Por Juan Cruz Butvilofsky - De ANÁLISIS

Los abogados querellantes de la familia de Gabriel Gusmán, Lucía Tejera y José Iparraguirre, reclamaron formalmente ante Jorge Amilcar García que se le tome declaración indagatoria a los dos policías imputados por el asesinato del joven en el barrio Capibá. El escrito, al que accedió ANÁLISIS, apunta a la demora de los fiscales Gonzalo Badano y Francisco Ramírez Montrull en llamar a declarar como imputados a Diego Íbalo y Rodrigo Molina. 

Gusmán falleció producto de un disparo por la espalda el medio día del martes 25 de septiembre del 2018 en un valdío del barrio Capibá tras haber sido perseguido por el movil 1021 de la Policía de Entre Ríos (PER) que iba al mando de los dos funcionarios policiales indicados como responsables de la muerte. Cabe recordar que la autopsia comprobó que el disparo ingresó por la nuca y salió por arriba de una de las cejas del joven. 

Tras varios reclamos a los fiscales e incluso ante la opinión pública, los querellantes hicieron la presentación dirigida a García este miércoles por la mañana. En la misma aseguran haber pedido formalmente la declaración como imputados en marzo del 2019 (a siete meses del hecho) aunque no obtuvieron respuesta por parte de los fiscales que llevan adelante la Investigación Penal Preparatoria (IPP). 

Esta situación mantiene la causa "en un limbo judicial" según explicaron los abogados querellantes y que esto impide el avance de la IPP de cara a un juicio donde se determine la responsabilidad de los funcionarios policiales: "Se ve afectado no solamente los derechos de los familiares de la víctima, sino también la situación de los imputados que se encuentran en un estado de sospecha procesal constante y por lo tanto en clara vulneración de diversos derechos fundamentales", señaló el escrito. 

Aseguraron que los plazos establecidos por el artículo 223 del Código Procesal Penal de Entre Ríos "ya se han vencido e incluso la fiscalía no solicitó prórroga del plazo" y que esto implicaría un "retardo de administración de justicia, y por ende vulnerando el derecho de la familia Gusmán".

Cabe recordar que el artículo 223 establece un plazo de tres meses para el curso de la IPP desde la última declaración del imputado. Los abogados no desconocen esta situación y por eso hablan de "limbo judicial" a la hora de describir el estado de situación de la causa. A pesar de que el hecho ocurrió hace más de un año y medio, la IPP está en stand by producto de que no hubo declaración a los imputados y no comenzó a correr el plazo normativo. 

"La razonabilidad del plazo es un aspecto fundamental en la consideración del debido proceso, lo que conlleva a un control de constitucionalidad y convencionalidad ineludible para quien impulsa la acción por parte del Estado, y cuya función, no se agota en un debido proceso que garantice la defensa en juicio", explicó el escrito dirigido a García y citaron lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso Bulacio en donde refiere a la "dilación indebida".

Para los querellantes, Rodrigo Molina fue el funcionario policial que disparó por la espalda a Gusmán por lo que solicitan que la declaración de imputado sea por ser el autor penalmente responsable del hecho material, mientras que acusan a Diego Íbalo como partícipe necesario. Ambas acusaciones son por ser responsables del homicidio agravado, según entienden Tejera e Iparraguirre.