El abogado, docente y ex convencional constituyente, Antonio María Hernández, recordó y valoró la reforma de la Constitución de 1994, habló de las deudas para aplicarla y analizó el rol de la abogacía.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Hernández afirmó que “el periodismo está para servir a los gobernados, no a los gobernantes; y sin libertad de prensa no hay sistema republicano, no hay verdadera democracia, todos los sistemas autoritarios lo primero que hacen es perseguir a la prensa libre, crítica e independiente, de tal manera que hoy, a 30 años de la reforma constitucional, debemos recordar ese acontecimiento, lo más importante que dejaron los 40 años de democracia, el único momento en que hubo ejercicio de política arquitectónica, hubo grandes acuerdos –esto se originó en el acuerdo de Olivos- y dio como resultado la reforma más importante, la más profunda de la historia, la más legítima y democrática y además, la más consensuada”.  

Respecto del capítulo sobre el derecho de protección de la fuente de información del periodismo, explicó que “en esto, la reforma del ‘94 fue precedida por las Constituciones de Jujuy de 1986 y de Córdoba que incorporaron el secreto de la fuente de información periodística”.

“Es muy importante tener en cuenta que, al darse rango constitucional a 11 instrumentos internacionales de derechos humanos se dan nuevas garantías a la libertad de prensa, con lo cual, a nivel del derecho comparado mundial, luego de la reforma del ’94 estamos con las más altas calificaciones. Sin embargo, es sorprendente algo que vengo señalando hace muchos años: la sistemática violación de la Constitución y en particular de la reforma de 1994 en muchas materias, pero en este caso concreto es notable la manera en que se persigue a los periodistas en Argentina. Los periodistas de investigación más importantes, han sido perseguidos penalmente, lo cual revela cómo los operadores de la Constitución desconocen lo que fue la reforma constitucional del ‘94, lo que dice el artículo 43 y los debates en la convención constituyente”, planteó.

Como ejemplo, mencionó que “el Congreso nos debe la sanción de 15 leyes reglamentarias y hace 15 años que no se designa al Defensor del Pueblo, estos son problemas institucionales y culturales muy graves que todavía atravesamos”.

Consultado por la agresividad del Presidente Javier Milei con la prensa, Hernández sostuvo que “es gravísimo y está siendo cada vez más analizado, no solamente acá sino a nivel mundial. Ya conocemos que con la pandemia se ha producido un avance de los autoritarismos y las expresiones violentas son una expresión de muy baja calidad institucional y política; la violencia en las palabras puede anticipar otro tipo de violencia y si hay algo que hemos sufrido los argentinos es el problema de la violencia, que es otro de nuestros problemas culturales”.

“Cuando uno analiza detenidamente lo que significa la violencia en el aula, en la escuela, en el lenguaje, la falta de un debate político adecuado, la falta de diálogo, comprende lo lejos que estamos de la gran reforma constitucional del 1994. En ese momento eran 35 partidos políticos, 19 bloques políticos y 305 convencionales, y en 90 días acordamos la modificación de 61 normas constitucionales: 20 nuevas, 24 reformadas, 17 disposiciones transitorias. El diálogo, el debate jerarquizado es el método propio de la democracia, cuando se empieza con los insultos, las descalificaciones, con la falta de tolerancia se empiezan a afectar las bases mismas de la democracia. En Argentina necesitamos elevar la calidad de nuestras instituciones y de nuestra cultura política y constitucional”, evaluó.     

Respecto de la figura de los abogados y la forma de trabajar que deberían tener, Hernández sostuvo que “el abogado es auxiliar de la Justicia, es luchador de la Constitución y esencialmente tiene que luchar por la paz, y para eso esencial en la formación de los abogados el estudio de la ética profesional”.

“Como profesor universitario tengo una visión crítica sobre la enseñanza del derecho en Argentina, tenemos muchos problemas de ética profesional en el país, es esencial elevar el prestigio de la abogacía, que es una de las profesiones más nobles, pero no desconozco el desprestigio social en que se encuentra porque hay muchas violaciones a la ética profesional. Un abogado debe actuar con clara conciencia del sentido ético y del sentido docente que tiene la profesión porque lo que hay que hacer es siempre defender la Constitución, los derechos fundamentales, la dignidad humana y eso explica porqué la abogacía es una de las profesiones más antiguas y más nobles. Necesitamos ejercer la profesión con un muy alto sentido ético”, concluyó.