La ejecución del cese y reparación del daño ambiental producido por la construcción de un barrio privado en los humedales de Gualeguaychú sigue pendiente de ejecución. A casi 5 años que el máximo tribunal argentino dictaminó la remediación de este ecosistema, todavía hay dudas que se concrete. En declaraciones recientes, el intendente de Pueblo General Belgrano –donde se levantó el emprendimiento–, anunció que el condominio náutico “Amarras” se edificará de todos modos. Francisco Fiorotto justificó sus dichos diciendo que la Corte Suprema “nunca leyó” los antecedentes técnicos del expediente. Por su parte, los demandantes apuntaron a ANÁLISIS que hasta ahora no se cumplió con desmantelar la urbanización ni tampoco se cerró un canal artificial abierto al río Gualeguaychú en aparentes tareas de mitigación. Estas obras fueron aprobadas por la gestión pasada de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, pero no autorizadas por la Justicia jurisdiccional. La situación fue advertida en tribunales y se ordenó volver el río a su cauce natural. Con igual suerte, esta intromisión tampoco fue revertida, lo cual entendieron configura el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionarios público".
Por Silvio Méndez
Amarras “se va hacer” ya que “está aprobado el plan de recomposición”. Así lo entiende el presidente comunal de Pueblo General Belgrano (Departamento Gualeguaychú), Francisco Fiorotto. En diálogo con Ahora Cero Radio, el jefe comunal realizó su propia interpretación sobre el litigio judicial en el cual se demandó a la empresa Altos de Unzué SA por la reparación de los humedales afectados por la construcción del country fluvial “Amarras”. Este caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien dictaminó, el 11 de julio de 2019, “volver las cosas a su estado anterior”. En esta misma línea, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos también ratificó la medida el 15 de octubre de 2019.
Pero la recomposición del daño ambiental sobre la cuenca del río Gualeguaychú se encuentra en una situación de indefinición. Por un lado, el proceso de ejecución de sentencia de la Corte se ha demorado a partir de apelaciones presentadas por la propietaria del emprendimiento náutico, Altos de Unzué SA. Estos recursos fueron interpuestos en el Juzgado Civil y Comercial N° 3 de Gualeguaychú, a cargo de Ricardo Javier Mudrovici, quien entiende en la causa. La estrategia de la constructora ha sido acompañada por la Municipalidad de Pueblo General Belgrano, que mantiene un especial interés por esta iniciativa inmobiliaria privada. También la Fiscalía de Estado, en representación de la Provincia, respalda estas presentaciones en la medida que está involucrada la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos como órgano que debe monitorear la remediación.
En este mar de fondo se produjo otra controversia, y que fue aludida por el intendente Fiorotto en sus temerarias afirmaciones. Resulta que la empresa Altos de Unzué SA inició por su cuenta una intervención en los humedales que debe reparar. Lo hizo a instancias de haber presentado a mediados de 2023 un procedimiento de recuperación que fue aprobado por la Secretaría de Ambiente provincial. La cuestión es que este plan de obras no fue puesto a consideración del Juzgado de Mudrovici, y por lo tanto fue objetado por la parte litigante que logró que se admitiera una medida de no innovar sobre estos trabajos inconsultos. En ese ínterin, la firma inmobiliaria avanzó abriendo un canal que une el sector donde se ubican los cimientos del barrio privado con el río Gualeguaychú. Entonces se advirtió que, en lugar de recomponer, los desarrolladores destruyeron aún más el ecosistema, trazando un cauce artificial que desvió el curso principal. Estos trabajos fueron objetados con fundadas sospechas que, en rigor, se pretendían continuar con el proyecto inmobiliario.
Así las cosas, los vocales del STJ Reynaldo Francisco Carlomagno, Miguel Ángel Giorgio y Martín Francisco Carbonell, el 21 de diciembre pasado confirmaron la resolución que obliga a la constructora Altos de Unzué SA a restablecer el cauce sobre el río Gualeguaychú, que había alterado con la construcción de un canal en una pretendida remediación. Esta reparación también se ha demorado porque los abogados de la empresa –Lucio Valentín De Zan y Edgardo Daniel Garbino–, han impugnado la participación del perito oficial designado para evaluar estos daños, Carlos Jaime Hartwig. Mientras se dirime este incidente, la firma, “continúa sin acatar la decisión judicial”, tanto en el fondo de desmantelar el country y remediar el ecosistema, como el de restituir el cauce del río Gualeguaychú a su estado natural, expresaron los demandantes.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1149, del día 18 de abril de 2024)
