirar para otro lado. 

El STJ y en especial Mizawak y Carubia (ver aparte) empezaron a prestar atención después del allanamiento a Juan Pablo Aguilera, a mediados de 2016, por los negociados que había hecho en la imprenta y su crecimiento patrimonial, lo que fuera denunciado por ANALISIS. Había cierta preocupación por la presión que se podía ejercer desde el gobierno macrista, pero ello no ocurrió. Hasta el procurador García entendió que algo “se había roto” en las relaciones y que la situación se podía agravar. No fue casual que se le haya ofrecido un juicio abreviado a Aguilera, para que reconociera los delitos, se le daban entre 6 y 8 años de cárcel, pero no se avanzaba a estamentos superiores, donde estaban el exministro Pedro Báez o Urribarri. Pero Aguilera finalmente no aceptó, pese a la sugerencia de su entonces abogado Marcos Rodríguez Allende. 

En 2017 avanzó el juicio político contra el vocal Carlos Chiara Díaz. El exfuncionario judicial siempre entendió que sus “propios compañeros” de la Sala Penal lo entregaron de pies y manos con información clasificada. Sin nombrarlos, hacía referencia a Carubia y Mizawak. Cuando declaró ante la Comisión de Diputados pidió que se haga una investigación «comparativa» con sus otros colegas vocales. «Así va a quedar al descubierto el manejo que existe con los viáticos», insistió. «¿Quién tiene autoridad para venir a decirme que soy un ladrón?», se preguntó y remarcó que «todos los vocales sean investigados por lo mismo, empezando por la presidenta del STJ», a quien le apuntó la mayoría de sus dardos. «Porque ella es la verdadera reina de los viajes. Ella cree que por ser presidenta del STJ no tiene que rendir cuentas» –dijo- y recordó que hacía poco tiempo la vocal había viajado a 

Montevideo en auto oficial, sin actividad alguna. «La doctora Mizawak da la información de los pedidos de viáticos y no de las comisiones de servicio. ¿Saben por qué?. Porque maneja como quiere los viajes y de los otros protegidos que tiene. Pero no es mi caso», acotó. 

«No me quiero considerar una víctima, pero acá hay algo raro», deslizó.  

Chiara Díaz renunció antes de que lo destituyeran -argumentando razones de salud- y allí Urribarri tuvo un lugar clave también. Fue quien motorizó la avanzada contra Chiara Díaz, por desprolijidades en el manejo de viáticos en cientos de viajes a diferentes puntos del país, por la postura crítica que estaba teniendo el experimentado vocal. Y lo celebró como una victoria sin precedentes; al punto tal de que la noche que pasó a juicio del Senado, terminó festejando con champagne, con varios legisladores de su banca, en la casa quinta de Báez. Urribarri fue también quien cuidó a capa y espada el destino de su exabogada Mizawak, también denunciada para juicio político. Pese a que la acusación del bloque de Cambiemos era más sólida que en el caso anterior (por cobro de viáticos abusivo; por estar en tres y cuatro lugares a la vez un mismo día e incluso en el exterior; por firmar fallos cuando no estaba en la ciudad), el bloque mayoritario de Diputados rechazó el planteo y Mizawak volvió a sonreír, aunque, de alguna manera, anticipó vendetta para abogados denunciantes y la prensa crítica, en los días previos, ante los medios periodísticos. 

Las causas por corrupción siguieron avanzando y dos años después explotó el caso de los contratos truchos legislativos. A poco de quedar presos los imputados -entre ellos el cuñado del exgobernador-, Mizawak y Carubia hicieron un especial esfuerzo para liberarlos, ese 24 de diciembre de 2018. El 24 de diciembre, en horas de la noche, la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), integrada por Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio (designado por Bordet, que votó en disidencia), hizo lugar por mayoría al recurso de apelación interpuesto por los representantes de Juan Pablo Aguilera y Gustavo Pérez, los abogados Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, respectivamente. Lo que reclamaron los abogados fue que los detenidos permanecieran en un pabellón de procesados y no junto a los condenados. El juez de Garantías Mauricio Mayer dispuso cerca de las 20.40 del día de Nochebuena que todos los detenidos en la causa por los contratos legislativos truchos tuvieran el beneficio de la prisión domiciliaria. Resultó extraño que no se excusaran ni Carubia ni Mizawak, por sus relaciones con el urribarrismo, pero al parecer nadie les dijo nada. Prefirieron mirar para otro lado o bien dejar pasar la situación, porque la Navidad ya golpeaba a sus puertas. »Comulgo con la idea de que los magistrados judiciales no deben ni pueden sustraerse, por motivos pura y excesivamente rituales que artificiosamente se sobreponen frente a cuestiones sustanciales axiológicamente superiores, al más amplio y severo ejercicio de las específicas potestades que le competen en el control de la preservación y respeto de valores fundamentales, como el de la libertad, poniendo oportuno freno en casos concretos sometidos a su conocimiento a la ignominiosa iniquidad deslegitimante de los sistemas represivos afectatorios de la libertad individual que no puede concebirse sólo como materia argumental de la mera declamación académica de aquellos en foros extraños al de la función jurisdiccional que les ha sido asignada, sin un reflejo palpable de tales convicciones en la labor cotidiana que les cabe como jueces de la Democracia....», escribió Mizawak citando a Carubia. Más adelante se hizo eco de la denuncia de los defensores del cuñado de Urribarri, resumiéndola así: «Flagrante agravamiento de las condiciones en que se dispuso que Aguilera cumpliera su detención preventiva. Y para que su decisión no pudiera ser sospechada de «parcial», la jueza que fuera abogada de Urribarri, recordó: «Esta Sala y el Máximo Tribunal Provincial en pleno ha manifestado en reiteradas oportunidades, incluso oficio mediante, nuestra preocupación por la superpoblación carcelaria a niveles de hacinamiento y la imperiosa necesidad de cumplir con la normativa vigente local y supranacional, puesto que aquellos que sufren prisión preventiva lo hacen en su condición de inocentes». De cualquier manera, el 5 de enero de ese año, los imputados en la causa de los contratos legislativos retornaron a la Unidad Penal 1 de Paraná, después que el Servicio Penitenciario informara que ya estaba creado un pabellón especial para alojarlos como procesados. La medida se terminó de concretar antes del mediodía de esa jornada, tras la resolución firmada por el juez de Garantías José Eduardo Ruhl. El camión penitenciario pasó por cada una de las casas de los imputados: el cuñado del exgobernador Juan Pablo Aguilera; Gustavo Pérez, Hugo Mena, Esteban Scialocomo, Alfredo Bilbao y Roberto Ariel Faure. Alejandro Almada ya estaba preso, mientras que Sergio Cardoso y Flavia Beckman continuaron con prisión domiciliaria. 

Mientras tanto, las investigaciones de los fiscales -comandados por Cecilia Goyeneche- siguieron su curso y solamente se fueron demorando por las chicanas de los abogados defensores del urribarrismo, a los que siempre terminaban haciendo lugar. Y a principios de este año los jueces que dictaminaron sobre la conducta de Sergio Urribarri aplicaron la condena más alta de la historia, para castigar el delito de corrupción, después de un Megajuicio que se extendió por casi seis meses y luego de siete años de investigación de parte de los fiscales. Pero los abogados del urribarrismo no se quedaron de brazos cruzados. Comenzaron a llevar adelante el plan vendetta contra la fiscal Cecilia Goyeneche, que habían pergeñado mucho tiempo antes. Casi durante los últimos tres años. Se venía pensando cada movimiento, entre abogados defensores e integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. Nada estaba librado al azar. El 30 de noviembre de 2021 se había dispuesto la suspensión de la fiscal Anticorrupción de la provincia, Cecilia Goyeneche -en pleno juicio contra Urribarri, a partir de la denuncia que se hizo ante el Jurado de Enjuiciamiento, donde Carubia siempre fue el hombre de mayor poder y decisión. Un mes después, Carubia, Mizawak y Giorgio decidieron un fallo, que contradice jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos exactamente iguales, donde disponen que pasado un máximo de 18 meses de la indagatoria en una causa, si no se ha cerrado la investigación, se debe dictar el sobreseimiento. La resolución la adoptaron en un caso de corrupción, que fuera denunciada en el programa Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral), donde se contó en detalle cómo el exdiputado radical Ricardo Troncoso, se quedaba con buena parte de los sueldos de los contratos de los empleados. Apenas 3 meses y medio después de ese fallo, el exgobernador Urribarri pidió, a través de sus abogados Raúl Barrandeguy y Miguel Angel Cullen, el sobreseimiento del exmandatario en una de las causas de corrupción donde más pruebas contra él existían. “Contamos con cuatro veces más de documentación contra Urribarri que en todo lo que se vio en el Megajuicio”, dijo en la audiencia el fiscal Gonzalo Badano. Los defensores hicieron ese planteo el día que se cumplieron 18 meses de su indagatoria. Fue en la causa del empresario Diego Armando Cardona Herreros, donde se discuten contrataciones irregulares por más de 11 millones de dólares y coimas por casi 4 millones de dólares (donde aparece el exgobernador y varios exfuncionarios provinciales) en la que el principal beneficiario es un amigo de Urribarri. Carubia y Mizawak siempre supieron muy bien los tiempos que llevan las pericias que se disponen y la demora de respuestas de los diferentes organismos, que son información clave para indagar e investigar a quienes están acusados.  

El Jurado de Enjuiciamiento estableció que el 2 de mayo se iniciaría el debate en el proceso de jury contra la suspendida Procuradora adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche. El proceso se abrió el 30 de noviembre de 2021, en votación dividida por parte del Jurado de Enjuiciamiento con la conformación que tuvo hasta finales de ese año. El Jurado de Enjuiciamiento que juzgaría luego a Goyeneche quedó conformado por la presidenta Verónica Mulone, que representaba al Colegio de la Abogacía de Entre Ríos; los jueces Gisela Nerea Schumacher, Daniel Omar Carubia y Juan Ramón Smaldone, que integran el Superior Tribunal de Justicia; el senador Armando Lusi Gay y el diputado Gustavo Zavallo, del Frente Creer; y Gonzalo García Garro, por el Colegio de la Abogacía. Y la acusación a cargo del fiscal ad hoc Gastón Justet, exconcejal peronista de Gualeguay. A último momento y ante una recusación, Luis Leissa -abogado de Gualeguaychú, exintendente de esa ciudad y exsenador provincial del PJ- no pudo ser parte del Jurado por haber opinado previamente sobre hechos de corrupción en Entre Ríos y por ende lo objetaron. En realidad, no dijo más que lo que había venido señalando en la última década sobre las prácticas corruptas en el Estado, pero la decisión fue excluirlo por la posición independiente que siempre tuvo. Estaba claro además que Carubia -el verdadero jefe del Jurado- no lo iba a poder manipular como a algunos de sus colegas. A mucha gente le quedó perfectamente determinado que Goyeneche tenía una sentencia de antemano. El abogado Justet -que fue el número 17 de la lista ad hoc- aceptó el cargo, después que otros 16 se excusaron. Justet llegó a ese lugar con un avanzado cáncer de pancreas que lo terminó llevando a la muerte en los primeros días de noviembre. 

Nadie dudaba del espíritu revanchista de los vocales provenientes del STJ, como Carubia, Smaldone y Schumacher, para condenarla a Goyeneche. El primero llegaba con un enfrentamiento personal, desde 2014, con el procurador García y Goyeneche, cuando se le recortaron funciones de poder a la Sala Penal del alto cuerpo, tras la aplicación de las reformas del Código Procesal Penal y nunca se destacó por combatir la corrupción en la provincia pero, sí, en todo caso, a hacer fuertes demostraciones de poder. El mismo concepto comprendía a los vocales Juan Smaldone o Gisela Schumacher. El primero de ellos, proveniente de Concordia, fue propuesto por Urribarri, en función de sus buenas relaciones y en especial la de sus hijos Guillermo y Tomás Smaldone con Mauro Urribarri y Juampi Aguilera. Todos vivían en Concordia y fueron compañeros de fútbol en tiempos de adolescentes y ya jóvenes mayores.   

Schumacher trabajó de modo independiente como abogada en el estudio jurídico que tenía Claudia Mizawak con Nancy Vinagre hasta el 2007, en que se incorporó a la Fiscalía de Estado. Obviamente, lo hizo de la mano de Claudia Mizawak, su maestra y amiga en la profesión. Mizawak también la llevó luego como Relatora de la Sala Penal del STJ. Siempre quedó muy claro que la persona que más incide sobre Schumacher es Mizawak y ahora también su actual pareja, el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Angel Giano, quien fuera también integrante de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Casfeg) durante el segundo gobierno de Sergio Urribarri. La Casfeg siempre fue considerada una de las principales cajas políticas de todo gobierno e incluso nunca se pudo acceder al movimiento de dinero que realizan anualmente, pese a intentos de pedidos de informes que se hicieron en los últimos tiempos.   

Dos días después del inicio del Jury a Goyeneche -el 4 de mayo de 2022- el juez de Garantías Mauricio Mayer, en base al fallo Carubia-Claudia Mizawak, dispuso el sobreseimiento de Sergio Urribarri y otros dos imputados, en la causa Cardona Herreros, donde estaba demostrado en papeles, en miles de correos electrónicos y cuentas bancarias, que el empresario paraguayo tuvo que pagar coimas por casi 4 millones de dólares, por diferentes licitaciones arregladas de punta a punta. 

El 23 de mayo a las 13.30 el Jurado de Enjuiciamiento terminó de votar por mayoría la destitución de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche. Los únicos que votaron a favor de la procuradora adjunta fueron la abogada Verónica Mulone y el diputado Gustavo Zavallo, proveniente del riñón bustista, fallecido un 20 de diciembre de 2021. Sorprendió cuando en su voto, el vocal Daniel Carubia se ocupó de remarcar que él no tenía “ningún tipo de relación con persona alguna involucrada en causas de corrupción administrativa, más allá de la circunstancial y protocolar relación que pude haber mantenido con diversos funcionarios en cumplimiento de los deberes que nos impone el ejercicio de la función que a cada uno le ha tocado desempeñar”. Toda su familia siempre fue colocada en algún lugar del Estado entrerriano, casi inmediatamente a que Carubia llegara a Paraná en 1988. Pero, según él, nunca llamó a nadie.  

Destituirla a Cecilia Goyeneche era el objetivo, después de un plan secreto y silencioso muy bien acordado entre determinados vocales del Superior Tribunal de Justicia, algunos altos funcionarios del gobierno de Urribarri y de la actual administración de Gustavo Bordet, junto a los abogados denunciantes. 

Carubia y Mizawak volvieron a ganar la batalla a favor de la corrupción. Y en los meses siguientes siguieron apostando a avanzar con proyectos y resoluciones para favorecer a los corruptos, como si en esta provincia no hubiera pasado nada en los últimos 30 años. Siguen siendo los jefes políticos del STJ, aunque nadie lo quiera reconocer públicamente, mientras muchos, quizás demasiados -entre oficialistas y opositores- siguen mirando para otro lado. 

(La nota completa en la edición 1137 de la revista ANALISIS del jueves 22 de diciembre de 2022)